La Comisión Europea ha anunciado este miércoles un endurecimiento de su política de visados y de retornos, medidas con las que busca "prevenir la migración irregular" y tener unas "fronteras más sólidas". La medida contrasta sobremanera, y llega apenas dos días después, de la decisión del Gobierno de España de aplicar una regularización masiva de medio millón de inmigrantes.
Y aunque no se abordan exactamente las mismas cuestiones, ya que la primera hace frente a la migración ilegal y la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez busca legalizar la situación de las personas que ya están en territorio español, la diferencia en los criterios aplicados es clara. No solo eso, sino que ahonda en las diferencias que existen entre el enfoque predominante en la UE y el que aplica España.
España se ha quedado prácticamente sola en su rechazo a los centros Meloni de deportación fuera de la UE, y el Gobierno sigue defendiendo un sistema de trabajo en estrecha colaboración con el país emisor para evitar los flujos migratorios. Pero en Europa ya casi nadie piensa así. "Unas fronteras fuertes de la UE que garanticen un control eficaz de quién entra en nuestra Unión son clave para la política migratoria de la UE", explica la Comisión, que añade que "un retorno rápido, eficaz y digno es indispensable para el buen funcionamiento y la credibilidad de nuestro sistema de migración y asilo".
En Bruselas, sin embargo, evitan entrar a valorar la decisión del Gobierno español. "Estamos al tanto de la nueva ley aprobada en España. Las decisiones y políticas para regularizar la situación de los nacionales de terceros países en situación irregular es responsabilidad de los Estados miembro", ha señalado el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, al ser preguntado por cómo encaja la nueva política anunciada hoy por la Comisión con la medida de Sánchez.
"Sí, debemos distinguir entre ilegal y legal, pero claro que están vinculados, y encontrar soluciones para las vías legales es, por supuesto, algo en lo que también debemos trabajar", ha proseguido Brunner, para a continuación insistir de nuevo: "Nuestro trabajo es prevenir, hacer todo lo posible para luchar contra la migración irregular. Así que este es ahora un tema distinto. Se trata de personas que ya están en Estados miembros de la UE. Y, en ese caso, es, por supuesto, competencia de los Estados miembros decidir cómo quieren reaccionar, cómo quieren actuar y cómo abordar la parte de la migración legal y los trabajadores, la mano de obra que necesitan para sus países. Y eso es lo que está haciendo España".
Las palabras del comisario austríaco son también muy relevantes porque suponen un freno para el PP y Vox. Ambas formaciones han intentado elevar la regularización masiva a Europa, sosteniendo que si en España hay un proceso de tal volumen esto puede afectar al resto de países.
"El Partido Popular ha llevado a la Comisión Europea la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno de España para que analice si va en contra de los acuerdos de política migratoria europea, y si una medida de este alcance puede aplicarse con carácter general o, por el contrario, debe abordarse caso a caso, conforme a los compromisos asumidos por los Estados miembros", informaban hoy mismo fuentes del PP.
Y la eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha añadido que las decisiones unilaterales en materia migratoria tienen "consecuencias que trascienden el ámbito nacional y afectan al conjunto de la Unión Europea", por lo que considera imprescindible "garantizar el respeto a los compromisos europeos y la coherencia con el marco común de migración y asilo". Pero Bruselas ha sido ya muy clara: no está entre sus competencias el opinar y legislar sobre esta cuestión.