Cuatro universidades extranjeras con sede en Madrid se han unido a la Comunidad de Madrid en su impugnación ante el Tribunal Supremo del Real Decreto de universidades, aprobado por el Gobierno central en octubre de 2025, según ha podido saber EXPANSIÓN.
En el recurso presentado por las universidades, estas instituciones afirman que la normativa impondría nuevas exigencias para impartir en España titulaciones universitarias extranjeras, pudiendo, a su juicio, dificultar su actividad. Así, estas cuatro universidades acompañan a la Comunidad de Madrid que, por su parte, presentó el recurso ante el Tribunal Supremo el 19 de noviembre de 2025.
Las entidades son CIS University, Schiller International University, Saint Louis University Madrid y la Universidad Francisco Marroquín (UFM). Todas imparten estudios superiores en España siguiendo sistemas educativos extranjeros y otorgan títulos expedidos principalmente en Estados Unidos y Guatemala.
El origen del conflicto está en un real decreto 905/2025, que modifica la normativa que regula la creación y el funcionamiento de universidades y centros universitarios en España. Entre otras cuestiones, la reforma introduce nuevos requisitos de control y supervisión para las instituciones que ofrecen en el país titulaciones extranjeras. La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Diaz Ayuso, recurrió la norma ante el Supremo al considerar que es arbitraria, que se aprobó sin consenso y que vulnera competencias autonómicas en materia educativa.
Según la nueva normativa, estos centros deberán contar con sistemas internos de garantía de calidad certificados por determinadas agencias de evaluación reconocidas a nivel europeo y estarán obligados a remitir periódicamente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades información detallada sobre su actividad académica, incluyendo datos sobre estudiantes matriculados, graduados en cada titulación, profesorado y resultados académicos.
Las universidades argumentan que estas obligaciones supondrían una duplicidad de controles, dado que sus programas académicos ya están sometidos a supervisión y acreditación en los países de origen de los títulos. En línea con el recurso presentado por la Comunidad de Madrid, las universidades defienden que la medida "limita injustificadamente la libertad de empresa y de creación de centros educativos reconocidas en la Constitución Española".
Las instituciones también sostienen que la reforma cambia de forma significativa el marco regulatorio bajo el que llevan operando en España durante décadas. Algunos de estos centros comenzaron a implantarse en Madrid entre finales de los años sesenta y la década de los noventa, y cuentan con autorización de las autoridades educativas autonómicas para impartir estudios superiores conforme a sistemas educativos extranjeros.
En el recurso presentado ante el Tribunal Supremo, las universidades solicitan la revisión y anulación de aquellos apartados que consideran desproporcionadas o que, a su juicio, introducen obligaciones que no están respaldadas por una norma con rango de ley.
Además, el Real Decreto 905/2025 establece un periodo transitorio para que las universidades extranjeras se adapten a los nuevos requisitos: seis meses para crear un sistema interno de garantía de calidad y solicitar su certificación, y un plazo máximo de dos años para implantarlo completamente. Las universidades que han recurrido la norma consideran que el primer plazo es demasiado corto y argumentan que no está suficientemente justificado, sobre todo en comparación con los periodos de adaptación previstos para otras obligaciones en la misma normativa.
Más allá del debate jurídico, las instituciones subrayan el impacto económico de su actividad. Según ellas, la presencia de estos centros atrae a estudiantes internacionales, genera empleo y contribuye a la actividad económica en ciudades como Madrid, donde se concentran la mayoría de sus campus.
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