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El Ejecutivo autonómico pagará casi 500 millones a varias cadenas afectadas por la moratoria de 2003 y abre la puerta a nuevos proyectos en Canarias
El Gobierno de Canarias y varias cadenas hoteleras locales, entre las que destaca Lopesan, han dejado atrás casi un cuarto de siglo de litigios en las islas con un acuerdo que implica que el Ejecutivo regional pagará a la compañías afectadas por el impacto de la moratoria turística en algunos de sus proyectos una indemnización de cerca de 500 millones de euros. Este desembolso supone la mitad de la cifra reclamada por estas empresas.
El principal beneficiado del acuerdo es Grupo Lopesan, que recibirá unos 300 millones de euros, al ser la cadena que tuvo que frenar un mayor número de proyectos por la moratoria en Fuerteventura y Gran Canaria. Según informa el medio canario Atlántico Hoy, Lopesan ingresó ya el dinero el pasado martes. Fuentes de la cadena consultadas por EXPANSIÓN descartaron hacer ningún comentario al respecto.
Además de la indemnización, el acuerdo del Gobierno regional con las cadenas abre la puerta a construir en algunas de las parcelas afectadas por la moratoria. El Ejecutivo autonómico ha decidido no aplicar de forma automática la reclasificación de las parcelas como suelo rústico durante cinco años, dejando que sean los planeamientos municipales vigentes los que determinen qué uso puede darse a cada una de ellas.
Municipios afectados
Las 36 parcelas afectadas por la medida se localizan en los términos municipales de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, ambos en Gran Canaria, así como Pájara (Fuerteventura) y Yaiza (Lanzarote). En concreto, de las parcelas afectadas una treintena están en el sur de Gran Canaria, cinco en Fuerteventura y una en Lanzarote.
El conflicto entre las empresas y el Gobierno canario tiene su origen en la Ley 19/2003, del 14 de abril, que aprobaba las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, dando continuidad a la llamada moratoria turística iniciada en el año 2001 (ver información adjunta).
Ante estas medidas, varias empresas acudieron a los tribunales al considerar que la moratoria les impidió materializar derechos urbanísticos que ya tenían reconocidos antes de que el Gobierno de Canarias, liderado entonces por Román Rodríguez, del partido Coalición Canaria, aprobará la Ley 19/2003.
Además de Lopesan, entre las cadenas afectadas por la paralización de proyectos hoteleros debido a la moratoria estaban también Grupo Satocan, Dreamplace o Seaside Hotels.
Suspensión de proyectos
Las empresas hoteleras afectadas contaban con suelos clasificados de turísticos antes de la entrada en vigor de la moratoria y disponían de Plan Parcial y de Proyecto de Urbanización aprobados por todas las administraciones públicas canarias, incluido el propio Gobierno regional.
Los suelos, pendientes de desarrollo, se vieron afectados por la entrada en vigor de la moratoria, lo que implicó la suspensión de todos los permisos, licencias y autorizaciones.
Se espera que algunas empresas estudien, a partir de ahora, si el planteamiento municipal vigente permite relanzar en las parcelas afectadas sus proyectos hoteleros en las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote.
Firman la paz tras casi 25 años de litigios en las islas
Los orígenes del conflicto están en el Decreto 4/2001 aprobado hace ya un cuarto de siglo con el propósito de cambiar el modelo territorial de Canarias hacia uno que implicará un desarrollo sostenible del turismo. La Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente prohibió el otorgamiento de nuevas licencias turísticas durante un año en Tenerife, Gran Canarias, Fuerteventura y Lanzarote, y durante seis meses en El Hierro, La Gomera y La Palma. El decreto estableció también medidas cautelares que suspendían la tramitación y aprobación de determinados instrumentos de planeamiento y de ejecución relacionados con el uso turístico. Esto implicó que varias empresas y ayuntamientos recurrieran ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que suspendió el decreto.
Dos años después vio la luz la Ley 19/2003, una moratoria que definió un nuevo modelo territorial y turístico; limitó el crecimiento de nuevas plazas turísticas; y obligó a adaptar el planeamiento urbanístico insular. Esta norma provocó que propietarios que ya tenía un aprovechamiento urbanístico concedido no pudieran materializarlo y ocasionó asimismo una avalancha de recursos por parte de algunos afectados.
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