El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el denominado decreto Maricarmen, un paquete de medidas en materia de vivienda que llega tras un acuerdo alcanzado in extremis entre el PSOE y Sumar. Las discrepancias de última hora en la redacción del texto obligaron a retrasar el inicio de la reunión del gabinete, un bloqueo que finalmente se ha solventado con la aprobación de dos reales decretos que el Ejecutivo prevé convalidar de urgencia este mismo viernes en el Congreso.
Según explican Fuentes del Gobierno, el texto definitivo recoge un conjunto de actuaciones destinadas a intervenir en el mercado inmobiliario y reforzar la protección de los inquilinos. Estas son las medidas concretas que contempla la normativa:
En primer lugar, se amplía la protección frente a los desahucios hasta el año 2030, un plazo superior al propuesto inicialmente por el PSOE, que barajaba extenderlo hasta 2028. Asimismo, el paquete normativo incluye la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, una de las exigencias planteadas por Sumar que no figuraba en los planes iniciales del sector socialista.
El acuerdo también contempla la prohibición de la compra de inmuebles por parte de fondos buitre hasta el año 2028 y establece una prórroga de dos años para los contratos de alquiler en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
Por último, dentro del segundo real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, se ha fijado un mecanismo para la renovación automática de los alquileres, una de las cuestiones que generaba mayor debate en el seno del Ejecutivo y que responde a las demandas de estabilidad trasladadas desde colectivos sociales.
Reacciones del PP
El Partido Popular ha arremetido duramente contra el Ejecutivo tras la aprobación de los dos decretos de vivienda, tachando la negociación de "auténtico vodevil" y reprochando al Gobierno que intente solucionar un problema crónico "en 24 horas" después de ocho años de inacción.
La portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz, ha advertido de que estas medidas improvisadas no harán más que "destruir el mercado", retraer todavía más la oferta y dejar fuera del acceso a la vivienda a colectivos vulnerables como familias con niños o personas mayores. Asimismo, el PP ha criticado la urgencia de convocar un pleno extraordinario este mismo viernes para su convalidación, ironizando con que las prisas se deben al temor del propio Ejecutivo a que sus normas "generen de inmediato más caos".
Desde la formación han evitado desvelar el sentido de su voto, aunque han señalado que es improbable que respalden unas normas que no se les han comunicado ni negociado previamente. Frente a este paquete, los populares reivindican su propia alternativa presentada el pasado 10 de septiembre, respaldada según ellos por una amplia mayoría en la Cámara, que aboga por derogar la ley de Vivienda, aprobar medidas contra la okupación, rebajar el IVA en la compra de pisos y crear avales para facilitar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda.