- SpainDC cree que el decreto para los 'data center' es un 'veto' que acabará con el sector
- El 80% de la energía de los 'data center' deberá ser renovable
El calendario figura en el plan IA360 presentado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que define la hoja de ruta del Ejecutivo en inteligencia artificial.
El Gobierno prevé aprobar en octubre el real decreto que regulará los centros de datos, una norma que ha generado oposicion en el sector y que el Ejecutivo considera clave para ordenar el despliegue de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la inteligencia artificial.
La regulación se encuentra actualmente en fase de análisis de alegaciones tras cerrarse el proceso de audiencia pública el pasado 4 de septiembre. El calendario de aprobación en octubre figura en el plan IA360 presentado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una hoja de ruta para los próximos doce meses articulada en torno al refuerzo de las infraestructuras tecnológicas, el impulso a la adopción de inteligencia artificial por parte de empresas y trabajadores, el fortalecimiento de la ciberseguridad, el desarrollo de mecanismos de gobernanza de esta tecnología y la consecución de un contrato social alrededor de la IA con sindicatos y patronal.
Oposición
El real decreto llega en medio de una fuerte oposición por parte de la industria. La patronal de centros de datos SpainDC ha advertido de que, si la norma sale adelante en sus actuales términos, España podría poner en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión prevista para el sector hasta 2030, que cifra en 67.000 millones, y se convertiría en el país con el marco regulatorio más restrictivo de la Unión Europea.
En el plan hecho público hoy, el Gobierno remarca que las solicitudes de acceso a la red eléctrica asociadas a centros de datos superan ampliamente los 2,5 gigavatios de demanda efectiva que el Gobierno estima para 2030. El Ejecutivo considera que atender toda esa demanda potencial exigiría importantes refuerzos de la red eléctrica sufragados por el conjunto de los consumidores. Por su parte, la patronal ha señalado que alcanzar los 2 o 2,5 GW supondrían menos del 2% de la generación total, "una cifra casi insignificante".
Gigafactoría
El Gobierno da por hecho que España contará con una de las gigafactorías de inteligencia artificial, a tenor de lo que recoge en el plan IA360. Sin embargo, hay que recordar que la convocatoria europea en la que compite España para atraer uno de estos grandes centros de datos para IA permanecerá abierta hasta el 12 de noviembre y la Comisión no prevé adoptar las decisiones de adjudicación hasta comienzos de 2027.
El documento del Ejecutivo contempla febrero de 2027 como fecha para el inicio de las obras y prevé que la instalación entre en funcionamiento en 2028. La gigafactoría movilizará 5.000 millones de euros de inversión público-privada, de los que 719 millones procederán de fondos públicos, y aspira a convertirse en la mayor infraestructura de computación del sur de Europa con 100.000 aceleradores de IA operativos entre 2028 y 2029.
Seguridad de la IA
El plan también refuerza el papel de la AESIA, que albergará un nuevo Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial encargado de evaluar modelos avanzados, desarrollar herramientas de supervisión y coordinar la respuesta ante riesgos asociados a esta tecnología, en plena polémica por la seguridad de los modelos de vanguardia de inteligencia artificial. El Gobierno prevé constituir su núcleo técnico inicial antes de que finalice 2026 y convertirlo en el interlocutor español con los institutos internacionales especializados en seguridad de la IA.
El plan incorpora además un programa de refuerzo de la ciberseguridad frente a las amenazas derivadas de la inteligencia artificial. Como primera medida, el Gobierno lanzará en octubre un proyecto piloto de escudo cibercuántico con el sector financiero y prepara nuevas actuaciones para acelerar la transición a sistemas de criptografía poscuántica, incluyendo la aprobación de un Real Decreto que establezca un marco común para la transición a la criptografía poscuántica en el sector público y en los ámbitos sujetos a normativa de ciberseguridad.
Contrato social
Asimismo, Pedro Sánchez anunció que convocará en octubre a los agentes sociales para negociar un contrato social para la inteligencia artificial, una iniciativa con la que el Gobierno pretende abordar el impacto que esta tecnología tendrá sobre el empleo, la economía y la sociedad. El contrato social se articulará mediante mesas sectoriales en ámbitos como la educación, el mercado laboral, el sistema financiero y la cultura. El plan también contempla la creación de un observatorio permanente para analizar su impacto en el empleo y orientar futuras decisiones en materia de formación y adaptación regulatoria.
Formación
El Ejecutivo también ha avanzado su intención de integrar la inteligencia artificial en el currículo de secundaria y de la formación profesional, así como incluir línea específica de formación en IA dirigida al profesorado. El calendario marcado contempla presentar la iniciativa y negociarla con las CCAA en el primer trimestre de 2027.
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