- ALEJANDRO MACARRÓN LARUMBE*
Ninguna reforma técnica bastará sin más familias con hijos, y sin mayor empleo de calidad.
Las pensiones de jubilación son uno de los pilares del bienestar social en las economías desarrolladas, pero en España la demografía y las cuentas de la Seguridad Social proyectan oscuras sombras sobre su sostenibilidad. Y son el mayor renglón de gasto público.
Los sistemas públicos de reparto nacieron y se desarrollaron en una realidad demográfica, laboral y económica que ya no existe: muchos trabajadores por cada pensionista, carreras laborales largas, incorporación temprana al mercado de trabajo y esperanza de vida mucho menor. Hoy vivimos más años, tenemos muchos menos hijos, empezamos a trabajar más tarde y la edad de jubilación ha aumentado muchísimo menos que la esperanza de vida. El resultado: cada vez hay más pensionistas y menos población activa en términos relativos para financiar las prestaciones. No es un problema ideológico, sino aritmético. En 1963, cuando se aprobó la Ley de Seguridad Social, España tenía más de siete personas en edad de trabajar por cada una con 65 años o más. A comienzos de 2026 teníamos 2,9 a 1, y la fecundidad en mínimos históricos (solo 1,10 hijos por mujer en 2024). Sin una base suficiente de personas en edad de trabajar, cualquier sistema de pensiones, sea de reparto, de capitalización o mixto, acaba enfrentándose a límites severos.
La magnitud del desequilibrio ya se refleja en las cuentas públicas. La Seguridad Social no tenía déficit en 2010. En 2025, con más afiliados, cotizaciones más altas y edad de jubilación más elevada, su déficit directo -ingresos por cotizaciones menos gasto en pensiones y otras prestaciones- ascendió a 69.783 millones de euros (según Fedea), mucho más que el déficit público agregado de España, 40.330 millones. ¡Sin el déficit de la Seguridad Social, España habría cerrado 2024 con superávit fiscal!
El gasto en pensiones de jubilación no deja de crecer (125.369 millones de euros en 2024), por haber más pensionistas, tener los nuevos jubilados pensiones más altas que las generaciones anteriores, la revalorización recurrente de las prestaciones y el incremento de pensiones y complementos no contributivos. Estructuralmente, España tiene uno de los sistemas más generosos de Europa en relación al último salario percibido, en torno al 80%, muy por encima de lo que correspondería según lo cotizado y para la sostenibilidad financiera del sistema. En promedio, nuestros jubilados acabarían cobrando en pensiones 1,7 euros por cada euro cotizado entre ellos y su empleador (sobre todo, por su empleador). Por eso pocos asalariados quieren seguir trabajando pasada la edad teórica de jubilación, muchos menos que en otros países europeos. Y para empeorar las cosas, las prestaciones crecen mucho más rápido que la base que debe financiarlas. Entre 2010 y 2025, el salario medio aumentó un 22%-25%, por debajo de la inflación acumulada, y la pensión media creció un 65%-70%.
Retrasar bastante la edad de jubilación es lógico y necesario. Los 65 años responden a una realidad histórica muy superada. A comienzos del siglo XX, se empezaba a trabajar antes, se vivía menos y había muchos más activos por cada jubilado. Hoy, la esperanza de vida a los 65 años supera los 21 años. Pero retrasar gradualmente la edad de retiro no es suficiente. El efecto positivo para el sistema de cada año adicional trabajado se agota al cabo de unos tres años, por el deterioro de la pirámide de población. Y si siguen naciendo menos niños cada año, ese deterioro continuará y se acentuará en la segunda mitad del siglo XXI.
Base demográfica muy insuficiente
Tampoco los inmigrantes resolverán el problema. Con 10 millones en España en 2025, muchos más que en 2010, la Seguridad Social tuvo el astronómico déficit ya mencionado. La inmigración puede aportar trabajadores y contribuir temporalmente al dinamismo económico -aunque si llega demasiada, como en España, crea otros desequilibrios-, pero no compensa una base demográfica propia muy insuficiente, ni garantiza la sostenibilidad del sistema, entre otras cosas, porque sus cotizaciones por persona son bajas en promedio.
España necesita una reforma gradual y, a fondo, del sistema de pensiones. Eso implica contener el crecimiento del gasto público (jubilaciones más tardías; menos generosidad en jubilaciones; ceñir las pensiones de viudedad a madres que no cotizaron, o poco; contener pagos no contributivos, etc...), con más incentivos para prolongar voluntariamente la vida laboral y modelos con mucho mayor peso del ahorro privado y los planes de empleo.
El ahorro previsional está muy poco desarrollado, lejísimos del promedio OCDE (90% a 100% del PIB, por menos del 10% aquí). Reforzar el ahorro privado no es desmantelar las pensiones, sino apuntalar su sostenibilidad y suficiencia. Un sistema sano debe combinar un pilar público que garantice una base mínima, un pilar de empleo -ahorro privado obligatorio- robusto, y un pilar voluntario que añada holgura en la vejez. Hacen falta más incentivos fiscales, estabilidad normativa y una mayor cultura de previsión.
Pero ninguna reforma técnica bastará a la larga sin más familias con hijos, y sin una economía que cree riqueza y empleo de calidad. Las pensiones dependen de una sociedad con suficientes personas para trabajar, producir, cuidar y sostener vínculos entre generaciones.
España puede elegir entre reformar ahora, de manera gradual y responsable, o esperar a que la realidad imponga ajustes más bruscos y dolorosos, tipo Grecia. El tiempo, en materia de pensiones, no juega a nuestro favor.
*Alejandro Macarrón Larumbe, Responsable de Estudios y Análisis Social de CEU CEFAS.
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