- Pedro Sánchez anuncia elecciones generales el 29 de noviembre
- El Congreso tumba los decretos de vivienda que amenazaban con destruir la oferta de alquiler
- Paquete fiscal de 2.000 millones para intervenir la vivienda
A pesar de haber disuelto las Cortes que el viernes derogaron sus decretos, el Gobierno aprobará mañana un nuevo texto buscando su convalidación en la Diputación Permanente del Congreso.
El terremoto político generado desde que el Congreso de los Diputados tumbase el viernes los dos decretos de vivienda, con la convocatoria de elecciones anticipadas, seguirá sumando capítulos durante las próximas semanas, después de que el Consejo de Ministros apruebe mañana un nuevo decreto a pesar de la disolución de las Cortes.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere hacer de la crisis de vivienda una de sus principales banderas electorales, y tratará de usar una argucia legal para sortear la oposición del Pleno del Congreso, donde el viernes no fue capaz de aglutinar una mayoría suficiente para convalidar ninguno de los dos decretos. Con las Cortes disueltas, corresponderá a la Diputación Permanente de la Cámara Baja convalidar o derogar el texto aprobado mañana por Moncloa en un plazo de 30 días.
Aquí es donde se encuentra el clavo al que se agarra el Gobierno para sacar adelante su propuesta de espaldas a la mayoría parlamentaria. A diferencia del Pleno del Congreso, en la Diputación Permanente no sería necesario el apoyo de Junts para aprobar el decreto. Bastaría con el sí del PNV, que ya votó a favor del primero de los textos que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana elaboró contrarreloj y que, según los juristas y expertos del sector inmobiliario, suponía "un cambio de juego a mitad de partido" que amenazaba seriamente tanto la seguridad jurídica como la salida al mercado de más oferta de alquiler, la gran necesidad del mercado ante el alza continuada de los precios.
Dudas sobre la constitucionalidad de la argucia del Gobierno
La Diputación Permanente del Congreso cumple el papel de sustituto del Pleno en periodos como el que se abre ahora, con la disolución de las Cortes, y cuenta con 69 diputados. En este caso, el reparto deja 27 miembros del PP; 24 del PSOE, a los que se suma la presidenta del Congreso, Francina Armengol; seis de Vox; seis de Sumar; uno de EH Bildu; uno del PNV; uno de Junts; uno de ERC y uno del Grupo Mixto, este último correspondiente a Podemos.
Fuentes parlamentarias confirman que, pese a que corresponde a la Diputación Permanente convalidar o derogar un real decreto-ley mientras las Cortes permanecen disueltas, es necesario que se trate de un tema urgente para que la votación en el órgano "de naturaleza especial" tenga validez. Es precisamente aquí donde se concentran las principales duda legales sobre la necesidad de convalidar un decreto como el de vivienda por esta vía, teniendo en cuenta que el Ministerio de Vivienda llevaba meses negociando el texto y que sólo aceleró para aprobarlo tras la movilización de miles de personas tras el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid.
Asimismo, los juristas consultados por EXPANSIÓN ponen de manifiesto la dificultad del Gobierno para demostrar esta urgencia y excepcionalidad, habida cuenta de que el Parlamento ya decidió derogar hace apenas unos días los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros. "Se estaría llevando a cabo un fraude constitucional", afirma en este sentido Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y cofundadora de la fundación Hay Derecho, "al estar utilizando facultades constitucionales para neutralizar el rechazo expreso que acaba de manifestar el órgano parlamentario constitucionalmente llamado a controlar el decreto-ley".
El texto que aprueba hoy el Consejo de Ministros entraría en vigor, señala Cuena, entraría en vigor "en los términos que establezca el propio decreto, sin necesidad de esperar a su convalidación", si bien "cabe recurso de inconstitucionalidad", que deberá dirimirse en el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido mientras permanece vigente.
Más inseguridad jurídica y menos oferta de vivienda
El último movimiento del Gobierno justo después de la convocatoria electoral supone, para los juristas, una amenaza para la seguridad jurídica aún mayor que la desatada en los últimos meses, después de que el Congreso ya tumbase en abril la prórroga de dos años en los alquileres, una medida que, previsiblemente, también estará incluida en el decreto que se aprueba hoy, así como la prohibición de desahuciar a inquilinos vulnerables que dejen de pagar el alquiler.
"El problema es que, desde que el nuevo decreto entre en vigor", señala Cuena, "volverán a poder producirse solicitudes de prórroga, suspensiones de procedimientos o cualesquiera otros efectos previstos en él. Si posteriormente el decreto no fuera convalidado, volveríamos a tener que determinar qué ocurre con todas esas situaciones nacidas mientras estuvo vigente", por lo que "se vuelve a inundar el sistema de inseguridad jurídica".
Todo, añadido a la previsible caída de la oferta de la oferta que ya pudo comprobarse la semana pasada en los portales inmobiliarios.
Alivio en el sector inmobiliario, con cautela ante el riesgo de más caída en la oferta de alquileresEl Congreso tumba los decretos de vivienda que amenazaban con destruir la oferta de alquilerLos juristas temen una oleada de litigios por el decreto de vivienda: "Es demencial, parece propaganda" Comentar ÚLTIMA HORA-
15:30
Los juristas advierten de un posible "fraude constitucional" por el nuevo decreto de vivienda
-
15:28
Nueva York se propone enfriar el metro para calentar los rascacielos
-
15:26
Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona, restaurará la muralla de Alicante
-
15:01
MSC eleva la cifra del coste de la ampliación del Puerto de Valencia: destinará 1.656 millones
-
14:46
Schneider Electric compra el grupo de software PTC por 21.060 millones