El Gobierno negocia contrarreloj para recabar apoyos a un nuevo paquee legal tras el rechazo al decreto ómnibus que debe aprobar entre mañana y el siguiente Consejo de Ministros para evitar impacto en la nómina de las pensiones.
"Les digo a los jubilados y jubiladas de toda España que se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, como hemos hecho durante estos últimos siete años cuando yo he estado al frente del Gobierno de España. Ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir", prometió ayer el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, durante un acto electoral en Teruel con motivo de las elecciones regionales de Aragón del próximo domingo. El Gobierno, según confirman fuentes oficiales, trabaja contrarreloj para tratar de recabar apoyos a un nuevo decreto que reactive la subida de las pensiones después de que el Congreso de los Diputados tumbara la pasada semana el decreto ómnibus en el que se había incluido la medida.
El Ejecutivo "trabaja para aprobarlo a la mayor celeridad posible", aseveran desde La Moncloa, donde se aspira a llevar la medida al Consejo de Ministros de mañana o, en el peor de los casos, al de la próxima semana a más tardar, para evitar que el revés parlamentario se haga notar en el pago de la próxima nómina de las pensiones.
El Real Decreto-ley ómnibus aprobado por el Gobierno el pasado 23 de diciembre incluía una revalorización del 2,7% de las pensiones contributivas para paliar el efecto de la inflación, así como incrementos de entre el 7% y el 11,4% para las pensiones mínimas y del 11,4% para el ingreso mínimo vital (IMV). Aunque esa medida gozaba del apoyo generalizado del Parlamento, PP, Vox, Junts y UPN unieron sus votos para tumbar un macrodecreto que mezclaba la subida de las pensiones con una nueva extensión del llamado escudo social, que incluía la prórroga de la prohibición de desahuciar a familias sin alternativa habitacional o del veto a cortar suministros básicos a personas vulnerables. Más allá, el paquete incluía la prórroga de las entregas a cuenta autonómicas, la marcha atrás en la exigencia de que los parados tengan que declarar IRPF, los nuevos coeficientes del Impuesto de Plusvalía, el mantenimiento de cuotas y módulos de autónomos, así como exenciones fiscales -por rehabilitación de vivienda o compra de coche eléctrico- y ayudas a los afectados por la dana.
El Gobierno asegura que trabaja en rescatar todas y cada una de las medidas, aunque está por ver con qué aritmética parlamentaria logra sacar todas adelante. Los recientes acuerdos con Podemos para regularizar a 500.000 inmigrantes sin papeles, y Junts, para avanzar en la cesión de competencias sobre migración a Cataluña, buscan abonar el terreno para rearmar sus apoyos.
Desde el propio PP urgieron ayer al Gobierno a reactivar el alza de pensiones mañana, pero en un decreto en solitario que puedan apoyar.
Alza salarial del 3,1%
El decreto tumbado también incluía la prórroga provisional del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 durante este año, por lo que oficialmente esa referencia ha dejado de estar vigente. El Gobierno, sin embargo, cerró el jueves un acuerdo bilateral con los sindicatos -al que fue incapaz de sumar el apoyo de las organizaciones empresariales- para subir el salario mínimo un 3,1% en 2026 hasta los 1.221 euros mensuales (en 14 pagas). La media será aprobada en el Consejo de Ministros de mañana para acabar con el vacío legal provocado.
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