La élite empresarial catalana recriminó el lunes a Pedro Sánchez los efectos perniciosos de la regulación sobre el mercado de la vivienda que está impulsando el Gobierno junto a sus socios de izquierda.
El reproche tuvo lugar en un encuentro a puerta cerrada que el jefe del Ejecutivo mantuvo el lunes a mediodía en el Palacio de Pedralbes de Barcelona con los representantes del llamado G8, un grupo que aúna a las principales organizaciones empresariales catalanas y del que forman parte el Círculo de Economía, la Cámara de Barcelona, el Colegio de Economistas, el Racc, Barcelona Global, las patronales Pimec y Femcat, y Fira de Barcelona; aunque el presidente de este último organismo, Pau Relat, no estuvo presente en la cita. Tampoco lo estuvo el de la patronal Foment, dirigida por Josep Sánchez Llibre, que mantiene una fría relación con Salvador Illa desde que criticó el modelo de financiación acordado con ERC y que no forma parte del G8, un grupo mucho más afín al presidente de la Generalitat.
Pese a la cercanía con el president, los miembros del G8 fueron «francos y contundentes» con Sánchez, según relatan a EL MUNDO fuentes presentes en el cónclave, al que también acudió Illa, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carles Prieto, y el director de la Oficina de Asuntos Económicos del Presidente, Manuel Rocha.
«Con una total confluencia de opinión» entre sus portavoces, los miembros del G8 subrayaron al presidente «que su política de vivienda está más centrada en poner trabas que en promocionar la construcción». Y le reprocharon «que todas sus medidas iban centradas a demonizar la construcción privada. En decirle al constructor: 'no hagas pisos porque no es un negocio seguro al ser un negocio intervenido'». Los empresarios trasladaron estas impresiones al jefe del Ejecutivo en la víspera de la aprobación en el Consejo de Ministros del decreto antidesahucios que el PSOE acabó acordando con Sumar, y en el que se privilegian las recetas de la izquierda, en lugar de buscar el consenso.
«Le dijimos que no era el momento más adecuado para regular porque es un momento emocionalmente muy sensible y en el que hay mucha demagogia», añaden las mismas fuentes para evidenciar sus reticencias ante el nuevo marco regulador, que aún debe ser convalidado por el Congreso.
Sánchez, que como Illa «estuvo básicamente escuchando con atención, prácticamente no intervino y se mostró sorprendido», según detallan participantes en el encuentro, rebatió «que se está construyendo más vivienda pública que nunca», a lo que los empresarios contestaron que «el problema de la vivienda no se resolverá sólo con vivienda pública, porque son necesarios incentivos al inversor privado para que levante viviendas, porque, si no, no habrá suficientes para la población».
La reunión «no fue protocolaria, sino más bien un intercambio de opiniones», según cuentan fuentes presentes, y en ella se trataron también otras cuestiones como la necesidad de impulsar medidas legales «para favorecer el crecimiento de las empresas», porque «las trabas burocráticas y fiscales son muchas y suponen una barrera».
La cuestión de la nueva financiación autonómica también se puso sobre la mesa. El G8 dio por hecho ante Pedro Sánchez que Junts acabará permitiendo la tramitación del modelo acordado con ERC para que, después, pueda mejorarse antes de someterse a votación definitiva en el Congreso de los Diputados. Los empresarios pidieron a Sánchez «un esfuerzo» para que esas mejoras puedan llegar y que así Junts acabe respaldando la financiación.
También reclamaron los miembros del G8 «algún tipo de control paragubernamental» para «hacer un seguimiento de la ejecución de los Presupuestos», especialmente en las partidas encaminadas a corregir «el déficit de infraestructuras que padece Cataluña». «Lo que no puede ser es que las obras estén presupuestadas y no se ejecuten», plantearon los representantes del empresariado a Sánchez, que, insisten, «se llevó una imagen de gran unidad, porque no hubo diferencias», ya que las reclamaciones se habían consensuado entre los interlocutores del presidente antes de dar comienzo el encuentro.
En éste tampoco se pasó por alto el reto migratorio, que está impactando de lleno en la política catalana, con el auge desbocado de Aliança Catalana. Tras llevar a cabo la regularización extraordinaria y producirse la invasión masiva de Ceuta, el G8 solicitó al Gobierno español que «no se incentive la inmigración irregular como hasta ahora» e hizo hincapié en la necesidad de que el modelo migratorio cambie «buscando la manera de encauzar» la llegada legal de extranjeros al país.