- EXPANSIÓN
Argentina ha abierto un nuevo frente judicial por las Malvinas. Esta vez, por el control de los recursos naturales del archipiélago situado a unos 500 kilómetros de la costa patagónica.
El Gobierno de Argentina ha demandado ante los tribunales penales a cinco empresas petroleras de Israel, Reino Unido y Canadá por explotar el territorio sin autorización de Buenos Aires en la búsqueda de hidrocarburos.
La administración del presidente, Javier Milei, acusa a las empresas de operar con "licencias otorgadas por el ilegítimo Gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte", lo que, según la presidencia, supone una "violación" de las leyes argentinas.
"La estructura societaria evidencia que las actividades denunciadas habrían sido desarrolladas mediante un entramado de sociedades vinculadas entre sí", señala el documento judicial al que tuvo acceso la Agencia EFE.
La apertura de este frente judicial es una más de la batería de acciones impulsadas por Milei con el objetivo de bloquear cualquier intento de extraer crudo en el archipiélago situado en el Atlántico sur que Argentina considera parte de su territorio controlado por el Reino Unido.
El primer endurecimiento de la postura sobre las islas del presidente argentino, que hasta el momento no las había puesto en el centro de su discurso, tuvo lugar el pasado jueves, cuando acudió a la televisión para anunciar una serie de sanciones contra empresas vinculadas a la explotación de petróleo y recursos en las Islas Malvinas.
Milei explicó que el Gobierno ha abierto investigaciones, con posibilidad de acabar en sanciones, contra 45 compañías por sus vínculos directos o indirectos con actividades petroleras en las Malvinas. Entre ellas figuran compañías y fondos israelíes, país aliado del presidente argentino.
Por el momento, solo cinco de ellas han sido incluidas en la demanda. La principal es la israelí Navitas Petroleum Limited Partnership LP, cuyas acciones cotizan en la bolsa de Tel Aviv. El portafolio de activos de la compañía incluye, además de las Malvinas, partes en el Golfo de México, así como en el estado de Texas, además de ser socia de petroleras estadounidenses como Beacon Offshore Energy, LLOG, ExxonMobil y PO&G.
La denuncia penal de Argentina también apunta contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd (NPDP) y contra Navitas Petroleum Atlantic Limited (NAPL), dos subsidiarias de la petrolera israelí constituidas en el Reino Unido.
El proyecto Sea Lion
La primera posee un 65% del proyecto 'offshore' Sea Lion, el que más preocupa a Milei, ubicado en la cuenca Malvinas norte, a 220 kilómetros de las islas. Es también la principal operadora del yacimiento. El 35% restante es de la británica Rockhopper Exploration, también incluida en la demanda.
El pasado mes de diciembre, estas dos empresas tomaron la decisión final de invertir en el proyecto, que entró así en fase de desarrollo, con el objetivo de comenzar a extraer crudo por primera vez en las Malvinas en 2028.
El proyecto Sea Lion cuenta con una vida útil inicial de 30 años e inversiones previstas por unos 4.000 millones de dólares (3.443 millones de euros). En caso de que la extracción resulte exitosa, se podría convertir en un «nodo» de la cuenca norte de Malvinas con la incorporación a su infraestructura de áreas adyacentes.
La compañía NAPL firmó en febrero un acuerdo con la petrolera canadiense JHI Associates la última empresa denunciada por Argentina, para asociarse en la exploración de PL001, un bloque petrolero vecino al proyecto Sea Lion.
El acuerdo incluía la compra por parte de NAPL a JHI Falkland -filial de JHI Associates- y una participación del 65% en la licencia para explorar en PL001 otorgada por el Gobierno local de Malvinas. Un permiso que, al igual que el concedido para Sea Lion, Argentina tacha de "ilegal".
Además de JHI Associates, la denuncia apunta a la también canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd, que en mayo pasado cerró un acuerdo para comprar JHI. El Gobierno argentino pide a la justicia que identifique a los directivos de las compañías denunciadas y a cualquiera que haya intervenido en las decisiones para sacar adelante el proyecto.
Navitas está presidida por el empresario israelí Gideon Tadmor, cofundador de la petrolera y una figura destacada en el sector energético de su país. Otras personas clave en Navitas son su director ejecutivo, el economista israelí Amit Kornhauser; el director ejecutivo de NPDP, Ian Ramsay; y el responsable del desarrollo y de la operación del proyecto Sea Lion, Gareth Bamford.
Las 45 empresas investigadas tienen sus sedes en Reino Unido, Israel, Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Kazajistán, Sudáfrica, Jersey (Islas del Canal) y las Islas Vírgenes Británicas. La mayoría están vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion.
Las posibles sanciones se apoyan en la Ley 26.659, que establece sanciones para personas y empresas que desarrollen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.
Si se hicieran efectivas, incluyen multas equivalentes al valor de entre 15.000 y 1,5 millones de barriles de petróleo, inhabilitaciones de entre cinco y 20 años para operar en Argentina, la confiscación de equipos y la reversión de concesiones o permisos que las compañías tengan en el país.
En respuesta al discurso televisivo de Milei, Londres reafirmó el viernes a través de una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores que las islas "son británicas y seguirán siéndolo, porque esa es la voluntad abrumadora de sus habitantes" y que su compromiso es "inquebrantable".
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