- IGNACIO DEL CASTILLO
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Telefónica, Orange y Vodafone piden rebajar del 85% al 70% la cobertura de torres con baterías.
Telefónica, Masorange y Vodafone, las tres grandes telecos que operan en España, quieren reducir significativamente las obligaciones que el Gobierno les pretende imponer a la hora de contar con baterías y generadores eléctricos de respaldo para que las torres de telefonía móvil puedan seguir operando en caso de apagón eléctrico.
Enfado del Gobierno
Para garantizar la operatividad en caso de apagón es necesario equipar los emplazamientos de telefonía móvil con baterías eléctricas (caras y pesadas y que hay que reemplazar periódicamente) o con generadores de gasóleo. Es más sencillo hacerlo en las torres situadas en el campo y más complicado en las azoteas de los edificios en las ciudades, que es donde se encuentran la inmensa mayoría de las antenas de telefonía móvil en las ciudades.
A consecuencia del apagón del 28 de abril de 2025, las redes móviles dejaron de funcionar muy rápidamente en la mayoría de los casos. Eso provocó la irritación del Gobierno, especialmente del ministerio responsable del sector, el de Transformación Digital. Esa irritación, junto con la poca predisposición de los operadores a comprometer de antemano inversiones en baterías y generadores -aunque Telefónica ya había puesto en marcha un plan propio-, agravó el enfado del ministerio, que finalmente cristalizó en una propuesta que los operadores consideran muy agresiva, ya que estiman que puede suponer costes de más de cien millones de euros para cada una de las tres telecos.
Requisitos muy agresivos
El pasado diciembre, el Ministerio para la Transformación Digital que lidera Óscar López, publicó un borrador de real decreto de Resiliencia de las Redes, en el que se establecía la obligación de que, en caso de apagón, el 85% de la población debería estar cubierto por torres y antenas que tuvieran autonomía mínima de funcionamiento -con baterías o generadores- de cuatro horas. También establece otras dos categorías más críticas, las infraestructuras de "primer nivel" que deben durar 24 horas y las de segundo nivel con aguante operativo de 12 horas.
Ahora, los tres operadores, han enviado sus aportaciones a la consulta pública que estableció el Gobierno antes de aprobar definitivamente el real decreto. Y en esas contribuciones, los operadores apuestan por reducir significativamente la huella de torres que deba aguantar esas 4 horas, rebajando el requisito de población del 85% al 70%. Fuentes del sector señalan que esa rebaja se podría traducir en un ahorro importante de la inversión (capex) necesaria en baterías y generadores para garantizar esas cuatro horas, que podría suponer un ahorro del 25%.
Además, también pretenden que la obligación que se establece de informar a los clientes de una incidencia en la red, solo se active cuando el número de afectados sea mayor de 10.000 habitantes. Por último, Vodafone y Orange también pretenden que el plazo límite para estas mejoras en la red se dilate en el tiempo lo máximo posible, para que las inversiones se puedan acometer paulatinamente en los próximos años y no haya que hacer frente a un desembolso importante de golpe.
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