El Gobierno celebra que el «90%» de los inmigrantes que entraron en Ceuta por la frontera del Tarajal regresara a Marruecos en los días siguientes a la avalancha del 30 de julio, pero teme que la solución final se enquiste más de lo previsto por culpa de los trámites legales. No sólo porque la expulsión de los inmigrantes es «muy compleja» y «tarda mucho tiempo», sino, también, porque los funcionarios «se están negando a firmar los expedientes por miedo a ser condenados por prevaricación» por las repatriaciones exprés, según revelan a EL MUNDO fuentes del Gobierno.
Eso ralentiza el proceso de manera inequívoca. Según ha sabido este diario, los primeros expedientes ordinarios de repatriación no acompañados se van a comenzar a enviar esta misma semana, un mes después del asalto a la frontera europea.
Serán en torno a 25 menores de edad, de los alrededor de 1.200 que siguen en Ceuta, según las fuentes consultadas. Es decir, poco más del 2% de ese total. Aunque el Gobierno espera arañar algunos más, hasta 35.
En el Ejecutivo reconocen que necesitan un enorme impulso para desbloquear el embudo burocrático que demora las devoluciones. Si la solución a la crisis de Ceuta llega por goteo, el peligro de que se agudice la tensión social se puede disparar. Y eso que en Moncloa siguen insistiendo en que Marruecos está dispuesto a que vuelvan a su territorio «absolutamente todos» los que protagonizaron el asalto.
En ese sentido, fuentes gubernamentales aseguran que se han expulsado a 200 inmigrantes mayores de edad por la vía extraordinaria. Es decir, por haber cometido delitos menores (los delitos graves se juzgan en España).
¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué recelan los funcionarios, tanto los gubernamentales como los locales, de agilizar los plazos al máximo para aplacar la tensión social de Ceuta? ¿Por qué se están atascando las expulsiones, si Marruecos acepta que vuelvan todos? Porque los funcionarios se niegan a acortar plazo alguno. Y así se lo han transmitido a las autoridades, tanto a las de Extranjería como los de la ciudad autónoma.
La clave de todo la tiene una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, que condenó en 2025 a nueve años de inhabilitación a la ex delegada del Gobierno en Ceuta Salvadora Mateos y a la ex vicepresidenta primera de la ciudad autónoma Mabel Deu por un delito de «prevaricación administrativa», tras la repatriación exprés de 55 menores a Marruecos en el año 2021.
«Ningún funcionario quiere agilizar los expedientes, por miedo a que lo condenen. Nadie quiere firmar un papel. Lo que ha provocado esa sentencia es esto, que nadie quiera responsabilizarse de nada, ni en la Administración General del Estado, por los adultos, ni los funcionarios de Ceuta, por los menores. La gente no se separa ni un milímetro [de la literalidad de la norma], va todo por el libro, y la ley es muy clara y muy garantista», explican a este diario fuentes gubernamentales
Al problema de la ralentización de los expedientes se le suma otro: la falta de garantías reales de que Marruecos los vaya a tramitar con celeridad. Y eso, en el caso de que no los ignore por completo, ya que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reveló la semana pasada que el país vecino retiene nada menos que 600 expedientes de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta antes del 30 de julio.
En el Gobierno reconocen el problema legal al que se enfrentan y su impotencia a la hora de acelerar los procesos: «Es difícil: todos los que entran y se quieren quedar, ahora piden asilo político. Eso complica el expediente. Hay que hacer entrevistas y otros trámites», recuerdan. «Somos muy garantistas. Los retrasos de los expedientes son atribuibles a España y a la sentencia, no a Marruecos, que está recibiendo a todos», por ahora, aseguran las fuentes, que añaden: «Marruecos, en este episodio, está colaborando, y lo tiene que hacer más cuando tenga los expedientes con todas las garantías». «Es todo muy difícil», resoplan.