Se trata de una operación ordenada por Santiago Pedraz sobre la trama de la fontanera, al margen de la investigación sobre la caja del PSOE que lleva el juez Ismael Moreno
Regala esta noticia Añádenos en Google Sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.//. (EP)Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín
27/05/2026 Actualizado a las 09:23h.La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado a primera hora de este miércoles un operativo vinculado al caso SEPI, que incluyó ... registros en despachos y requerimiento de documentación oficinas de la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. La actuación, acordada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz e impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, busca documentos, archivos y material contable relacionados con la presunta red que integraban Leire Díez, el empresario Antxon Alonso, dueño de Servinabar, y Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
La causa no se refiere a la otra investigación sobre la llamada fontanería del PSOE, aunque Leire Díez aparezca también en ese procedimiento, sino a la presunta red de contratación pública articulada en torno a Díez, Alonso y Fernández. La UCO, hasta ahora, situaba en el centro de las pesquisas a entidades vinculadas o dependientes de la SEPI, como Sepides, Mercasa, Enusa o Cofivacasa, además de sociedades privadas que habrían participado en operaciones bajo sospecha.
La investigación apunta a una red que habría usado contratos y facturas presuntamente mendaces para canalizar pagos de empresas favorecidas por sus gestiones. Uno de los instrumentos señalados en los informes es la sociedad Mediaciones Martínez, utilizada supuestamente para facturar trabajos que encubrían el abono de comisiones.
Los primeros documentos judiciales de diciembre atribuían a ‘Hirurok’ cinco operaciones concretas. La principal afecta al rescate de Tubos Reunidos, aprobado por la SEPI por 112,8 millones de euros. La UCO sostiene que el grupo desarrolló gestiones para favorecer la concesión de esa ayuda y que, como contraprestación, percibió 114.950 euros mediante facturación presuntamente falsa.
Otra línea de investigación se centra en un contrato de consultoría adjudicado por Mercasa a Servinabar, la empresa de Antxon Alonso, por 18.119,75 euros. Los investigadores consideran que ese contrato pudo servir para justificar de forma ficticia un cambio de sede y generar al mismo tiempo un beneficio económico para el grupo. En ese punto aparece Vicente Fernández, que trabajó para Servinabar entre junio de 2021 y enero de 2023 y cobró más de 128.000 euros de esa sociedad.
La tercera operación bajo sospecha afecta a un contrato del Parque Empresarial del Principado de Asturias adjudicado a una UTE formada por Construcciones y Excavaciones Erri Berri y Afesa Medio Ambiente, por 2,8 millones de euros. La Guardia Civil sospecha que el grupo pudo influir, a través del presidente de la mesa de contratación, para beneficiar a esa mercantil. Como contraprestación, la empresa habría canalizado 400.000 euros hacia la red mediante operaciones destinadas a ocultar el origen y destino de los fondos.
La causa alcanza también a Enusa, la empresa pública que gestiona el uranio. Anticorrupción sostiene que el grupo habría tenido capacidad para decidir sobre la contratación de un despacho de abogados e introducir sobrecostes del 50% en el contrato, que posteriormente habrían sido desviados hacia sociedades próximas al entramado. En paralelo, los informes recogen pagos a Mediaciones Martínez por más de 17.000 euros.
La quinta actuación judicializada es una ayuda de Sepides, dependiente de la SEPI, a la sociedad Arapellet por 17,3 millones de euros. Los indicios recopilados apuntan a que el grupo efectuó gestiones ante cargos públicos de Sepides que pudieron favorecer la aprobación de la inversión. Por esa operación, los investigadores sostienen que se pactó previamente un pago de 200.000 euros.
El operativo de este miércoles se suma a los registros y requerimientos de información que la UCO ya practicó en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Bizkaia, así como en organismos y empresas como SEPI, Sepides, Mercasa, Enusa, Correos, Hacienda y Transición Ecológica. Los investigadores intentan ahora determinar hasta dónde llegó la capacidad de influencia del grupo, qué cargos públicos pudieron intervenir en cada expediente y si las adjudicaciones, ayudas y contratos investigados provocaron un perjuicio real al erario.
La actuación coincide con otra investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024, que instruye el juez Ismael Moreno a partir de las dudas detectadas en los abonos en efectivo a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización socialista, y a Koldo García, su exasesor. Ese procedimiento discurre en paralelo y afecta al origen y justificación del dinero en efectivo manejado por Ferraz, pero no constituye el eje del registro de este miércoles.
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