El Mar Menor vive una jornada histórica. Por primera vez, la laguna salada más grande de Europa iba a ejercer su personalidad jurídica como acusación particular y perjudicado en la vista prevista para este miércoles en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, por una pieza separada del caso 'Topillo'.
Una macrocausa que investiga una serie de vertidos contaminantes, procedentes de distintas explotaciones del Campo de Cartagena, y que han podido causar un daño "irreversible", según los informes periciales, en el Mar Menor.
En concreto, en este proceso se encuentran imputadas dos empresas y un administrador por un presunto delito contra el medio ambiente cometido entre los años 2015 y 2017.
Sin embargo, la ausencia justificada del perito judicial Luis Murillo, cuyo informe se considera "básico" para la causa, pues establecía los daños que había sufrido la laguna y sus causas, además de valorarlos económicamente, ha motivado que el fiscal del Área de Cartagena solicitara al Tribunal la suspensión de la vista, con el fin de celebrar el juicio en acto único, contar con la presencia del perito y no fraccionar así la sesión.
Una petición a la que también se han adherido las acusaciones particulares -formada por cuatro Ayuntamientos de la Región y colectivos ecologistas como Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Greenpeace España o Alianza Mar Menor Amarme, entre otras- y que ha sido finalmente acogida por los magistrados.
La ósmosis inversa
Según relata en una conversación con EL MUNDO, Inés Díez, responsable del área jurídica de Greenpeace, el 'Caso Topillo' se inició en el año 2018, cuando la Fiscalía, en base a las investigaciones del Seprona, interpuso una denuncia por la presunta extracción de agua de pozos ilegales, cuya agua era desalinazada mediante máquinas desaladoras.
Un proceso denominado ósmosis inversa que habría provocado la denominada primera "sopa verde" del año 2016. Un fenómeno que se produce cuando el agua de la laguna "colapsa" al ser ésta "incapaz de autorregularse por la gran cantidad nutrientes que recibía".
Tres años después, el 12 de octubre de 2019 y como consecuencia de la DANA que sufrió la Región de Murcia ese mismo año, el Mar Menor volvió a sufrir otro colapso tras verterse de nuevo ese contenido en sus aguas.
"Todas esas prácticas han propiciado que el estado ecológico del Mar esté absolutamente degradado", explica la letrada.
Ante estos hechos, el Ministerio Público solicita en su escrito de acusación la pena de siete años de prisión para el administrador, una multa de 9.000 euros y una indemnización por perjuicios de dominio público de 506.137,44 euros.
Por su parte, las acusaciones particulares piden al Juzgado una multa que supera el millón de euros, la suspensión de la actividad empresarial por un periodo de tres años y una indemnización también superior al medio millón de euros.
Sobre si esta sentencia podría cambiar el futuro del Mar Menor, Díez afirma que es difícil determinarlo. "El estado del mar está muy dañado y más allá de los hechos concretos que se verán en los distintos procedimientos, el problema de fondo es el impacto económico. El regadío ha crecido muchísimo desde el inicio del trasvase Tajo-Segura en 1979 y ahora mismo no hay agua. [Los regantes] necesitan agua", apunta.
"Mientras exista este sistema, seguramente la laguna se vaya a ver perjudicada. O se consigue agua del trasvase o sacas agua de pozos que en este momento son irregulares e ilegales y no están autorizados por la Confederación Hidrográfica del Segura", señala Díez.
Representación histórica
La trascendencia de este juicio queda sin duda marcada por ser la primera vez en la que los intereses de un ecosistema natural como el Mar Menor pueden ser defendidos en los tribunales gracias a la Ley 19/2022, del 30 de septiembre.
Un marco normativo por el cual el Estado reconoce como personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca.
Aun así, Díez señala que si bien no se ha concretado el alcance que tiene esta representación en calidad de perjudicado, pues la ley no ha sido todavía desarrollada mediante reglamento, es la primera vez que el sistema jurídico español y europeo ponen en marcha esta nueva acción.
Respecto si podría ejercerse esta representación legal en otros futuros procedimientos medioambientales, la letrada explica que esta ley sólo reconoce a la laguna y su cuenca como sujetos de derecho con la capacidad para ser representados en un proceso judicial y por tanto, se podría ejercer en cualquier procedimiento en el que el Mar Menor se vea afectado.
Aun así, asegura que la trascendencia que tendrá esta innovación legal de cara a futuro se tendrá que concretar más adelante a través del reglamento que desarrolle la Ley y de la jurisprudencia que, en su caso, se vaya dictando.