Ayer en la sede de la calle Bambú rememoraban aquel 11 de julio de 2024 en el que Vox decidió abandonar todos los gobiernos autonómicos que compartía con el PP. Una opción que encontró voces a favor y en contra en la cúpula del partido, pero que terminó siendo la elegida y cuyas posibles consecuencias Santiago Abascal "asumió". Un año y medio -exacto- ha transcurrido desde aquello; 18 meses que han catapultado a Vox demoscópicamente. Si entonces aglutinaba, según los sondeos de Sigma Dos, el 10,9% del apoyo, ahora reúne el 17,2%: son 1.555.350 los electores que se suben al barco de Abascal -si votara el mismo número de personas que en las elecciones de 2023-.
Pero la estrategia de condicionar los ejecutivos populares desde fuera parece cerca de su final. La presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola, tiene previsto ofrecer a Vox asientos en el gobierno que conforme para esta legislatura, y los de Abascal los aceptarán, siempre que antes se cierre un pacto programático que recoja las políticas del partido más conservador.
En estos meses desde su ruptura autonómica con el PP, Vox ha presumido de que formar parte de los ejecutivos no era su prioridad, no era una condición sine qua non. Que los "sillones" no eran lo importante para ellos. En este año y medio, el partido de Abascal ha venido condicionando las políticas que ejecutaban los populares sin integrarse en sus gabinetes, una posición desde la que han podido "influir más", argumentaban voces del partido. Además, desde fuera, han esquivado el desgaste que va aparejado al mando.
Pero en Vox niegan que mantener este planteamiento fuera su intención: "Nuestra idea siempre ha sido que somos un partido de gobierno, que queremos gobernar", defendió ayer el portavoz de la formación, José Antonio Fúster. Y por eso, con los resultados de las primeras urnas del ciclo electoral en la mano, creen que es el momento de volver al poder ejecutivo. "No nos da miedo el coste electoral", escribió Abascal en sus redes, y repetían ayer otras voces del partido.
Así, ocupar asientos en el gobierno ha pasado a ser una condición indispensable para que Vox apoye la investidura de Guardiola. "Exigiremos, lógicamente, que haya políticas, que haya presupuesto, una vicepresidencia y consejerías para que esas políticas se implementen", dijo Fúster, ahondando en la postura que Abascal había expuesto el día anterior.
"Queremos entrar porque queremos asegurar que las políticas se cumplan", explican fuentes de la formación, que ponen así el foco en las medidas que exigirán acordar y sobre las que Vox reclamará competencias para ejecutar. "Si se pactan políticas no hay que tener miedo a que los partidos que tienen estas políticas las quieran llevar a cabo dentro del gobierno, con presupuesto y con unas vicepresidencias que controlen que sus consejerías cumplen con lo acordado", defendió Fúster.
Vox rechaza así que su reclamación a Guardiola vaya a versar sobre asientos vacíos de contenido, sino que mantiene como prioridad pactar las políticas que conformen la hoja de ruta de la legislatura. Y, una vez eso esté cerrado, pide competencias para hacer que se cumpla -y "presupuesto" para que sea posible-. Ayer en Vox no quisieron adelantar en qué consejerías están pensando, aunque Fúster sí deslizó algunas de sus prioridades programáticas: impulso del campo y la industria, cuestiones de "seguridad" -incluyendo inmigración- y la educación, sobre la que el portavoz cree que ha habido "40 años de adoctrinamiento".
Vox asume así el riesgo de pretender volver al poder ejecutivo, y confía en que el resultado de las coaliciones de gobierno con el PP sea esta vez distinto. "Hay otro reparto de fuerzas y ellos ya saben a qué jugamos nosotros", señalan fuentes de la formación. Eso sí, niegan que esta decisión vaya a ser una pauta para el resto de autonomías que afrontarán comicios.