En muchas facetas de la vida 2+2 no son cuatro. Y en la política, tampoco. Por eso, las cuentas del Gobierno han ido mutando a medida que avanzaba la legislatura. Del «solamente hay una mayoría parlamentaria posible, una mayoría progresista liderada por el PSOE» al «no tenemos grandes mayorías, sí hay grandes resultados para la mayoría social de nuestro país». Por el camino, la operación matemática ha perdido dígitos, diputados que se han quedado por el camino en su apoyo al Gobierno. Porque como reconocen ministros, «no hay una mayoría progresista» en el Congreso. Y eso lo condiciona todo, sobre todo a la hora de aprobar medidas socioeconómicas, como las que tienen que ver con la vivienda, con la moratoria de la prohibición de los desahucios.
PNV, Junts o Coalición Canaria exigen a La Moncloa más ayudas y protección para los pequeños propietarios, mientras que las formaciones de izquierda -Bildu, ERC, Podemos, BNG- no quieren gesto para los caseros y sí volcar todos los esfuerzos en los inquilinos vulnerables. En este equilibrio se mueve el Gobierno, que lleva días negociando con los grupos del Congreso, según confirmaron fuentes parlamentarias a este diario, para tratar de aprobar en la Cámara Baja la subida de las pensiones y también la moratoria de los desahucios. Estas medidas, incluidas todas juntas en un decreto ómnibus, fueron tumbadas la semana pasada por el rechazo de PP, Vox y Junts.
Las negociaciones se han intensificado en estas últimas horas y, de hecho, seguían vivas a última hora del lunes, con previsión de prolongarse hasta los primeros compases del martes. La intención de La Moncloa era poder llevar el asunto este mismo martes al Consejo de Ministros. «Estamos trabajando para garantizar la subida de las pensiones lo antes posible», constataban este lunes fuentes del Gobierno.
Tanto desde los grupos como desde el Ejecutivo trasladaban que el plan A era volver a aprobar «todas las medidas del escudo social», es decir el mismo decreto ómnibus que se rechazó, pero con alguna variación que, por ejemplo, exima a aquellos pequeños propietarios que tengan una única vivienda en alquiler de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad.
Pero ante la dificultad de poner de acuerdo a todos sus socios, con sensibilidades políticas y económicas distintas, el Gobierno ha trabajado un plan B, que pasaría por separar la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios en decretos distintos -al menos dos-, a fin de asegurarse que se apruebe la subida general del 2,7% para más de 10 millones de pensionistas. Serían, al menos, dos decretos distintos: pensiones y otras medidas que no sean problemáticas; y otro con las medidas centradas en vivienda como la moratoria a la prohibición de los desahucios, donde a última hora de ayer se buscaba un acuerdo con los socios. «Se ha negociado sobre el qué y el cómo», constatan a EL MUNDO fuentes conocedoras de las negociaciones, que apuntaban que todo puede terminar decidiéndose a última hora.
Cabe recordar que Junts, y también el PP, pidieron al Gobierno que llevase un decreto sólo con la revalorización de las pensiones y se lo aprobarían. Los independentistas catalanes califican de «chantaje» la posición del Gobierno de querer aprobar un decreto con distintas derivadas socioeconómicas: prohibición de los desahucios; ayudas a las víctimas de la dana; la jubilación anticipada de bomberos; incentivos a la compra de coches eléctricos; la congelación de las cotizaciones de autónomos o las entregas a cuentas para las comunidades y entidades locales, entre otras.
La clave en esta ecuación podría tenerla el PNV. Ante la falta de negociación, según dicen las partes, entre Moncloa y Junts, en el Gobierno buscan un texto que goce de la aprobación de los nacionalistas vascos, pues consideran que también podría ser bien visto por los de Carles Puigdemont. Una redacción que asegure mecanismos que ofrezcan más garantías a los propietarios por impago de alquiler y que las ayudas lleguen de manera efectiva. «No se pueden equiparar a los pequeños propietarios con los grandes tenedores o los fondos buitres. Es necesario proteger también a los propietarios que en ocasiones se convierten en vulnerables al asumir la carga del impago que les impone el Estado», advirtieron desde el PNV.
Sánchez, junto a su núcleo duro -Montero y Bolaños negocian con los grupos- tiene la última palabra de cómo se procede.