La sustitución del empleo por la IA amenaza directamente la recaudación del IRPF.
El Ministerio de Finanzas de Alemania ha encendido las alarmas sobre un aspecto de la inteligencia artificial (IA) que suele quedar fuera del debate tecnológico convencional: su impacto directo en la sostenibilidad de las cuentas públicas.
A través de un análisis sobre la transición hacia la "economía de la IA", el Gobierno alemán advierte de que la automatización de tareas cognitivas podría provocar un desplazamiento masivo de las rentas del trabajo hacia las del capital. En un país como España, donde el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y las cotizaciones sociales constituyen la columna vertebral del Estado del bienestar, este aviso cobra una relevancia estratégica inmediata.
Vulnerabilidad española
El modelo fiscal español se asienta sobre la premisa de que el trabajo sostiene al Estado. La recaudación por IRPF y cotizaciones sociales representa la mayor parte de los ingresos públicos ordinarios destinados a financiar la sanidad, la educación y el sistema de pensiones. Sin embargo, si la IA evoluciona desde un papel de asistencia hacia la sustitución de funciones de juicio, redacción, análisis o programación, el mercado laboral podría experimentar una contracción en su masa salarial.
El informe de Berlín apunta que, a diferencia de la digitalización previa, la IA no solo reduce costes de almacenamiento de información, sino que convierte la capacidad de computación en un servicio escalable capaz de asumir tareas que antes requerían formación superior. Para España, cuya estructura productiva cuenta con un amplio tejido de pequeñas y medianas empresas y un sector servicios vulnerable a la automatización de tareas administrativas, la pérdida de empleo cualificado o la moderación salarial implicaría una erosión directa de su base imponible.
Fuga del valor añadido
Existe, además, un factor geopolítico que complica el escenario. El grueso de la infraestructura y el desarrollo tecnológico de la IA se concentra fuera de las fronteras europeas. Según los datos analizados por Alemania, en torno al 74,5% de la capacidad de computación de los grandes clústeres de IA se ubica en Estados Unidos, frente a un escaso 4,8% en la Unión Europea.
Si las empresas españolas adoptan de forma masiva servicios de IA desarrollados en el extranjero para mantener su competitividad, una parte sustancial de las ganancias de eficiencia se transferirá al exterior en forma de licencias, suscripciones y cánones de uso. De este modo, los beneficios empresariales que antes tributaban localmente podrían desplazarse hacia las sedes de los proveedores de los llamados "modelos de frontera", dejando a las haciendas locales con un margen de recaudación mucho más estrecho.
La transición tampoco promete ser sencilla ni lineal. Los economistas advierten de la existencia de una "curva en J de productividad". Inicialmente, las inversiones organizativas, la reestructuración de procesos y la formación del personal necesarias para integrar la IA pueden reducir temporalmente la productividad registrada antes de que los beneficios reales se hagan patentes. España, que arrastra problemas estructurales de productividad, podría verse expuesta a este bache temporal en un momento de alta presión sobre el gasto público debido al envejecimiento demográfico.
Bases imponibles
Ante este panorama, la recomendación alemana pasa por el pragmatismo y la anticipación. El informe del Gobierno alemán apuesta en este caso por establecer un sistema de monitorización fiscal de la IA para evaluar si la economía se dirige hacia un modelo donde la tecnología complementa al trabajador o hacia uno donde lo sustituye.
Para la situación española, este enfoque sugiere abrir un debate riguroso sobre la diversificación de las fuentes de ingresos públicos. Si el valor económico se desplaza progresivamente del esfuerzo humano al algoritmo, la dependencia casi exclusiva de los impuestos sobre el trabajo resulta arriesgada. Los expertos alemanes apuntan a la necesidad de explorar reformas que graven los flujos de datos, la capacidad de computación y los beneficios extraordinarios de las plataformas tecnológicas globales.
Asimismo, se plantea la conveniencia de diseñar mecanismos que permitan a los ciudadanos participar de los rendimientos del capital tecnológico, evitando que las plusvalías de la automatización se concentren en un grupo reducido de corporaciones.
La tecnología no anula las leyes de la economía, pero sí altera el lugar donde se genera la riqueza. El desafío para España consiste en adaptar su estructura tributaria antes de que las bases imponibles tradicionales sufran una transformación irreversible.
Deducciones para aliviar la factura fiscal de la empresa este añoFreno a Hacienda: no puede multar si falla el aviso por correo electrónicoEl límite del 1%: la encrucijada fiscal de las grandes campañas de posicionamiento Comentar ÚLTIMA HORA