En el inicio del Debate de Política General este lunes en las Cortes Valencianas, Vox no ha mostrado ninguna carta que deje entrever una ruptura de su pacto con el PP valenciano para dar estabilidad al Gobierno de Juanfran Pérez Llorca. Su portavoz, José María Llanos, ha sacado incluso pecho en las Cortes Valencianas de los acuerdos con el PP, si bien el horizonte electoral propicia elevar el listón de la exigencia.
Y es lo que ha hecho Vox, que al término del debate parlamentario registró en las Cortes varias propuestas de resolución con las que pretende presionar al Consell de cara a los próximos meses. En las propuestas relativas al sistema educativo, Vox recuerda por ejemplo a los populares las promesas adquiridas que permitieron sacar adelante los presupuestos de la Generalitat de 2026. Incluido un canal autonómico de denuncias "confidencial" que permita a las familias denunciar una hipotética vulneración de la "neutralidad ideológica" en colegios e institutos.
En la propuesta registrada por Vox, y sobre la que se tendrá que pronunciar el PP en la votación de este miércoles, se cita textualmente la necesidad de "impulsar el funcionamiento del canal autonómico de denuncias y reclamaciones educativas, accesible, sencillo y confidencial, aprobado en los presupuestos de 2026". El anuncio, de hecho, ya puso en pie de guerra a la comunidad educativa.
Y ello porque Vox plantea "garantizar que las denuncias recibidas por los centros sean trasladadas a la Inspección educativa para su investigación". Las familias tendrán que recibir, según explicita la propuesta de los de Abascal, una respuesta "motivada en un plazo razonable".
¿Qué será susceptible de denuncia? Vox apunta a denuncias relacionadas con la "neutralidad ideológica, la utilización de materiales no autorizados, la realización de actividades de carácter político o partidista y la vulneración de los derechos reconocidos a los padres".
Vivienda
Vox ha registrado también toda una serie de propuestas de resolución en materia de vivienda, entre las que figuran la reclamación para excluir del acceso a la vivienda pública a condenados por "allanamiento o usurpación en los cinco años anteriores".
Además, Vox pretende que se materialice cuanto antes el principio de la "prioridad nacional" que logró que el PP incluyera en los presupuestos de la Generalitat. En este sentido, plantea un "sistema de prioridad y baremación" para la adjudicación de vivienda pública que tenga en cuenta la "vinculación real, efectiva y prolongada de los solicitantes con España y la Comunidad Valenciana".
En la práctica, esto debe implicar, según Vox, la valoración de criterios "objetivos" como el "arraigo real y prolongado, escolarización, trayectoria de cotización y actividad laboral", así como cualquier otra circunstancia que acredite "una especial necesidad de vivienda".
Pero más allá de la "prioridad nacional", Vox vuelve a poner el foco en la inmigración, para lo que pide al Consell que exija al Gobierno de España que vincule atención sanitaria a residencia legal. En cuanto al ámbito de competencias del Ejecutivo valenciano, Vox advierte de que no debe participar "en ningún caso" en la financiación o consolidación de la acogida de menores extranjeros no acompañados (los conocidos como menas).
En este sentido, el propio presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ya ha dicho -con la crisis de Ceuta como telón de fondo- que la Comunidad Valenciana no tiene capacidad para acoger a más menores. Aun así, Vox le pide que cumpla y publique las estadísticas "relativas a la delincuencia e inseguridad asociada con la inmigración masiva".