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El texto que publica hoy el BOE recoge la prórroga forzosa en los contratos con la obligación de los propietarios de indemnizar con un mínimo de doce meses de renta a los inquilinos si no les renuevan.
El "cacao" que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, afirmaba tener el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobaron los dos decretos de vivienda con el que el Gobierno intentará apaciguar las protestas ciudadanas y arreglar el problema del alquiler se trasladó ayer al resto de actores implicados y a la ciudadanía.
Después de publicar ayer en el BOE un primer decreto con el grueso de las medidas, el Gobierno retrasó la publicación del segundo de los textos a la jornada de hoy. Ello, en previsión de la alarma que la principal medida recogida en el mismo generaría entre los propietarios y la mayoría de grupos parlamentarios, como efectivamente ocurrió tras la filtración de su contenido. El segundo decreto, acordado con Sumar a escasos minutos del Consejo de Ministros del martes, contempla una prórroga forzosa e indefinida -en periodos de cinco años- de los contratos de alquiler. Una medida que también exigían desde Podemos y que ha sido una de las banderas enarboladas por el Sindicato de Inquilinas en la acampada de la Puerta del Sol, que ayer sumó su quinto día de protestas.
Así funcionaría la renovación automática de los contratos de alquiler
Según el texto que se publica hoy en el BOE, "llegado el vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurrido como mínimo cinco años de duración -o siete si el arrendador es una persona jurídica- el contrato se prorrogará por plazos sucesivos de la misma duración, salvo que alguna de las partes notifique a la otra su voluntad de no prorrogarlo" en un plazo de seis meses.
En caso de que el casero, ya sea un pequeño propietario o un gran arrendador, decida no prorrogar el contrato, debería "indemnizar al arrendatario con el importe equivalente a doce mensualidades de renta de una vivienda de análogas características". Ello, incluso si el arrendador haya comunicado "válidamente su voluntad" de no prorrogar.
Poniendo un ejemplo, y utilizando los datos del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (Servapi) del propio Ministerio de Vivienda, el propietario de un piso de 80 metros cuadrados con ascensor en una segunda planta en el barrio de Puerta del Ángel de Madrid, fuera de la M-30, debería abonar a su inquilino entre 7.000 y 10.000 euros si decide no ampliar su contrato tras la finalización del mismo.
Además, el número de meses de renta con los que el casero debería indemnizar al inquilino si decide no renovar nunca podría ser inferior a los años de vigencia del contrato. Así, a un inquilino que lleve 20 años en una vivienda de alquiler le correspondería una compensación de 20 meses.
Todo ello, con pocas excepciones, como que el propietario lo necesite para sí o para un familiar de hasta segundo grado, en cuyo caso no tendría que abonar la indemnización al inquilino.
Dudas sobre su convalidación en el Congreso
El texto pactado con Sumar, además, choca con el primero de los decretos aprobados el martes por el Gobierno, más allá de la evidente ampliación de la prórroga de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. Por ejemplo, al ampliar a seis meses el plazo de preaviso; frente a los cuatro meses que recoge el decreto que publicó ayer el BOE.
Así lo denunciaron ayer distintos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, entre los que se encuentra Junts, una de las formaciones clave en la convalidación y con los que el Departamento de Isabel Rodríguez más ha negociado en los últimos meses. Su portavoz en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, afirmó sentirse "decepcionada y preocupada" por el texto del primer decreto. "Pedíamos rigor y solvencia y estamos preocupados porque en este primer análisis no lo recoge", afirmó. Unas declaraciones que siembran aún más dudas sobre su sí a cualquiera de los dos decretos.
Por su parte, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, también rehusó avanzar el sentido del voto de sus diputados, si bien valoró que ninguno de los dos decretos "solucionarán la crisis habitacional" y afirmó que "hay que acabar con los abusos y proteger a las personas vulnerables, pero sin convertir al pequeño propietario en el enemigo. Se puede y se debe defender al inquilino sin criminalizar a quien pone una vivienda en alquiler", afeó al Gobierno.
También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció estas incoherencias, calificando como "trampa" los dos decretos y anticipando el no de los populares a los dos textos en la votación de mañana. El líder de la oposición criticó que los reales decretos del Gobierno no dedican espacio para construir viviendas y aseguró que, si salen adelante, las personas vulnerables "no tendrán ninguna posibilidad de alquilar una vivienda porque ningún propietario se las alquilará".
Algunas de estas críticas son reconocidas en privado en el propio Ministerio de Vivienda, desde donde afirman que, "si no se aumenta la oferta de vivienda asequible, por mucho que regulemos siempre habrá un problema relacionado con los precios".
La división de los decretos tampoco parece contentar, asimismo, a los grupos a la izquierda del Gobierno en el hemiciclo. Desde Podemos pidieron ayer, incluso, la retirada de los dos decretos y reclamaron al Ejecutivo la aprobación de otro unitario en el que se recojan todas sus reclamaciones, incluyendo la prórroga indefinida de los alquileres. "Si de verdad quieren hacer algo para frenar el problema de la vivienda", arguyó la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, en la Cámara Baja, "traigan el decreto completo que ya es de mínimos y empiecen a tomar medidas estructurales como la expropiación de las viviendas de los fondos buitre".
A pesar de estas críticas, Podemos ha confirmado hoy que terminará votando a favor de ambos decretos mañana, después de que el Sindicato de Inquilinas convocase ayer varias 'caceroladas' frente a los ayuntamientos para pedir el sí a las medidas.
Vivienda: fondos y promotoras alertan de fuga de inversionesLa letra pequeña del decreto de vivienda: fondos 'buitre', desahucios, prórrogas y ayudasEl segundo decreto de vivienda obliga al casero a indemnizar con un mínimo de 12 meses a los inquilinos a los que no se les renueve el contrato Comentar ÚLTIMA HORA-
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