- ALBERTO NADAL Vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP
La economía española necesita cambiar de dinámica: la prioridad debería ser crear un entorno que incentive la inversión privada.
Si observamos las economías que han logrado converger de manera sostenida hacia mayores niveles de renta, productividad y bienestar, todas comparten un rasgo esencial: invierten más. No es una casualidad. La inversión es el motor que permite incorporar nuevas tecnologías, aumentar el capital productivo, mejorar la competitividad de las empresas y, en última instancia, elevar los salarios, la renta per cápita y la capacidad del Estado para financiar unos servicios públicos de calidad y el sistema de pensiones. Sin inversión no hay productividad, y sin ésta no existe crecimiento sostenible ni mejora de la prosperidad.
España, sin embargo, lleva años instalada en una preocupante atonía inversora. Desde 2018, la inversión se ha mantenido estancada en torno al 20% del PIB, una cifra insuficiente para un país que aspira a converger con las economías más avanzadas de Europa. Lo más llamativo es que este estancamiento se ha producido a pesar de haber recibido el mayor volumen de fondos europeos de nuestra historia reciente, de haber aumentado en más de medio billón de euros la deuda pública, y de tener la mayor recaudación de la historia. La conclusión es inevitable: o esos recursos no han servido para elevar la inversión agregada o, de no haber existido, ésta habría registrado un comportamiento todavía peor. En cualquier caso, decepcionante.
La comparación con otros países evidencia la magnitud del problema. Polonia, que continúa acercándose con rapidez a los niveles de renta de la Europa del euro, mantiene una inversión cercana al 25% del PIB. Corea del Sur era un país con una renta por habitante muy inferior a la española hace apenas unas décadas; hoy nos supera ampliamente gracias a una estrategia continuada de inversión, innovación y mejora de la productividad, con tasas de inversión próximas al 30% del PIB. En la OCDE, España ocupa el puesto 32 de 38 en peso de la formación bruta de capital en el PIB. La prosperidad no surge por generación espontánea, requiere un esfuerzo inversor sostenido durante años.
La pregunta es obvia: ¿Por qué España no invierte más? La respuesta no puede reducirse a un único factor, pero sí existe un denominador común: el deterioro del clima empresarial. La inversión necesita confianza, estabilidad y expectativas razonables de rentabilidad. Cuando un país transmite inseguridad jurídica, incrementa de forma continuada la presión fiscal, multiplica la carga regulatoria, presenta un caos en el acceso a la red eléctrica, y convierte el Boletín Oficial del Estado en un instrumento de intervención económica, el resultado es previsible. Los proyectos se retrasan, los inversores buscan destinos más atractivos y las empresas reducen sus planes de expansión.
Durante los últimos ocho años hemos asistido a una creciente hostilidad hacia la actividad empresarial, acompañada de una narrativa política que presenta el beneficio privado como un problema, en lugar de entenderlo como una oportunidad y como la condición necesaria para generar inversión, empleo y crecimiento. Sin rentabilidad no existe inversión y sin esta no mejora la productividad.
España exporta ahorro
Existe, además, un indicador especialmente revelador. España está exportando ahorro. Hoy, el ahorro nacional, además de financiar déficit público y la inversión nacional, está financiando inversiones en economías más desarrolladas que la nuestra, lo que muestra la falta de confianza o de proyectos en los que invertir en nuestro país. Se trata de una de las mayores paradojas de la economía española. Un país cuya renta per cápita continúa por debajo de las economías más avanzadas, en vez de captar inversión, financia el crecimiento de países con mayores niveles de riqueza, señal inequívoca de que nuestro marco económico no ofrece suficientes oportunidades atractivas de inversión. La situación resulta todavía más preocupante si analizamos la composición de la inversión. Dentro de la formación bruta de capital se incluye también la construcción de viviendas, imprescindible para reducir el enorme déficit residencial que sufre España, pero cuyo impacto sobre la productividad es muy diferente al de la inversión en maquinaria, tecnología, digitalización o bienes de equipo. Si aislamos la inversión verdaderamente productiva, la distancia respecto a las economías más dinámicas es aún mayor.
Ni siquiera las previsiones oficiales permiten ser optimistas. El cuadro macroeconómico del Gobierno anticipa una desaceleración progresiva del crecimiento de la inversión durante los próximos ejercicios y reconoce implícitamente un escenario de escaso avance de la productividad, en el que el crecimiento económico descansa sobre el aumento del empleo y no sobre una mayor eficiencia de la economía. Es un modelo que difícilmente permitirá recuperar posiciones frente a nuestros principales competidores.
España necesita cambiar de dinámica. La prioridad debería ser crear un entorno que incentive la inversión privada. Eso exige reducir trabas administrativas, simplificar la regulación, ofrecer estabilidad normativa, reforzar la seguridad jurídica, mejorar la competitividad fiscal y desarrollar una política energética sin restricción de accesos y con costes competitivos para nuestras empresas. También exige abordar reformas estructurales en educación, capital humano e innovación que permitan elevar la productividad del trabajo.
Conscientes de todo ello, un gobierno del PP aprobará una Ley de productividad con el objetivo de que toda normativa que no incremente la productividad, la ocupación o la competitividad, no puede ser aprobada. Menos reglas, normas claras y que se cumplan. Además, haremos una revisión de toda la maraña legislativa existente para derogar todas aquellas normas que impidan el crecimiento económico y la competitividad.
La inversión no es un indicador más de la contabilidad nacional. Es la variable que determina la capacidad de un país para crecer, innovar y prosperar. Si España aspira a converger con las economías más avanzadas, elevar los salarios reales y garantizar la sostenibilidad de su Estado del bienestar, necesita hacer de la inversión productiva el centro de su política económica.
Alberto Nadal, Vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP
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