La controversia sobre la "financiación singular" para Cataluña desempolvada ahora ya estuvo a punto de hacer descarrilar el Congreso Federal del PSOE celebrado a finales de 2024. Los líderes territoriales del partido críticos con lo que consideran un modelo de "privilegio" para la segunda comunidad más poblada de España lograron imponer que en la resolución política que salió de aquel cónclave en Sevilla no se incluyera el reconocimiento de la "ordinalidad", que implica que una comunidad no debe perder puestos en el nivel de renta per cápita como consecuencia de la aplicación de los mecanismos de nivelación entre territorios.
Sin embargo, esto es precisamente lo que el líder de ERC, Oriol Junqueras, anunció que había logrado sacar de la negociación con el Gobierno tras su encuentro el jueves pasado en La Moncloa con Pedro Sánchez y que supondrá que lleguen 4.700 millones de euros más "a los bolsillos de las familias catalanas". La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció que el modelo para la reforma general del sistema de reparto de fondos "tiende" hacia dicho principio, pero dijo que no se aplicará en todas las autonomías y puso como ejemplo específico Madrid.
"Si se está defendiendo la ordinalidad se está haciendo en contra de lo aprobado en las resoluciones del Congreso del PSOE, ésa es la verdad", ha advertido este lunes Emiliano García-Page, la voz más crítica con lo que tilda de "chantaje del independentismo" a cambio de su apoyo parlamentario. "Este debate se ha tenido en más de una ocasión y es un debate muy mayoritariamente decidido en la organización. Algunos me están criticando mucho, incluso dentro de nuestras filas, pero hace unos años decían lo mismo que yo", añade el presidente de Castilla-La Mancha.
En su reunión a puerta cerrada este lunes con su Ejecutiva Federal, Sánchez has trasladado el argumentario que quiere que los suyos repitan por todos los territorios cuando numerosos cargos alertan en privado del "peligro" del debate de la financiación ante la inminencia de las elecciones autonómicas en Aragón, Castilla y León y Andalucía. En esencia, la posición oficial es que el modelo propuesto -pese a haberse escenificado que parte de un pacto bilateral con ERC- es "más justo, más solidario y, además, reequilibra", ya que supone un incremento de 21.000 millones de euros para que "todas las comunidades tengan más recursos", el 70% de ellas gobernadas por el PP.
"¿Que se pone más dinero? Claro que sí, sólo faltaría después de 11 años de retraso en la reforma del sistema", responde, a su vez, Page. "Eso es lo normal y lo justo, casi diría lo elemental, lo básico. Pero si con eso se creen que encubren la trampa que significa amparar un privilegio como el que significa la ordinalidad van dados", agrega el dirigente castellanomanchego.
En la dirección nacional del PSOE, a su vez, defienden que es "lógico" que los presidentes y candidatos socialistas en elecciones autonómicas reclamen más para sus territorios y al mismo tiempo defienden que ellos son los que se han "remangado" para abordar "lo difícil, que es enfrentarse a ese sudoku y cuadrar las cifras". "Es imposible contentar a todo el mundo, la cuestión está en que todos mejoren", defiende la portavoz adjunta del partido, Enma López.
El otro dirigente autonómico socialista al que afecta de manera directa el cambio en el modelo de financiación que se está planteando, Adrián Barbón, permanece de momento en silencio, aunque en múltiples intervenciones previas en público ha trazado siempre las mismas líneas rojas: que sólo aceptará un acuerdo "sin privilegios" y "sin discriminaciones" para Asturias. Su Ejecutivo autonómico podrá informar de manera oficial de esta postura en el Consejo de Política Fiscal y Financiera al que Montero ha convocado este miércoles a todas las comunidades para presentarles el nuevo sistema.
En el PSOE de Extremadura -dirigido por una gestora tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo por la debacle en los comicios de diciembre- se han posicionado ese lunes "en contra del principio de ordinalidad" y "a favor de la equidad" y "la justicia fiscal". El candidato en Castilla y León, Carlos Martínez, también ha rechazado con contundencia la nueva financiación al considerarla "insuficiente e injusta" con su comunidad.