A la Comisión Europea no le gustan las críticas y presiones que el Gobierno ejerce sobre los jueces, y así lo recoge en el informe sobre el Estado de Derecho que la UE publicará este viernes. Según ha podido saber EL MUNDO de fuentes conocedoras del documento, Bruselas incide en esta cuestión, sobre la que ya ha alertado en anteriores ocasiones, y critica al Ejecutivo de Pedro Sánchez justo en el momento en el que varios de sus integrantes están haciendo precisamente eso: señalar al juez y poner en duda la condena a nueve años de inhabilitación contra David Sánchez, hermano del presidente, por un delito de prevaricación en su contratación en la Diputación de Badajoz.
El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no dudó en calificar el martes la sentencia como "albañilería judicial", e incidió en que la actual época "se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras" de las "instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un Gobierno". El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, aseguró que la sentencia es una "auténtica barbaridad", y fuentes de Moncloa añadían, tal como informó este periódico, que "el juicio fue claro y se desmontaron todas y cada una de las acusaciones". "Hay una condena injusta sin pruebas", añadían desde Moncloa. Justo lo que Bruselas considera que no se debe hacer.
La Comisión también toma nota de la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, después de que el Tribunal Supremo determinase que filtró correos electrónicos y datos personales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por difundir información confidencial. La sentencia lo condenó a dos años de inhabilitación, una multa económica y una sanción, algo totalmente insólito y que, evidentemente, ha llamado la atención de Bruselas.
El informe de Bruselas insiste asimismo en la necesidad de completar la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es otra reclamación habitual de la Comisión Europea, que señala que el sistema de elección sigue siendo el mismo. Bruselas quiere que una mayor proporción de los vocales sean elegidos por los propios jueces, en línea con los estándares del Consejo de Europa, y que se reste poder al Parlamento en el proceso. Pero el Gobierno no ha avanzado en esta exigencia y a la UE le parecen insuficientes las medidas que se han tomado en este ámbito.
Y las fuentes consultadas añaden que a la Comisión tampoco le acaba de convencer el uso que el Ejecutivo hace del denominado cuarto turno. Se trata de una vía de acceso a la magistratura para candidatos que no han superado la oposición, y que está reservada para juristas de reconocida capacidad y trayectoria.
El Gobierno de Sánchez ha defendido la necesidad de reforzar esta opción y, de hecho, dentro de la macroconvocatoria para jueces y fiscales que recientemente ha anunciado el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños, se incluyen 125 puestos de magistrados por el cuarto turno. Diferentes asociaciones han advertido de que potenciar esta vía puede restar importancia al acceso por oposición, y consideran que debe ser una alternativa excepcional y de urgencia y no convertirlo en norma habitual.
Con todo esto, la Comisión va a pedir a España que profundice en las reformas pendientes, en la lucha contra la corrupción y en la transparencia. A lo que no habrá referencias será, por ejemplo, a la sentencia contra el ex ministro de Transporte, José Luis Ábalos, dado que se produjo en 2026 y el informe es referente a 2025. El documento sobre el Estado de Derecho es un texto anual, en el que la Comisión analiza la situación de los 27 países en el ámbito judicial y sobre el que siempre existen muchas presiones. De hecho, Bolaños habría trabajado y presionado de manera muy intensa para tratar de contener las críticas y advertencias por parte de Bruselas.
Esta presión y el trabajo hasta última hora de los técnicos de la Comisión hacen que sea posible que el texto final contenga cambios de última hora, pero las fuentes consultadas insisten en que todos los puntos señalados estarán incluidos en el documento final. Y en ese mismo texto, según informó ayer Politico y ha podido confirmar este medio, también se equiparará a España con Hungría en lo que a materia de cumplimiento se refiere. Con un país que estuvo 16 años gobernado por Viktor Orban.
La Comisión Europea va a instar a España y Hungría a intensificar esas reformas en materia judicial, de transparencia y de lucha contra la corrupción. Bruselas incide en que ni la Ley de Integridad Pública ni el Plan Estatal Anticorrupción aprobados por el Gobierno son suficientes.