Pedro Sánchez y Diana Morant, durante el XV Congreso del PSPV-PSOE. Eduardo Manzana EP
Política Las universidades hallan la fórmula para cumplir el decreto 'anti chiringuitos' y confían evitar que Sánchez les cierreLos centros se proponen constituir consorcios para desarrollar proyectos conjuntos de investigación, con el fin de cumplir uno de los requisitos más exigentes del Real Decreto aprobado en octubre.
Más información: Sánchez deja en el aire el futuro de 15 nuevas universidades privadas: Madrid, Extremadura y Aragón, las más afectadas.
I. P. Nova Publicada 8 diciembre 2025 03:04hLas claves nuevo Generado con IA
Las universidades privadas han encontrado la manera de cumplir el decreto 'anti chiringuitos' mediante la creación de consorcios para presentarse conjuntamente a convocatorias de investigación.
El Real Decreto exige que cada universidad obtenga al menos 20 proyectos competitivos en cinco años y que sus docentes presenten cinco propuestas anuales, incluyendo una internacional.
Esta estrategia de consorcios permite a las instituciones multiplicar la producción científica exigida por la ley, aunque para algunos requisitos se necesita que los profesores sean investigadores principales.
Las universidades confían en que las comunidades autónomas no permitirán el cierre de centros, ya que son ellas las que tienen la competencia en educación superior, pese a los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional.
El Real Decreto aprobado en octubre de 2025 para endurecer las condiciones de creación y mantenimiento de universidades —a las que Pedro Sánchez llamó "chiringuitos"— sigue generando movimientos internos en los campus, especialmente entre los centros privados.
Una de las exigencias más críticas se refiere a la actividad investigadora: sus docentes deben presentar al menos cinco proyectos competitivos cada año (uno internacional). Y, en un plazo de cinco años, la institución debe haber obtenido veinte proyectos nacionales o internacionales.
Era, hasta ahora, el talón de Aquiles de muchas universidades privadas, con plantillas de docentes-investigadores más reducidas y con menor tradición investigadora que las públicas.
El Gobierno cambia las reglas del juego para la creación de universidades y se reserva el derecho de veto ante las CCAAPero, según confirman fuentes universitarias a EL ESPAÑOL, los centros han encontrado el modo de cumplir con esa obligación: crear consorcios formales entre universidades para concurrir conjuntamente a convocatorias nacionales e internacionales.
"La norma lo permite y es perfectamente legal. Un proyecto competitivo concedido a un consorcio cuenta para todas las universidades que participen en él", explican las mismas fuentes.
La clave está en que un mismo proyecto se computa como propio para cada institución que forme parte del equipo investigador, lo que multiplica —cumpliendo escrupulosamente la ley— la producción científica exigida.
Las universidades reconocen que la exigencia es "alta" para el volumen habitual de profesor docente investigador (PDI) en centros privados. Pero sostienen que esta estrategia es la única vía realista para alcanzar el objetivo de los veinte proyectos en cinco años establecido por el Real Decreto.
Sánchez anuncia una ley para endurecer los criterios para crear nuevas universidades privadas: "Son chiringuitos"Lo llamativo, admiten, es que nadie sabe explicar por qué este sistema de colaboración —que siempre ha sido posible— no se había utilizado antes, pese a que la falta de investigación es uno de los problemas estructurales señalados en el sistema universitario español.
Desde el Ministerio de Universidades de Diana Morant confirman la legalidad de la estrategia y recuerdan que el apartado de investigación es mucho más amplio que los trabajos de los PDI como investigadores principales.
El Real Decreto aprobado el pasado mes de octubre establece que las universidades tienen que presentar anualmente como mínimo cinco propuestas de proyectos de investigación a convocatorias competitivas nacionales e internacionales. Al menos una, deberá ser internacional.
Además, introduce la novedad de que las universidades deben demostrar la obtención "como investigador o investigadora principal por parte de su profesorado" de al menos 20 proyectos de investigación competitivos de ámbito autonómico, nacional o internacional durante siete años.
Para cumplir este segundo requisito, recalcan fuentes del Ministerio de Universidades, todos los investigadores de cada una de las universidades deben firmar como investigador principal para que se cumpla la ley. Por lo tanto, en este caso, no es suficiente con ser miembro de un consorcio.
Consorcios en marcha
Según ha podido saber este periódico, UDIT, UNIR, UDIMA, CEU y ESIC ya han comenzado a explorar o activar estos consorcios estables. En algunos casos, junto a universidades públicas, para presentarse de manera conjunta a próximas convocatorias competitivas.
En privado, las fuentes consultadas aseguran que "esto ya se hacía de forma puntual", pero ahora quieren "oficializarlo" mediante estructuras cerradas y permanentes que permitan cumplir el decreto de manera sistemática.
Entre otras ventajas, destacan que la unión de varias instituciones les permitiría acceder a proyectos de gran presupuesto, especialmente los vinculados a fondos europeos.
"Se incentiva que colaboremos. Juntos podemos optar a investigaciones más potentes y a propuestas que son positivas para la marca España", señalan desde el sector.
Chivite asume la dictadura del euskera: fomentará la lengua del 7% de los navarros a costa del 93%Aun así, entre las universidades no existe un temor real al cierre.
En el sector recuerdan que las competencias en educación superior son de las comunidades autónomas, y que —del mismo modo que son ellas quienes autorizan la creación de una universidad— también tienen la potestad para cerrarla.
Por ello, confían en que las regiones "no van a permitir que Sánchez cierre ningún centro".
Insisten además en que, aunque el decreto invade competencias regionales —razón por la que Aragón, Madrid y Extremadura lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional—, el Gobierno central no puede tener la última palabra a la hora de clausurar una universidad.