Adicciones, una vivienda familiar convertida en narcopiso, un desalojo a la fuerza pese a la oposición de uno de sus copropietarios, una muerte, herederos, más de 7.000 euros gastados en desocupaciones y la colisión de dos empresas del sector alrededor de un inmueble cuya venta fue presuntamente pactada de palabra. Estos son los ingredientes de la historia de la familia de Marta Pérez, que trata de resumir en un correo enviado a ELMUNDO con el asunto: «un desokupa ha ocupado mi casa».
La génesis de la historia se sitúa hace más de una década, cuando su hija, Elisa, y la pareja de esta, Alberto, compraron un piso en la urbanización Torrepista de Torrejón, siendo ambos propietarios al 50%. Una vivienda en la que primero residieron y que luego ofrecieron en alquiler, hasta que en 2021 comenzó la pesadilla.
Es Marta, la madre de la copropietaria quien explica el enredo: «los inquilinos se fueron y le dieron una llave a la expareja de mi hija. Él se metió dentro y empezó a meter gente a trapichear», afirma, en referencia a Alberto, que en aquel momento ya padecía problemas de adicciones y era copropietario del 50% del piso. Ante esa situación, Marta explica que su hija contrató a la empresa de desocupación K9 Protec Fast Solutions para recuperar el inmueble. Su encargado, Richard Dantas, «sacó a todos y cambió la cerradura... pero se quedó dentro a vivir y lleva desde 2023».
Un encargo que, asegura Marta, no dejó rastro documental. «Mi hija le pagó en negro y no tiene recibo», reconoce. Según su versión, se abonaron «3.000 euros» por la intervención, y desde entonces Dantas habría ido aplazando su salida con promesas de compra del inmueble que había desokupado. «Cada mes nos decía una mentira... que si 'mañana te hago la transferencia', que si 'he tenido un accidente'... pero no ha llegado a pagar absolutamente nada», afirma. Sin embargo, el relato de Dantas es diametralmente opuesto.
Asegura que los 3.000 euros para la desocupación se pagaron «por transferencia a la cuenta de la empresa» y «con contrato». Asimismo, cuenta a GRAN MADRID que se trató de un proceso especialmente complejo, ya que sus contratantes pretendían echar del piso -en el que presuntamente se consumían drogas y había «camas calientes»- a uno de sus copropietarios, Alberto, y a personas que se encontraban allí invitadas por este, también con problemas de adicciones.
Dantas sostiene que Alberto y el resto de los moradores se marcharon por su cuenta y que, «tras comprobar que la vivienda estaba deshabitada», cambió las cerraduras e instaló una alarma, aunque no se trasladó inmediatamente a vivir allí.
Fue entonces, según su versión, cuando alcanzó un «acuerdo verbal» -que consistía básicamente en la subrogación de la hipoteca- con Elisa, pero nunca con Alberto, titular del otro 50 % del inmueble, para comprarle el piso «porque le daba miedo que se le volvieran a meter». Dantas afirma que tardó: «dos meses, de los que uno me lo pasé en un hotel, hasta que me fui a vivir allí». Con la intención de oficializar la operación, sostiene haber realizado «una transferencia bancaria [a Elisa] de 4.000 euros en cuyo concepto figura 'pago parcial de arras'».
Sin embargo, ese acuerdo nunca contó con el consentimiento de Alberto, que rechazaba vender su 50 % sin recibir una compensación económica directa. Es decir, se oponía a firmar la venta del piso si lo único que obtenía a cambio era que el comprador asumiera la hipoteca. «Él estaba de acuerdo con vender, pero quería sacarle más dinero al piso», explica el desokupa. «Algunas veces, cuando Alberto tenía mono», prosigue, «venía, se ponía a gritar en la puerta. Entonces, yo le daba 200 euros y él se calmaba». Además, sostiene contar con «pruebas y WhatsApps» en los que Elisa le reclamaba el pago de facturas relacionadas con la casa «y yo me acercaba a su trabajo a darle el dinero».
Una afirmación que contrasta con lo manifestado por la madre de Elisa a este diario, quien sostiene que durante estos dos años que Dantas ha estado viviendo en el piso: «nosotras estamos pagando todos los gastos: el IBI, las basuras, el seguro...».
La negativa de Alberto a vender sin recibir dinero bloqueó una operación que nunca llegó a formalizarse, aunque el potencial comprador, Richard Dantas, ya se encontrara dentro de la vivienda. El elemento clave que terminó por abortar esta atípica compraventa entre el desokupa, la copropietaria (y contratante del desokupa) y el copropietario (y sujeto original de la desocupación) fue la inesperada muerte de Alberto. Su fallecimiento redistribuyó los porcentajes de propiedad del inmueble, recayendo su 50% en los hijos que tenía en común con Elisa.
«Es una situación muy complicada, porque para vender el piso en su totalidad hace falta el consentimiento de todos los copropietarios -algunos menores en este caso- y la autorización de un juez, que debe valorar si la venta es necesaria o beneficiosa para los hijos, si el precio se ajusta al de mercado y cuál será el destino del dinero, siempre con la intervención del Ministerio Fiscal», explican fuentes judiciales a GRANMADRID.
Ante este enroque legal, Marta y Elisa contrataron en noviembre de 2025 a una segunda empresa de desocupación, D.I.O. Express | Desocupa24horas, para que desaloje a su compañero de gremio. «A mí no me dan ninguna información. No me dan informes, pero me dicen que han llegado a un acuerdo con él, sin concretar qué tipo de acuerdo», sostiene. Dantas, por su parte, presenta a esta compañía como una fuente de presión hacia él y su familia. «Me soltaron que me tenía que ir cuando ellos digan», afirma, y relata que «dos de mis chicos» [empleados de su empresa de desocupación] mantuvieron una «tensa» reunión con representantes de Desocupa24horas, tras la que dice haber interpuesto una denuncia en comisaría.
Marta asegura que desde Desocupa24horas le han manifestado que a Dantas «va a ser muy difícil sacarle porque 'se las sabe todas'». Como ejemplo, sostiene que Dantas «alquila una habitación a una señora que tiene dos niñas, que llevan aquí desde el verano con él», como parte de una estrategia para «hacerse vulnerable» y dificultar así un eventual lanzamiento.
Una mujer que, según Dantas, no sería una inquilina, sino su pareja, y las niñas, hijas de ella. «Ella es víctima de violencia de género y toda esta situación en la que se ha visto envuelta le está produciendo ataques de ansiedad» y perjudicando su recuperación. «Yo en junio me voy si no me pueden vender la vivienda», sentencia el okupa y posible comprador, antes de añadir rápidamente el matiz de «...pero ya veremos».
Mientras tanto, Marta trata de agilizar la salida de Dantas, aunque reconoce que ni ella ni su hija Elisa han interpuesto aún una denuncia en comisaría, a causa del sufrimiento que les estaría provocando la situación en la que se encuentra el inmueble: «Estamos las dos de psiquiatras, ansiolíticos y antidepresivos».