El Congreso dio el pasado martes luz verde a la mayor inversión del Estado en dependencia de la democracia: 6.200 millones de euros más -respecto a lo presupuestado en 2023- que el Gobierno invertirá en esta materia y que hará que la Administración General asuma, ya en 2027, el 50% del coste del sistema.
Estos fondos extra, además de facilitar el cumplimiento de la nueva exigencia legal -que Estado y comunidades costeen a la mitad la financiación-, generarán entre 107.735 y 115.050 puestos de trabajo en el sector de la dependencia, según estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales. Los datos de afiliación a la Seguridad Social del primer trimestre de 2026 cifran en más de medio millón las personas hoy empleadas en la atención a la dependencia.
La creación de nuevos puestos de trabajo irá, en cierta medida, de la mano de la aportación monetaria extra que reciba cada autonomía. Así, será en Andalucía donde se generen más empleos -23.577, estima el Ministerio-, pues esta comunidad recibirá la mayor inyección estatal para dependencia: 954 millones de euros más del Gobierno hasta 2027. Por detrás, los 680 millones de euros que irán a la Comunidad de Madrid emplearán allí a 22.315 personas más en el sector de la dependencia, y los más de 500 millones que recibirán Cataluña y Comunidad Valenciana darán trabajo a otras 25.000 personas, entre ambas.
Además, desde el Ministerio se ha trasladado que es un "objetivo prioritario" que la financiación extra que se aportará "se traduzca en una mejora de las condiciones laborales" de los trabajadores del sector de la dependencia -la mayoría, mujeres-, tanto en la escala salarial como en lo relativo a estabilidad y formación. De hecho, para incidir en este asunto, Derechos Sociales ha impulsado una mesa de diálogo con sindicatos y patronal en busca de que los agentes sociales "puedan llevar a cabo una mejora inmediata de sus condiciones", según trasladan desde el Ministerio.
Los puestos de trabajo que se generen a partir de este paquete inversor vendrán asociados a las mejoras en la atención a la dependencia que la cartera que dirige Pablo Bustinduy (Sumar) prevé impulsar, tanto en términos de beneficiarios como en las prestaciones que recibe cada uno. Respecto a lo primero, el Ministerio estima que los 6.200 millones de euros extra que se van a destinar a este fin permitirán que, en 2027, haya 417.000 beneficiarios más de los servicios a la dependencia. Según los últimos datos facilitados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), a 30 de junio de 2026, 1.853.859 españoles constaban como beneficiarios del sistema de dependencia y tenían derecho a una prestación.
Andalucía, con más de 100.000 nuevos beneficiarios de las ayudas a la dependencia en 2027, será de nuevo la comunidad que más note el efecto de la inyección de fondos, seguida de la Comunidad Valenciana -61.727 beneficiarios más-, Cataluña -61.470 más- y Madrid -60.876-.
La cartera de Bustinduy también prevé que la inversión aprobada contribuya a reducir las listas de espera vigentes en el sistema de dependencia: 142.887 personas aguardaban a finales de junio una resolución que les permitiera acceder a las prestaciones por cuidados. Según el Ministerio, esta lista podría reducirse en 71.000 personas para 2027 gracias a los fondos extra que aportará el Estado a las comunidades.