El respaldo femenino que sostuvo de forma decisiva la investidura de Sánchez es hoy su grieta más sensible en las urnas. El escándalo desatado por la citación por un presunto caso de agresión sexual del hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, impacta de lleno en esa fisura y reactiva un desgaste que venía alimentándose del goteo constante de denuncias y episodios de tono machista vinculados a las siglas socialistas. Irrumpe, además, en el peor momento posible, tras el batacazo en Aragón y el desplome en Extremadura, con el margen político cada vez más estrecho y cada crisis interna elevando su coste en votos.
Ya en diciembre, las proyecciones de Sigma Dos para EL MUNDO advertían de que, con una participación similar a la de 2023, el PSOE dejaría por el camino más de 162.000 papeletas femeninas respecto a entonces. La fuga no es menor si se recuerda que fue el único gran partido nacional con mayor proporción de mujeres que de hombres entre su electorado, un 28% frente al 23%. El segmento que sostuvo la mayoría es, por tanto, el que ahora muestra mayor volatilidad. Y eso, teniendo en cuenta que el cálculo se llevó a cabo antes de que afloraran los últimos episodios, que vuelven a tensionar ese mismo vínculo y abren otra brecha en el flanco que más daño electoral causa a Ferraz.
De Tito Berni a Ábalos y Koldo, pasando por Salazar y el caso Tomé, el póquer de ases machistas del PSOE ha ido erosionando el relato de un presidente que hace apenas unos meses, en la antesala del 8-M, se comprometía a conquistar nuevos hitos para consolidar a España «como un baluarte mundial del feminismo».
Sin embargo, lo verdaderamente revelador no es la acumulación de casos, sino el patrón que los atraviesa. En la mayoría de ellos, la primera reacción fue alegar desconocimiento para, días después, admitir que existían advertencias internas, comentarios previos o indicios que habían circulado durante semanas -en algunos casos durante meses- sin que se tradujeran en decisiones visibles. La respuesta orgánica llegó cuando la investigación ya estaba en titulares y el desgaste era inevitable. Ese desfase entre lo que se sabía y lo que se hizo es el que hoy pone en cuestión la solidez del cierre de filas de Sánchez con Marlaska y debilita su insistencia en que «se ha actuado con contundencia» y en que ningún miembro del equipo de Gobierno tenía conocimiento previo del caso.
Uno de los episodios que más alimenta esas sospechas es el del exdirigente socialista Paco Salazar. Dos trabajadoras de La Moncloa presentaron denuncias internas por acoso sexual que permanecieron cinco meses sin respuesta efectiva y que incluso llegaron a desaparecer del canal interno del partido sin que nadie se pusiera en contacto con sus autoras. Solo cuando el caso saltó al espacio público, Ferraz reaccionó convocando de urgencia a las responsables de Igualdad y activando el protocolo interno en busca de responsabilidades.
En Galicia, el caso del expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, reprodujo esa misma lógica en clave territorial. Señalado por hasta seis mujeres en el canal interno del partido por conductas que iban desde mensajes subidos de tono hasta presuntas ofertas de empleo a cambio de favores sexuales, el asunto permaneció en la penumbra hasta que una exclusiva televisiva lo sacó a la luz. Desde Ferraz se limitaban a reconocer la existencia de una denuncia «genérica» por comportamientos machistas, mientras el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, negaba tener conocimiento de las acusaciones, únicamente para comparecer dos días después, ya bajo presión pública, para admitir que le constaban advertencias desde hacía más de un mes trasladadas por una tercera persona.
Tampoco pueden desligarse de este clima los precedentes que marcaron el inicio del deterioro. El caso Mediador, con el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, no solo destapó una presunta trama de corrupción, sino un ecosistema de fiestas, prostíbulos y favores que pulverizó cualquier discurso ejemplarizante. Poco después, la investigación sobre las comisiones en la compra de mascarillas sacó a la luz las conversaciones entre el exministro José Luis Ábalos y su entonces asesor Koldo García, con su peculiar casting de prostitutas que que saltó s a las portadas de todos los diarios.
Nada está generando hoy mayor impacto social que esa corrosión continuada de episodios de acoso y comportamientos machistas que han ido erosionando la credibilidad de la política española desde dentro y que también ha salpicado al conjunto del espacio progresista con casos como el de Íñigo Errejón y, más recientemente, ha alcanzado a la oposición con el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.
La pregunta de fondo es si el electorado femenino que aún respalda al PSOE está dispuesto a conceder una prórroga más a Sánchez. Si el caso del DAO termina encajando en el mismo patrón de negación inicial y reacción posterior que ha marcado los precedentes, la erosión puede acelerarse y fragmentarse en varias direcciones, con trasvases hacia Sumar y Podemos y con Vox como beneficiario indirecto de esa volatilidad. En un Gobierno tensionado por el desgaste territorial y la sensación de fin de ciclo, perder ese voto diferencial no sería un tropiezo más. Sería debilitar el último sostén que convirtió una investidura ajustada en mayoría viable.