Santos Cerdán ya protegía en 2018, cuando el PSOE acababa de llegar a La Moncloa, a Eugenio Domínguez, el alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera que ha confesado a la Guardia Civil haber aceptado cinco millones en sobornos de Forestalia a cambio de permisos medioambientales.
Cerdán, como descubrió la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en junio de 2025, incluyó el nombre de Domínguez en una lista de funcionarios que debían permanecer en los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente para, presuntamente, valerse de ellos en las prácticas corruptas de la trama Koldo.
El PSOE acababa de llegar al poder y Koldo García, el ex guardaespaldas, asesor y hombre para todo del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, le hacía llegar a Fernando Morales, alto cargo de Acciona, una lista de funcionarios de Fomento que debían permanecer en sus puestos porque, «como no podamos meter [a] alguno», le escribía Cerdán a Koldo, «nada será posible».
Los agentes dan por hecho que se refería a su enriquecimiento personal mediante mordidas a cambio de contratos y permisos públicos, pero la sombra de una financiación irregular del partido va tomando cuerpo en la medida en que las distintas tramas se van conectando, muchas a través de la figura de Antxon Alonso.
El empresario vasco lo mismo medió para acercar a Bildu y al Gobierno que maniobró para que la trama se posicionara ante el Ejecutivo navarro para presuntamente conseguir contratos, que llevó al dueño de Forestalia a Pamplona, que incluso conectó al entorno de Fernando Samper con Domínguez, ambos detenidos la semana pasada.
Domínguez ha confesado que, en efecto, Antxon llegó a él a través de un conocido común dedicado al negocio de las renovables, y que incluso le explicaron cómo debía crear un par de sociedades para cobrar los sobornos. Lo hizo sin acotar los hechos temporalmente, pero dando a entender que la conexión se produjo no mucho antes de 2022, cuando comienza a favorecer a Forestalia desde el Ministerio.
Sin embargo, su nombre está en esa lista en poder de Koldo García desde 2018, una lista en cuya parte superior se puede leer el nombre «SANTI» -obviamente por Cerdán-, y en la que junto a su nombre se había escrito: «Es el actual subdirector, mantenerlo en el cargo, lleva bastante tiempo en el puesto con diferentes gobiernos».
Esa última frase no era cierta. Domínguez sí llevaba tiempo en Medio Ambiente -desde principios de los 2000- cuando consiguió plaza de alto funcionario, pero había sido nombrado subdirector apenas en 2017, todavía con el PP en el poder, y con Isabel García Tejerina liderando el Ministerio.
La investigación de la rama de Medio Ambiente de la Unidad Central Operativa (UCOMA) de momento ha logrado acreditar los cinco millones cobrados a base de acaparar todos los expedientes de Forestalia, y decenas más de otros proyectos, para dar permisos medioambientales que de otra forma no se habrían conseguido.
Pero los ángulos aún oscuros de la historia parecen muy importantes. Cerdán batalló en su momento para que Domínguez, que apenas acababa de llegar al cargo, se mantuviera en él -controlando el grifo que permitía o no que se instalaran parques eólicos o fotovoltaicos en ubicaciones prohibidas por las normas-, y otro dato sugiere que la protección de Domínguez iba aún más allá: a su jubilación en 2023, después de permitir más parques él solo que su cincuentena de subordinados, desde la Secretaría de Estado entonces liderada por Hugo Morán se le ofreció un contrato de carácter político, como asesor, a dedo.
Gracias a él, Domínguez, según relató él mismo a EL MUNDO a finales de noviembre, cuando este diario publicó las quejas de sus subordinados por sus «presiones» en favor de aprobaciones ambientales, fue «premiado» por sus superiores con unos meses de contrato ya jubilado. Quién le premió y por qué, ahora que se han evidenciado los sobornos, son otras de las incógnitas del caso Forestalia, que ha acabado siendo otra pata más del caso Koldo.