- Desconcierto entre empresas y profesionales por la prórroga de Verifactu a última hora
- Así cambiarán las facturas con el nuevo sistema Verifactu
El Congreso de los Diputados aprueba el decreto de concesiones a Junts que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada y que incluye la extensión en un año del plazo para la entrada en vigor del sistema de verificación de facturas de la Agencia Tributaria.
El Congreso de los Diputados ha dado este jueves luz verde al decreto que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada en un intento de recuperar el apoyo de Junts y que, entre otras medidas, incluye la prórroga de un año para la puesta en marcha obligatoria del sistema de verificación de facturas de la Agencia Tributaria, Verifactu, por parte de las empresas y profesionales.
Con la convalidación, se confirman las nuevas fechas para la obligatoriedad de cumplir con las nuevas reglas recogidas en la Ley Antifraude, entre las que destacan los nuevos requisitos para todas las empresas y profesionales que utilicen sistemas informáticos de facturación (SIF) con el objetivo de mejorar el control del fraude fiscal.
Las sociedades deberán tener sus sistemas de facturación adaptados a los requisitos de Verifactu antes del 1 de enero de 2027; mientras que los autónomos tendrán seis meses más de plazo, hasta el 1 de julio del mismo año.
Esta es la segunda prórroga -la primera fue en abril- que aprueba el Gobierno sobre la fecha inicial de entrada en vigor de Verifactu, prevista en un primer momento para junio. Con esta extensión, Hacienda acerca el inicio de las obligaciones de la Ley Antifraude a la puesta en marcha de la factura electrónica obligatoria, una medida paralela sobre la que aún no hay una fecha definida. En este último caso, desde la publicación de la orden ministerial correspondiente, aún pendiente, las empresas tendrán un año para adaptarse cuando facturen más de ocho millones de euros; y dos, si sus ingresos son inferiores.
Desconcierto entre empresas y autónomos por la prórroga
La extensión del plazo anunciada la semana pasada ha generado división de opiniones en el tejido empresarial en los últimos días. Pese a la celebración inicial de la patronal catalana, Pimec, y la principal organización de autónomos del país, ATA, numerosas voces se han posicionado contra una medida que, consideran, responde a un claro interés político y perjudica a las empresas y profesionales que en los últimos meses han invertido mucho tiempo y recursos en adaptarse a las exigencias de Verifactu.
En este sentido, Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Economistas (CGE) explicaba a EXPANSIÓN hace unos días que "muchas empresas han tenido que elegir la adaptación a Verifactu entre sus prioridades este año, dejando de atender otras cuestiones importantes para su crecimiento por falta de tiempo y dinero".
En la misma línea, desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), valoraron que "modificar en el último momento una obligación de tal relevancia afecta directamente a la confianza de las empresas en la estabilidad normativa y genera dudas sobre la capacidad de previsión de la política fiscal. En un entorno económico ya complejo, la seguridad jurídica y la claridad institucional deben ser pilares irrenunciables".
Las críticas también llegan desde el núcleo del Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) manifestó hace unos días su "inquietud" por la aprobación del Real Decreto-Ley que modifica, "sin un proceso previo de contraste técnico suficiente" el plazo para la puesta en marcha del sistema Verifactu de verificación de facturas, apenas unos días antes de la fecha marcada por muchas empresas en el calendario, el 1 de enero, después de haber extendido ya en seis meses el día de entrada en vigor inicial.
También Javier Hurtado, inspector adjunto al jefe de área de la Oficina Nacional de Control del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria y uno de los máximos responsables del diseño de Verifactu, acogió la noticia "con gran perplejidad para todos los que hemos empujado este proyecto desde hace más de cuatro años", y pidió disculpas " a tantas y tantas empresas, desarrolladores y despachos que han confiado en que se cumplirían los plazos que veníamos comunicando, de buena fe y con la mejor voluntad".
¿Qué obligaciones se retrasan hasta 2027?
Aunque la mayoría de los datos que deberán incluir las facturas cuando el sistema sea obligatorio son los mismos que contiene un recibo tradicional, el nuevo sistema de verificación supondrá la incorporación de más información.
En la mayoría de los casos, los programas de facturación electrónica que utilizan las empresas y los profesionales lo harán por defecto, aunque el consejo de los expertos es que se compruebe, al menos, durante los primeros meses desde su puesta en marcha, mientras la Agencia Tributaria ya mantiene operativa su propia herramienta adaptada a los requisitos. En este sentido, desde ATA recomiendan a los autónomos utilizar la prórroga para adaptarse progresivamente, ya que "no se tendrán en cuenta los posibles errores fruto de la adaptación al nuevo sistema".
Las nuevas facturas adaptadas al sistema de verificación electrónica de la Agencia Tributaria deberán incluir, además de los campos clásicos, como el número, la fecha de expedición o los datos del emisor y el receptor, otros nuevos, como el identificador del software o del sistema emisor del recibo. También la huella digital de la factura, conocida como hash.
Pero, sin duda, la gran novedad recogida en la normativa es la obligatoriedad de incluir un código QR o un número identificador cuando la factura se envía en papel, mediante el cual el receptor de la misma podrá comprobar que ha sido correctamente registrada en el sistema de la Agencia Tributaria.
El resto de datos se mantendrán inalterables, por lo que no será necesario incluir el método de pago o la fecha de vencimiento, explican los asesores.
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