Las principales entidades constitucionalistas de Cataluña se han propuesto forzar a las instituciones catalanas a rotular en castellano en sus dependencias, algo que no ocurre en la actualidad y que supondría un hito en materia lingüística para los defensores del bilingüismo en la autonomía, pues toda la señalización en los edificios públicos está escrita únicamente en catalán.
Las organizaciones Convivencia Cívica Catalana e Impulso Ciudadano han decidido aprovechar la oportunidad que les brinda un reciente fallo del Tribunal Supremo, que se dio a conocer el pasado julio, y que anuló la exclusión del castellano en los rótulos de las escuelas e institutos públicos y concertados de Cataluña.
La resolución judicial daba a entender que esa marginación tampoco debe producirse en las dependencias de cualquier otro organismo público, aunque no tenga nada que ver con el ámbito educativo. Y a ese matiz se están aferrando ahora las entidades constitucionalistas para obligar a las diferentes instituciones de Cataluña a rotular también en castellano, como ya exigen que ocurra en las escuelas en aplicación del fallo del Supremo que, por el momento, el Govern del socialista Salvador Illa se niega a acatar.
Convivencia Cívica Catalana ya ha enviado requerimientos para instar a colocar rótulos bilingües en castellano y catalán en sus dependencias al Parlament, a ayuntamientos tan importantes como Gerona, Lérida o Vic y a entes dependientes de la Generalitat como la Agencia Catalana de Consumo, organismo que precisamente se encarga de sancionar a los comerciantes que no identifican sus negocios en catalán.
En el supuesto de que, como es previsible, las instituciones aludidas hagan caso omiso de su requerimiento, la entidad presidida por el abogado Ángel Escolano demandará a dichos organismos amparándose en la jurisprudencia que fija el citado fallo del Supremo. Ya lo ha hecho con el ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat y con la Ciudad de la Justicia, organismos a los que Convivencia Cívica Catalana había requerido hace meses que rotularan en castellano y que se habían negado a hacerlo. Ahora, agarrándose al fallo del Supremo, Escolano acude a la vía judicial contra ellos.
La resolución del Alto Tribunal esgrime que «el castellano es lengua oficial en toda España, lo que significa -entre otras cosas- que es lengua que no puede ser excluida en las comunicaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos»; añade que «los carteles y señales que permiten orientarse en edificios pertenecientes a la Administración constituyen un modo de comunicarse con los particulares que acceden a ellos», y sostiene: «De aquí que no quepa afirmar que sean ajenos al régimen de cooficialidad lingüística». Finalmente, concluye: «Lo que significa que excluir el castellano a estos efectos no resulta respetuoso del art.3 de la Constitución, por no mencionar que puede introducir una diferencia de trato injustificada en materia lingüística a efectos del art.14 de la propia carta constitucional».
Por su parte, Impulso Ciudadano entidad que lidera el catedrático Rafael Arenas, también prepara un escrito que presentará en septiembre, con el que reclamará el cambio de la normativa sobre rotulación de la Generalitat, al entender que no puede seguir contemplando que únicamente se realice en catalán.
Esta nueva vía judicial se ha abierto gracias la impugnación que otra entidad constitucionalista, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), realizó contra las directrices de la Generalitat sobre la organización y gestión de los centros docentes para el curso 2022-2023, que fijaba el catalán como lengua a emplear. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avaló dichas directrices, pero la organización presidida por Ana Losada recurrió ante el Tribunal Supremo, que le dio la razón el pasado julio y dictaminó que los colegios de Cataluña debían tener rótulos también en castellano porque la enseñanza no puede circunscribirse a lo que se transmite en las aulas, ni a los libros de texto y otros materiales docentes, ya que el espacio físico en que se desenvuelve la actividad educativa no puede calificarse como algo completamente separado y ajeno a ésta.
«No es lo mismo a efectos de la visión de las cosas que se transmite a los alumnos, un espacio físico donde señales y carteles están solo en una en las dos lenguas de la correspondiente Comunidad Autónoma», reprendió el Supremo, para después defender que ese bilingüismo en la rotulación debía ser implementado en toda la Administración catalana.