Las mujeres en la Policía Nacional no confían en el protocolo interno cuando una agresión sexual tiene a un mando del Cuerpo como protagonista. La decisión de acudir directamente a los tribunales (y no a la Policía) de la mujer que ha puesto ante un juez al máximo cargo uniformado del Cuerpo por una presunta violación secunda el sentir de las agentes de todas las escalas. La víctima del director adjunto operativo (DAO) -hombre de absoluta confianza de Fernando Grande-Marlaska- evitó el circuito policial porque temía el aislamiento y que se desactivara su denuncia. Sus compañeras le dan la razón.
«Los protocolos no funcionan cuando se denuncia a un mando. Hay mucho miedo y, generalmente, la víctima acaba de baja psicológica», concluyen con unanimidad agentes de todos los niveles consultadas por este periódico. «El problema es que cuando hay una denuncia contra algún miembro de la cúpula, se guarda en un cajón y desaparece. No sucede lo mismo cuando la denuncia va contra un policía de las escalas inferiores», razona una inspectora.
Lo que sigue a poner en conocimiento del Cuerpo cualquier tipo de agresión, según sus testimonios y experiencia, son las «presiones», algo que convierte a las denunciantes en «perjudicadas». Es entonces cuando, atestiguan, piden las bajas psicológicas o cambios de destino. «Lo que ha pasado con el DAO va a marcar un antes y un después porque ha demostrado que, independientemente de lo que suceda, la vía penal está ahí. Y estaba olvidado», explica otra de las agentes de la escala de mandos. Tal como indican, las policías que han denunciado internamente una situación de acoso cometida por un miembro de la escala superior no se platearon acudir a los tribunales. «Piensan que no va a servir para nada. El poder de los superiores frena la denuncia».
En esta línea, se pronunció también ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, que pidió revisar los protocolos que la Administración Pública tiene en este ámbito para que las mujeres se animen a denunciar. Además, criticó duramente al ya ex DAO de la Policía Nacional. Calificó su comportamiento como «rechazable» e insistió en que le «avergüenza», le «conmociona» y «siente un profundo dolor». «Me parece tan sorprendente que todavía puedan ocurrir estos comportamientos en el ámbito de la Administración Pública», agregó.
Pese a su férrea postura, la titular de Defensa eludió valorar las palabras del ministro del Interior, que aseguró que si la víctima se sintió desprotegida, dimitiría, y tampoco se pronunció si su compañero en el Consejo de Ministros se equivocó al nombrar a José Ángel González. Sí ha dijo que «no le gusta que, políticamente, quien tiene mucho que callar esté utilizando estos temas», sin realizar un señalamiento concreto. La ex militar y ex diputada del PSOEZaida Cantera recodaba ayer que sólo prospera una de cada diez denuncias en el Ejército evidenciando que esta estadística y lo que ha sucedido con el DAO podría ser el patrón clásico de «abuso de poder» en cuerpos jerarquizados.
Las agentes de la Policía Nacional consultadas coinciden en el «miedo» que existe a denunciar este tipo de conductas. « Hay temor de que no haya imparcialidad. Hay miedo a que te vean, a que te señalen, es lógico porque al final es una organización jerarquizada». «Tenemos miedo a ser juzgadas por denunciar a un jefe. A veces no sabes con quién estás tratando y en quién confiar. Está claro que el protocolo no funciona y que una denuncia puede acabar con nuestra carrera», advierte una policía con muchos años de experiencia. La misma agente no se sorprende de que la compañera -inspectora- que ha denunciado al González haya decidido saltarse los protocolos internos y su punto de vista ilustra lo que, tal como explican, sucede dentro del Cuerpo.
«Es lógico que haya ido por la vía judicial y lo haya escondido por tratarse del DAO. Yo también lo habría hecho». «Entendemos que la víctima haya decidido acudir estratégicamente a sede judicial porque iba contra el hombre más poderoso de la Policía Nacional. Se entiende porque ella tenía miedo a represalias o a que su denuncia acabara directamente en un cajón», recalca Laura García, portavoz del sindicato Jupol.
La presunta víctima de González, que había tenido una relación previa con él, aprobó para ascender antes de que, presuntamente, el DAO la obligara a masturbarle y le introdujera los dedos en la vagina en un piso de Madrid el 23 abril de 2025. Tras superar la prueba, solicitó «todos los destinos posibles en Madrid», que son «más de 30» y, finalmente, la Policía le dio la plaza en el edificio en el que está ubicada la sede de la Dirección General de la Policía, donde se integra la Dirección Adjunta Operativa.
Esta circunstancia motivó que causara baja dos días después de incorporarse a su puesto de trabajo a finales de julio por la posibilidad de encontrarse con su presunto agresor. Desde entonces y hasta que se presentó la querella, en enero de este año, la Policía no hizo seguimiento de su estado.