Los herederos de la duquesa de Alba regaron con agua robada al dominio público hidráulico 153 hectáreas de naranjos y 20,89 hectáreas de olivar intensivo, según un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que calcula que para los naranjos de la finca Aljobar, propiedad de los hijos de Cayetana Fitz Jame Stuart, consumieron 686.212,62 metros cúbicos de agua obtenida del acuífero y que los olivos se bebieron otros 19.035,28 metros cúbicos. En total, el agua sustraída a través de los pozos ilegales construidos en su latifundio de la localidad sevillana de Aznalcázar ascendió a los 705.247,90 metros cúbicos.
Esa cantidad es mucho menor de la que había estimado la Guardia Civil en los informes que anteriormente había remitido al Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor, que investiga el caso y que ya ha imputado a un miembro de la familia de aristócratas, a Luis Martínez de Irujo, hijo de Alfonso Martínez de Irujo y duque de Aliaga, aunque la investigación judicial amenaza asimismo a cuatro de los hijos de la duquesa de Alba, Alfonso, Cayetano, Fernando y Eugenia Martínez de Irujo, propietarios y socios de Eurotécnica Agraria, la sociedad familiar dueña de Aljobar.
En el auto por el que el juez imputó, en febrero de este año, al nieto de la fallecida duquesa de Alba, señalaba que los hechos son constitutivos de un posible delito contra el medio ambiente, y señalaba la existencia de ocho pozos no autorizados, precintados en su momento por la autoridad administrativa y que habrían vuelto a ser usados "sin haber sido legalizados ni estar dotados de los preceptivos contadores volumétricos".
Los peritos del instituto armado había cifrado el agua robada entre los 3,8 y los 6,6 hectómetros cúbicos, con un valor de más de seis millones de euros. Pero los técnicos de la CHG desinflan los datos y hacen una enmienda a la totalidad al informe del Seprona al asegurar que la cantidad de agua sustraída fue diez veces menor y el coste económico, 70 veces inferior, hasta el punto de que lo sitúan en 84.629,75 euros.
El informe de la CHG, que firman el jefe de área, Antonio Santos, y el jefe del Servicio de Control y Vigilancia, es una tabla de salvación para los Alba, a quienes el Seprona y la Fiscalía de Medio Ambiente señalan como responsables de un grave daño ambiental, aunque la CHG no entra a valorar este tipo de daño, sobre el que dice que no tiene competencias, y se limita a cuantificar los efectos únicamente en el dominio público hidráulico.
Y en este aspecto, los autores del informe vuelven a poner en cuestión las acusaciones contra los Alba al asegurar que el acuífero del que extraían agua sus pozos ilegales surte a un buen puñado de explotaciones agrícolas de la zona, además de a la finca Aljobar, por lo que no puede atribuirse exclusivamente a la propiedad de los Fitz James Stuart la pérdida de masa.
En un intento de evitar que se amplíe la investigación a Alfonso, Cayetano, Fernando y Eugenia Martínez de Irujo, el abogado que defiende a la empresa familiar dueña de la finca, Eurotécnica Agraria SA, ha tratado de convencer al juez de que ninguno de ellos tenía conocimiento ni participación alguna en la gestión de la explotación agrícola ubicada en el término municipal de Aznalcázar, que correspondía en exclusiva a Luis Martínez de Irujo, el sobrino que ya está imputado en la causa.
Lo hacen para tratar de contrarrestar la contundencia de la Fiscalía, que viene destacando la gravedad de la actuación de los descendientes de Cayetana de Alba, basándose en las averiguaciones de los agentes del Seprona cuyos resultados plasmaron en un extenso informe remitido al juzgado en diciembre de 2024 en el que llegaron a valorar el beneficio ilegalmente obtenido por los propietarios de Aljóbar en seis millones de euros. No solo eso, sino que, además, apuntaron al daño que las extracciones de agua subterránea pudieron provocar al frágil ecosistema del cercano Parque Nacional de Doñana.
En ese documento se detallaba la explotación agrícola tenía permiso para utilizar dos pozos y extraer un volumen de agua de 606.500 metros cúbicos al año para una superficie total de 222 hectáreas distribuidas en tres parcelas de Aljóbar y concluyen que con ese agua no podrían haber garantizado el cultivo de cítricos al que se ha venido dedicando la explotación.
Resaltaba el informe que las extracciones derivaron en una sobreexplotación del acuífero del que sacaban el agua, conectado, a su vez, al acuífero Almonte-Marismas, uno de los que nutren a Doñana y habla de "daños importantes sobre el ecosistema, que pueden llegar a ser irreversibles". En total, los expertos de la Guardia Civil estimaron que en diez años se han extraído ilegalmente entre 3,8 y 6,6 hectómetros cúbicos de agua y valoraron el daño causado entre 6,1 y 6,5 millones de euros.
Respecto al daño al acuífero, los Alba también discrepaban y señalaron, en su último escrito, la "inexistencia de daño alguno permanente e irreversible" en la masa de agua subterránea.