La Fiscalía Anticorrupción y el juez de Sevilla José Ignacio Villaplana tienen en el punto de mira al diputado del PSOE en el Parlamento andaluz Gaspar Llanes en la causa que está investigando sobre los avales irregulares por importe de 1,3 millones de euros concedidos por la Agencia Idea de la Junta de Andalucía en la etapa socialista a la empresa Pickman La Cartuja de Sevilla.
En un auto de 57 páginas que acaba de ser notificado, Vilaplana, magistrado del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, acuerda informar de sus pesquisas al diputado Llanes, ya que éstas "no pueden practicarse a sus espaldas", con independencia de que, más adelante, las envíe al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que es el órgano competente para investigar y enjuiciar a los parlamentarios andaluces, por su condición de aforados.
Según el juez, en este momento de la investigación, "resulta pertinente continuar con la práctica de diligencias, a fin de depurar la instrucción jurisdiccional y concretar los indicios de criminalidad que pudieran existir frente a dicho aforado". Según la jurisprudencia, cuando un juzgado "conoce de unos hechos de los que se pudiera derivar responsabilidad penal" para un aforado, "no debe abstenerse sin más de realizar cualquier investigación" que le afecte.
Antes de este auto, la Fiscalía Anticorrupción ya solicitó al juez instructor el "llamamiento a la causa" de una veintena de personas, entre las que figura el diputado Llanes, que era vocal del Consejo Rector de la Agencia Idea cuando este organismo le otorgó los avales irregulares a la empresa Pickman La Cartuja en la etapa del PSOE en la Junta de Andalucía.
En este caso, se está investigando la figura de los avales de la Agencia Idea "como medio" para hacer llegar fondos públicos a Pickman La Cartuja "de manera absolutamente injustificada y arbitraria", dice el auto.
En la concesión de estos avales de la Junta habrían mediado "razones, no de legalidad, sino de arbitrario voluntarismo", ya que no había "razones técnicas que permitieran, desde una perspectiva jurídica y financiera, justificar la concesión de estas ayudas", precisa el juez.
Los delitos que se investigan son prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, "sin perjuicio de posterior y definitiva calificación de los hechos", vinculados con la "indebida" concesión de ayudas en forma de avales a la sociedad Pickman La Cartuja, "sin concurrencia o cumplimiento de los requisitos y presupuestos objetivos habilitantes para ello".
No es la única causa judicial que analiza los avales de la Agencia Idea a determinadas empresas que también recibieron dinero público de los ERE que repartía de forma arbitraria y opaca la Dirección General de Trabajo de la Junta. Hasta el momento, se han identificado 19 empresas, además de Pickman La Cartuja, recibieron avales de Idea y ayudas de los ERE.
En el mismo auto, el juez Vilaplana cita a declarar como investigadas a 21 personas, entre las que figura el ex consejero de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo, que ya fue condenado en la causa principal de los ERE. Están citados los próximos 18, 24 y 25 de marzo, y el 7 de abril.