Aena choca contra el Gobierno por la ley de cogestión de los aeropuertos de Baleares

• ARTUR ZANÓN

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"La red de aeropuertos de interés general es propiedad de Aena y su gestión corresponde de forma exclusiva a Aena", defiende el grupo, que amenaza con "adoptar las decisiones necesarias" para defenderse.

Aena choca contra el Gobierno a cuenta de la gestión de los aeropuertos. Y no es por Cataluña ni el País Vasco, sino por Baleares, de cuyo Parlamento ha surgido una proposición de ley que, en última instancia y si completa todo su recorrido, implicaría una administración compartida de los aeropuertos de interés general del archipiélago.

En concreto, el Gobierno ha retirado el veto planteado inicialmente sobre el texto, lo que implica que el Congreso tramitará una proposición de ley aprobada en el Parlament balear el pasado 28 de abril (con el apoyo del PP y Més Mallorca, el rechazo de Voz y la abstención del PSOE) para la "cogestión" de los aeropuertos de Palma, Son Sant Joan (Mallorca), Ibiza y Menorca.

Dicho documento plantea la constitución de un comité de coordinación aeroportuaria con participación de las instituciones de la comunidad con capacidad de decisión sobre las políticas de las cuatro instalaciones.

Esto implicaría la opción de tomar medidas para limitar el número de vuelos o turistas y poner coto a la presión turística, por ejemplo. Aena tiene previstas inversiones multimillonarias en Baleares en el próximo periodo regulatorio (2027-2031) para mejorar y modernizar las instalaciones, entre las que destacan los 559 millones en Palma para remodelar el edificio procesador y la adecuación del control de seguridad de Ibiza y Menorca.

La votación de la citada proposición "no prefigura la aprobación final por parte de las Cortes", según reconoció hoy Aena, pero el solo movimiento del Gobierno ha puesto en alerta a la cotizada en la medida que el texto en cuestión "contiene previsiones claramente incompatibles con el marco legal vigente" en la medida que "la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés general".

El Estado controla el 51% de Aena; el 49% restante está en manos de inversores privados, entre los que figura TCI, que, en varias cartas, ha advertido al consejo de su responsabilidad de defenderse con todas las herramientas a su alcance en el caso de verse atacada.

"Como reiteradamente se ha manifestado, la sociedad adoptará las decisiones necesarias en defensa de la aplicación d ela legalidad vigente, del interés societario de Aena y de los derechos de la sociedad y todos sus accionistas (públicos y privados)", afirmó el grupo presidido por Maurici Lucena, uno de los pocos ejecutivos de empresas controladas por el Gobierno que se mantiene desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, en 2018.

Para Aena, un elemento central del marco regulador actual del sistema es el modelo de gestión aeroportuario de red, "incompatible con la regulación singular de un comité de coordinación aeroportuario de una autonomía al que se dotará de capacidad de toma de decisiones vinculantes sobre aspectos cuya competencia corresponde exclusivamente al Estado".

Además, defienden que el sistema aeroportuario se rige por el "principio de solidaridad económica", según el cual los mayores aeropuertos financian las pérdidas de los aeropuertos con menor actividad, mientras también "asegura una prestación de servicios eficiente y de calidad y la adecuada dotación de inversiones en todas la infraestructuras aeroportuarias, en condiciones de igualdad", lo que hace posible "un sistema de tarifas homogéneo en toda la red altamente competitivo".

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