Hacienda persiste en su propuesta de reforma de la financiación pese a la oposición de todas las comunidades, salvo Cataluña, a un modelo que tanto regiones del PP como del PSOE tachan de "precocinado" con ERC. Incluso Castilla-La Mancha, en manos del PSOE, estudia ir a tribunales contra el modelo junto al PP.
Todas las comunidades autónomas, con independencia de su color político y con la única excepción de Cataluña, cargaron ayer, una tras otra, contra la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que les presentó el Gobierno, tachando el modelo de "precocinado" con el independentismo catalán. Hacienda, que negó agravios, persistió en su plan de aprobar el modelo pese al rechazo generalizado, aunque se abrió a convertirlo en voluntario.
De poco sirvieron las más de cuatro horas de duración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó su propuesta a los consejeros autonómicos del ramo. De los 15 territorios de régimen común, 14 salieron como entraron: criticando un modelo previamente pactado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.
"Ni siquiera la las comunidades autónomas del PSOE están de acuerdo" con el "modelo Junqueras", resumió a su llegada al cónclave la consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert.
Uno de los tonos más críticos, de hecho, fue el del consejero de Hacienda del gobierno socialista de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, que denunció que "la propuesta del modelo de financiación nace del chantaje de los independentistas catalanes al Gobierno", y que ahora este "traslada el chantaje a las comunidades, diciendo que el modelo puede ser voluntario" y que quien se oponga a su diseño perderá la parte correspondiente de los 21.000 millones de euros más que reparte. "No deberíamos estar sujetos a chantajes y si esa es la vía, a lo mejor aparte de la vía política habrá que utilizar la judicial", repuso, amenazando con acudir a los tribunales como han anunciado varias regiones del PP, con Madrid a la cabeza.
La vicepresidenta de Asturias, Gimena Llamedo, que acudió a la cita en lugar de su consejero de Hacienda, también compartió con los representantes del PP el calificativo de "precocinado" con el secesionismo catalán al hablar del plan planteado por Hacienda.
"Lo que quieren hacer es darle champán y caviar al independentismo y al resto de españoles el menú del día, pero sin postre y, lo que es peor, precocinado por el independentismo", incidió la consejera andaluza, Carolina España.
"Esto no es un pacto de financiación autonómica, es un acuerdo político centrado en que Cataluña necesita dinero y en que Andalucía tiene que recibir más porque Montero tiene elecciones allí", cargó la consejera de Hacienda de Extremadura, Elena Manzano.
Solo la Generalitat aplaudió la propuesta. "Desde Cataluña llevamos muchos meses trabajando para que haya un nuevo modelo de financiación que lleva años caducado", defendió Alicia Romero, consejera de Hacienda catalana, descartando agravios territoriales. "Con este modelo gana todo el mundo, lo que pasa es que hay comunidades autónomas que salimos un poco más beneficiadas porque venimos de una infrafinanciación", defendió, a pesar de que las regiones que se considera maltratadas bajo el modelo actual son Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Para tratar de desactivar la rebelión, Montero trasladó a las regiones que el nuevo modelo será de adhesión voluntaria y que quien prefiera podrá seguir con el modelo vigente (que en todos los casos supone menos fondos), como se hizo en la reforma anterior.
"No existen razones objetivas para que ninguna comunidad pueda oponerse a este modelo. Lo que he visto en el interior de la reunión es la repetición de un argumentario político que me hubiera gustado que se hubiera quedado en la puerta", lamentó la vicepresidenta, que ha propuesto citas bilaterales a las regiones para llegar a un acuerdo.
La réplica de Montero
"Es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Cataluña", replicó Montero, alegando que lo planteado está lejos de ser un "cupo separatista" y que Junts lo ha rechazado. De hecho, subrayó, el 70% de los 21.000 millones extra irían a regiones gobernadas por el PP, siendo las suyas las autonomías más beneficiadas en cuantía (Andalucía, con 4.600 millones extra), alza de fondos (Murcia, con un 20% más) o financiación por vecino (Cantabria).
Montero explicó que cada región seguirá aportando el 75% de sus ingresos a una bolsa común. "Este modelo aumenta la solidaridad interterritorial y de forma más transparente", aseguró, aunque no detalló cifras que lo prueben.
El gran logro del modelo, defendió Montero, es que rebaja de 1.500 a 477 euros la diferencia de financiación por habitante entre regiones, si bien la distancia se amplía a 700 euros al compensar a Cantabria y Extremadura -las mejor financiadas hoy- para que no pierdan fondos.
Pese a las críticas de las regiones, la vicepresidenta se mostró confiada en aprobar la reforma en el Parlamento, dispuesta a pactar "lo que se necesite". Es más, Montero se abrió a destinar fondos a vivienda como pide el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero matizó que si se introduce finalidad exigirá que parte vaya a sanidad y educación públicas.
Mayor rebaja de déficit en contrapartida al dinero extra
Aunque el rechazo general de la inmensa mayoría de regiones quedó plenamente constatado, la reforma del sistema de financiación autonómica no se sometió ayer a votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que el Gobierno se limitó a explicarla a los consejeros. Hacienda planea elaborar ahora el proyecto de ley, cuyo texto final sí llevará a votación del CPFF, con el objetivo de que el Consejo de Ministros lo remita al Congreso de los Diputados antes de que acabe el semestre y, de lograr la mayoría absoluta que requeriría, entre en vigor en 2027. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, dedicó ayer su comparecencia ante la prensa a tratar de rebatir todas las críticas al plan, rechazando que sea insolidario o beneficie particularmente a Cataluña. Montero, sin embargo, consideró "lógico" que el modelo haya despertado la preocupación de agencias de calificación crediticia como S&P, que el lunes advirtió del riesgo de que el Estado acumule mayor déficit al transferir el Gobierno central 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas mientras crecen las tensiones por el gasto en pensiones o Defensa. "Lo compartimos. No puede ser a costa de quebrar la curva de consolidación fiscal", sostuvo ayer Montero, dejando caer que la mayor cesión de fondos a las CCAA también debería conllevar un mayor grado de exigencia de reducción de déficit en la próxima senda fiscal. Eso, dijo, quedará en manos del próximo ministro, pues ella abandonará el cargo este semestre para concurrir a las elecciones andaluzas. Finalmente, Montero matizó que su propuesta de limitar las rebajas fiscales regionales sigue abierta y no está decidido que vaya a afectar a Sucesiones, dijo.
2.000 millones extra a Cataluña vía mecanismos a medidaLas CCAA en tromba cargan contra el modelo de financiación "precocinado" y Montero les ofrece que sea voluntarioFedea denuncia "arbitrariedad" en la propuesta de financiación regional de Hacienda para "darle a Cataluña una jugosa prima" Comentar ÚLTIMA HORA-
08:48
Los bajistas y RBC elevan la presión sobre Repsol
-
08:48
El IPC se modera en diciembre hasta el 2,9% y la inflación media de 2025 queda en el 2,7%
-
08:39
Irán cierra durante horas su espacio aéreo a vuelos comerciales en plena tensión con EEUU
-
07:56
El Ibex respira con la tregua del petróleo
-
06:53
La Primera de Expansión sobre Santander, BBVA, Mediapro, Mapfre, Open AI, y Groenlandia