La casa que habita el Gobierno sufre de un ataque de termitas en forma de problema de la vivienda en España que amenaza con hacer colapsar el edificio y derrumbarlo. Son varias las personas de dentro del Gobierno y de los socios de gobernabilidad que consensúan que es un asunto que puede hacer tambalearse de verdad al Gobierno, hacerlo caer, por el drama social que supone. «Es un problema real, grave, muy grave, que afecta a la gente y está preocupada. Es normal», admiten fuentes del Gobierno. La vivienda es el principal problema para el 40% de los españoles, según el CIS.
Hace justo un año, Pedro Sánchez anunció un paquete de 12 medidas para «fortalecer el derecho a la vivienda asequible». Ante un mercado que no mejora, donde los precios siguen asfixiando a la ciudadanía, anuncia ahora otro paquete con nuevas iniciativas «para mejorar el acceso a la vivienda y proporcionar mayor seguridad a inquilinos y propietarios». Entre ellas, un sistema de incentivos fiscales dirigido a los propietarios con el objetivo de poner freno a la subida de los precios en las renovaciones del alquiler.
Una decisión tomada por La Moncloa sin consensuar con Sumar que ha provocado la enésima colisión dentro de la coalición, con los magenta censurando el «grave error» de «regalar dinero a los rentistas». El socio minoritario se enteró de las medidas por una llamada de los socialistas tan sólo minutos antes del anuncio de Sánchez. «Entre ministerios no te anuncias las medidas. Lo hacen ellos y lo hacemos nosotros». Y no sólo, socios fiables como ERC y Bildu arremeten contra esas ventajas fiscales a propietarios.
La medida anunciada por Sánchez forma parte de esa estrategia de gobernanza «disruptiva» que pretende La Moncloa, con anuncios de medidas que provocan impacto y debate social y que la iniciativa corresponde al Ejecutivo hasta que el Congreso, en su caso, decida o no corregirle. En un marco donde pretenden contrarrestar el mensaje de la oposición de parálisis y Gobierno en vía muerta. Es el caso del envío de tropas a futuras misiones de paz en Ucrania o Palestina, el acuerdo con la Iglesias para indemnizar a las víctimas de abuso o el nuevo modelo de financiación autonómica con el foco puesto en los servicios públicos.
El Gobierno acumula anuncios, medidas, promesas de casas, pero el acceso a una vivienda digna sigue siendo un imposible para la mayoría de españoles. La encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO publicada hace una semana dejaba constancia de que para el 32,7% de los votantes del PSOE y el 31,7% de los de Sumar la vivienda es su problema más preocupante, los registros más altos de los principales partidos. Esto es, es un asunto que supone una importante vía de agua política y electoral para la coalición. El anuncio, de hecho, se produce en pleno ciclo electoral, a priori adverso para el PSOE -Aragón, Castilla y León y Andalucía- y con encuestas a nivel nacional que retratan un hundimiento de la izquierda.
Según el Eurobarómetro, el 36% de los españoles considera que la dificultad de acceso a la vivienda es el principal problema de España. El Gobierno contrapone datos para rebatir el discurso de la ineficacia: el 20% de las viviendas que se empezaron a construir en el último año son protegidas, según datos de Vivienda.
«Tenemos un gran reto y es que el ciudadano visualice las medidas que estamos poniendo en marcha», admiten fuentes gubernamentales, sabedoras de que la percepción en la calle es que o bien no se hace nada o no se están tomando las decisiones correctas. «No se puede decir que no se está haciendo nada. Se están tomando decisiones, pero tardan en verse. Esta es una medida a nuestro alcance sencilla de implementar».
Pero el rumbo de Sánchez con la vivienda desata la ira de sus socios y vuelve a fracturar la mayoría de la investidura. Su principal aliado, Sumar, con quien comparte Ejecutivo, se pone a la cabeza de los detractores de sus soluciones. Mientras que Podemos, una vieja pesadilla del presidente, fulmina las posibilidades matemáticas de sacar adelante esos planes al anunciar su voto en contra. Esto supone el certificado de defunción de la propuesta aunque el PSOE obrara el milagro de que Sumar, ERC -«la izquierda se va al carajo para lustros»- o EH Bildu -«es una tomadura de pelo»- dieran una pirueta en sus posiciones y le apoyaran. Y encima Irene Montero proclama: «Este Gobierno en materia y política de vivienda no tiene perdón y las calles tienen que arder de movilización social». En sentido contrario, los socios del PSOE por la derecha, el PNV y Junts, vigilan con cuidado que las medidas de intervención del mercado sean nimias. Así que Sánchez sabe que si tira de la manta deja al descubierto la cabeza o los pies.
En Sumar hay «estupefacción» y enfado con el PSOE. Llevan tiempo advirtiendo que la vivienda es el problema que puede llevarse por delante al Gobierno y lamentando la inacción y la toma «equivocada» de medidas. Ahora, el choque es total, y aunque puedan saludarse iniciativas con las del alquiler de temporada, la bajada de los alquileres es una línea roja. Una exigencia «urgente».
Hay 630.0000 contratos de alquiler que vencen en 2026 -que afectan a 1,3 millones de personas-, según el Ministerio de Derechos Sociales, y Sumar exige una solución opuesta a la de Sánchez: forzar la prórroga automática de esos contratos a través de un decreto ley. Como se hizo en pandemia y con la guerra en Ucrania con este mismo presidente. Y evitar que se disparen los precios.
Cuando se impulsó la Ley de Vivienda, la Abogacía del Estado estudió la posibilidad de intervenir a nivel estatal el precio de los alquileres, pero concluyó que la vivienda es una competencia autonómica y era una invasión y, por tanto, inconstitucional. De ahí que sólo se contemple cuando se decretan zonas tensionadas, durante un tiempo determinado y de acuerdo con la comunidad. Y, además, se les advirtió en contra de interferir en contratos en vigor. «Sólo podemos tocar incentivos», se resignan en el Ejecutivo, que culpan al PP de la situación de la vivienda por no aplicar esta Ley. «Nos boicotean».