La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), mayoritaria entre este colectivo en España, está haciendo gestiones ante el Consejo de la UE ante las especulaciones sobre que ETA va a ser sacada de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.
Fuentes de la AVT explicaron que, ante las noticias al respecto, se han dirigido al Consejo de la UE, encargado de la revisión de la lista de organizaciones terroristas, sobre si hay intención de eliminar de la misma a la banda etarra.
En este sentido, en las últimas semanas varios medios han difundido que el Gobierno de Pedro Sánchez estaría negociando con EH Bildu la salida de ETA de la lista europea y que esto sería una concesión a la formación abertzale. Las informaciones enmarcan el posible movimiento en la negociación parlamentaria y lo describen como un paso político de alto impacto simbólico en la memoria del terrorismo en España.
El acuerdo consistiría en que el Ejecutivo promoviera que la banda etarra dejara de figurar en el listado de grupos terroristas de la UE, donde aparece desde que se configuró el registro tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La banda etarra anunció su disolución en 2018 y no mantiene actividad armada desde hace más de una década.
El debate se ha trasladado a la arena política, donde a esta cuestión se refirió este martes el expresidente Felipe González. En un encuentro informativo en el Ateneo, el exmandatario se mostró en contra de que se saque a ETA de la lista de organizaciones terroristas. Además, sobre el permiso a presos etarras que salen de la cárcel sin arrepentirse, afirmó que se niega a aceptar el "síndrome del hijo pródigo" respecto a los terroristas que no piden perdón por sus crímenes.
Al mismo tiempo, la pasada semana, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su comparecencia en el Congreso en la comisión de investigación sobre la dana de Valencia, reprochó al diputado de EH Bildu, Oskar Matute que los que tienen información de crímenes etarras no ayuden a resolverlos. "¿Usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes de resolver?", afirmó el líder de la oposición.
Desde el Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, fue preguntado la semana pasada en una rueda de prensa sobre esta cuestión y dijo no tener datos sobre la cuestión de una eventual salida de la banda etarra de la lista comunitaria de organizaciones terroristas, sin dar más detalles.
La lista antiterrorista de la UE se basa en la Posición Común 2001/931/PESC y en el Reglamento (CE) 2580/2001, que permiten aplicar medidas restrictivas específicas contra personas y entidades implicadas en actos de terrorismo. Entre esas medidas figuran la congelación de fondos y activos financieros, así como la prohibición de poner recursos económicos a su disposición dentro de la UE.
El Consejo revisa periódicamente el listado, al menos dos veces al año, a partir de la información remitida por las autoridades nacionales competentes y de las observaciones de las personas y grupos afectados. Tras cada revisión, decide mantener, añadir o suprimir nombres, y publica la lista actualizada en el Diario Oficial de la UE, donde las decisiones son directamente aplicables en los Estados miembros.
Para que una organización sea incluida, las autoridades deben haber adoptado decisiones -investigación, procesamiento o condena- por actos definidos como terroristas en el derecho de la UE, o existir indicios claros de su implicación. La inclusión acarrea sanciones financieras y refuerza la cooperación policial y judicial entre los Estados miembros, que deben impedir cualquier apoyo material o económico a los designados.
La exclusión de la lista exige también un acto formal del Consejo, normalmente tras constatar cambios sustanciales en la situación del grupo o persona, o ante la falta de base actualizada que justifique su mantenimiento. En cada actualización, los Estados miembros pueden proponer la retirada de entradas, pero la decisión final debe adoptarse de manera colegiada, siguiendo los procedimientos previstos en la política exterior y de seguridad común.