- IÑAKI GARAY
Un año después del gran apagón que sumió a toda España en la oscuridad aún sigue sin aparecer oficialmente el culpable. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto múltiples expedientes a todo el mundo y sigue achacando el desastre a un origen multifactorial, lo que impide atribuir a ninguna empresa ni a ninguna autoridad en concreto la responsabilidad.
Y esta idea de que es el sistema en general el que ha fallado acaba por vencer la resistencia de muchos perjudicados, hasta el punto de que, a medida que pasa el tiempo sin aclararse las circunstancias, es probable que una mayoría opte por tirar la toalla y renuncie a la reclamación, cuyo plazo expira el próximo martes.
Decir que todo el sistema es culpable es como decir que nadie lo hizo y esa labor de escapismo está lamentablemente muy de moda para impulsar la impunidad de algunos. De ahí que, por ejemplo, se ponga el foco sobre los jueces para que pasen desapercibidos los que deben ser juzgados.
Presuntos delincuentes que se presentan como víctimas. No creo que esta galbana que muestran los investigadores a la hora de identificar a los responsables sea una mera casualidad. Da la impresión de que está siendo inducida para marear la perdiz y reducir el tamaño del problema que supondría para Red Eléctrica hacer frente a indemnizaciones milmillonarias, que la dejarían en los huesos y la incapacitarían para realizar las inversiones que van a ser necesarias en la red.
En este caso la opacidad bien puede estar originada en una razón de Estado. ¿Por qué Red Eléctrica? Porque es la empresa responsable de la operación, a la que todas las compañías debían obediencia, tal y como contempla la Ley, y la que, como siempre, estaba al mando el día que se produjo el cero total. Red Eléctrica es sobre el papel una compañía privada, pero el peso de la participación del Estado y la influencia que tiene el Gobierno en ella a través de la regulación la convierten en una empresa pública de facto.
Por muchos expedientes que abra la CNMC a diestro y siniestro no hay manera de maquillar su responsabilidad. Todos los indicios la señalaban desde el principio y lo siguen haciendo, más aún cuando se supo a través de los audios que aparecieron posteriormente lo que era un secreto a voces: que el sistema estaba operando en precario y que la posibilidad de que reventara no era ninguna sorpresa para los que estaban obligados a garantizar su buen funcionamiento. Como Red Eléctrica lo sabía, debió haber tomado medidas para impedir lo que sucedió. La empresa era la única que tenía en sus manos todos los instrumentos para evitarlo y no lo hizo. Fue Red Eléctrica la que decidió que aquel día las renovables casi coparan la totalidad de la producción, con muy poca energía de respaldo para corregir cualquier eventualidad.
La convicción que existe en el sector es que todos los organismos encargados en identificar lo que sucedió, vinculados de una u otra manera al Gobierno, empezando por la CNMC, están arrastrando deliberadamente los pies para que la gente se aburra y se vaya a su casa sin pedir lo que le correspondería. Reclamar es un trámite engorroso. Exige pagar al abogado y al procurador, establecer periciales y cuantificar un daño que no es fácil calcular. Es dinero y mucho tiempo.
Este próximo martes se sabrá, pero con el año transcurrido las pérdidas que inicialmente se estimaban en varios miles de millones de euros pueden haberse reducido a indemnizaciones por valor de varios cientos. De esta manera, lo que fue el incidente más grave que ha vivido el sector eléctrico en su historia pronto se recordará como una anécdota o una jugarreta de los duendes. La guerra judicial va a estar servida porque nadie se va a prestar a pagar lo que no le corresponde. Cabe la posibilidad también de un pacto oculto. Que las compañías asuman parte de la carga a cambio de que el Estado les reconozca alguna compensación. De esta manera, muchos consumidores no solo sufrirán las pérdidas sino que pagarán también las indemnizaciones.
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