- JAVIER AYUSO
Pase lo que pase, el presidente del Gobierno parece decidido a seguir pagando el alto precio que le exige el independentismo.
Se van a cumplir diez años de la celebración del referéndum en Reino Unido para salir de la Unión Europea. El 23 de junio de 2016 el 51,9% de los británicos apoyó la propuesta impulsada por Nigel Paul Farage y convocada por el primer ministro David Cameron. Una votación que se planteó con la intención de perderla, pero que abrió un camino tremendamente negativo para el país. Un proceso que acabó con la carrera política de Cameron.
En España nunca se ha planteado una salida de la UE. Al contrario, los partidos políticos mayoritarios se muestran firmemente europeístas y defienden a Bruselas frente a las críticas de los independentistas. Sin embargo, Pedro Sánchez está provocando un Brexit interno para permanecer en el poder. Como los independentistas catalanes y vascos tienen claro que nunca podrán lograr la independencia, se plantearon en su día una estrategia diferente: sacar al Estado de sus respectivas comunidades autónomas. Y la táctica está dando muy buenos resultados.
El presidente del Gobierno llegó a La Moncloa en 2018 gracias al apoyo de la ultraizquierda y de los grupos secesionistas. En los últimos siete años ha ido renovando sus acuerdos con el independentismo sobre la base de importantes cesiones que ellos mismo habían declarado ilegítimas e incluso inconstitucionales. Pero con la máxima sanchista de "hacer de la necesidad virtud", se fueron saltando todas las líneas rojas con los indultos, la amnistía, las ventajas penitenciarias para los presos etarras o los traspasos de competencias en algunos asuntos que dependen constitucionalmente del Estado.
El líder socialista está dispuesto a todo con tal de prolongar su mandato hasta 2027. Incluso a seguir renunciando a las competencias del Estado para entregárselas a los gobernantes de Cataluña y el País Vasco. Los votos en el Parlamento español justifican todas las cesiones, aunque ya ni eso le está sirviendo para mantener una cierta estabilidad. La voracidad del separatismo ha llevado a Junts a romper por el Gobierno, mientras ERC, Bildu y el PNV intentan sacar el máximo partido a la debilidad de la coalición.
En ese contexto, el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el presidente del Gobierno y el de ERC, el inhabilitado Oriol Junqueras, es un paso más en la pérdida de competencias del Estado frente a Cataluña. La lista de traspasos es ingente, pero la demostración de fuerza del secesionismo para seguir apoyando al PSOE en los parlamentos de Madrid y Barcelona es una importante vía de agua en el orden institucional español. Tras anunciar la condonación de miles de millones de euros de la deuda catalana al FLA, ahora se ha aprobado un nuevo modelo de financiación autonómica que tan solo beneficia a Cataluña frente al resto de las comunidades autónomas españolas. No hay duda de que es un paso más hacia la creación del cupo catalán, a imagen y semejanza de los de País Vasco y Navarra, pero sin respaldo constitucional.
El problema es que la reforma de la financiación autonómica propuesta por el ejecutivo ha recibido el rechazo de todos los gobiernos regionales (incluido los socialistas de Asturias y Castilla La Mancha), salvo el catalán, y las críticas de la mayoría de las fuerzas políticas, incluidos algunos partidos aliados suyos, como Junts. Pero parece que ni a Sánchez ni a María Jesús Montero (vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en Andalucía) les importa que el proyecto vaya a fracasar en el Parlamento y que el intento vaya a destruir las esperanzas de recuperación electoral en las regiones llamadas a las urnas este año.
Es cierto que el modelo de financiación autonómica estaba caducado desde hace once años. La polarización y el desacuerdo absoluto entre el PSOE y el PP ha impedido cualquier intento de acuerdo. Pero el gobierno ha optado por tirar por la calle de en medio y pactar con ERC una reforma que pretende imponer al resto de España. La negativa está siendo unánime, porque rompe una línea roja importante, al aplicar el principio de ordinalidad tan solo a Cataluña. Este principio, que va contra el de solidaridad que ha imperado en el sistema, supone que ninguna autonomía aportará más fondos a la caja común de lo que recibe de las arcas del Estado. Eso se llama legislar a la carta y, además, supone el primer paso hacia la soberanía fiscal catalana.
Emiliano García Page y Adrián Barbón, los barones socialistas que gobiernan en Castilla La Mancha y Asturias, se han sumado a todos los líderes del PP al rechazar la propuesta. Page ha llegado a decir que "la ordinalidad choca con el ideario del PSOE, que defiende la solidaridad interregional". Además, ha anunciado un debate en el Parlamento Regional para oponerse al proyecto. Lo que no se ha atrevido a afirmar es que los diputados socialistas de su comunidad en las Cortes Generales votarían en contra del nuevo sistema.
Pase lo que pase, Pedro Sánchez parece decidido a seguir pagando el alto precio que le exige el independentismo, aunque eso suponga una salida del Estado de Cataluña y el País Vasco. Esta misma semana, el PNV decidió doblar la apuesta. Su presidente, Aitor Esteban, dijo que "no nos quedaremos con los brazos cruzados" al exigir las transferencias pactadas pendientes. Y el jueves se llegó al acuerdo para el traspaso de cinco nuevas competencias, entre ellas las prestaciones de desempleo. Un paso más en el Brexit particular del líder socialista.
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