Si el curso judicial se presenta complicado para Pedro Sánchez, el parlamentario no ofrece mejores perspectivas. Los grupos, a la expectativa de una llamada a las urnas, activan la maquinaria electoral resituándose políticamente. Las alianzas se rompen o se estrechan haciendo cálculos con la vista puesta en un relevo del poder. En estas condiciones, el Gobierno de coalición sufre. El difícil equilibrio de apoyos con los que ha sobrevivido hasta ahora se debilita con celeridad: los casos de corrupción reverdecen en los juzgados; el prometido proyecto de Presupuestos, que sería el primero y último de la legislatura, aún no ha visto la luz; las autonomías se rebelan contra la propuesta de financiación pactada con ERC y la gestión de la crisis que padece Ceuta da la puntilla a un Ejecutivo desbordado.
El Legislativo arranca esta semana el periodo de sesiones ordinario. Hoy lo hará el Senado y, mañana, el Congreso, con sendas sesiones de control al Gobierno que se anticipan tensas e incómodas. Ceuta prácticamente monopolizará ambas citas pero no solo porque el malestar va más allá.
Ni la desclasificación de los informes sobre la avalancha migratoria, ni el compromiso de remitir al Congreso un proyecto de cuentas del Estado volcado en el gasto social, aplacan la inquietud de los grupos. Nada es suficiente ya para aliviar la sensación de que el Gobierno ha fallado en Ceuta y no ha sabido responder al desafío de Marruecos y tampoco convencen las promesas presupuestarias, tantas veces incumplidas, máxime cuando todos saben que el proyecto estará condenado al fracaso.
El clima revuelto que ha sido la tónica en este mandato se complica aún más en este final de ciclo. El estreno del curso político, hoy, en la Cámara Alta, dominada por el PP, reserva para el Gobierno siete preguntas relativas a Ceuta y cinco ministros serán reprobados: los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Exteriores, José Manuel Albares; de Sanidad, Mónica García; de Igualdad, Ana Redondo, de Defensa, Margarita Robles.
«¿Por qué se tardó un mes en convocar el Consejo de Seguridad Nacional?», «¿por qué no se ha estado a la altura?», «¿por qué se ha mentido a los españoles?», «¿por qué se ha traicionado a los ceutíes?», serán algunas de las preguntas reproche que se estrellarán contra el Gobierno.
En el Congreso, la arremetida será aún mayor. El presidente se enfrentará a una doble pregunta que trasciende la crisis de Ceuta y que resume el sentir de los grupos a derecha e izquierda: «¿Cómo va a seguir gobernando lo que queda de legislatura?» y «¿cómo afronta lo que queda?». El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufian, coinciden ya en sus dudas acerca de los planes y la capacidad de Sánchez para transitar los meses que restan de mandato. El presidente insiste en agotar la legislatura e incluso asegura, en contra de lo que vaticinan todas las encuestas, que su proyecto tiene fuelle para alargarse hasta 2030, pero ni la oposición ni los hasta ahora socios lo ven factible.
En las Cámaras se ha instalado la sensación de que Sánchez esta vez no sabe cómo abordar el reto, que ya no tiene capacidad de maniobra, que ha dilapidado la confianza de sus aliados, que el cerco judicial se estrecha y que la gobernabilidad ha entrado en un callejón sin salida.