El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) debatirá esta semana sobre el recurso de amparo presentado por el fiscal Eduardo Esteban contra la anulación, hasta en dos ocasiones por parte del Tribunal Supremo, de su nombramiento como fiscal de Sala coordinador de Menores. La ponencia del magistrado progresista Ramón Sáez, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, propone estimar la demanda del recurrente y ascenderlo a fiscal de la máxima categoría del Ministerio Público.
El caso de Esteban fue especialmente paradigmático dentro de la Fiscalía, ya que evidenció la sesgada política de nombramientos llevada a cabo por Dolores Delgado como fiscal general del Estado, basada en afinidades personales y asociativas más que en méritos profesionales.
Durante su mandato, la ex fiscal general y ex ministra de Justicia de Pedro Sánchez fue duramente criticada por la Carrera Fiscal por sus nombramientos, donde continuamente premió a miembros de la Unión Progresista de Fiscales, la asociación a la que ella pertenece.
En abril del año 2022, el Supremo anuló por primera vez el nombramiento de Esteban como fiscal de Sala de Menores alegando tanto la falta de motivación en la designación como el abismo existente entre su currículum y el del otro aspirante a la plaza, el fiscal de Sala José Miguel de la Rosa. Pese a ello, Delgado volvió a nombrar a Eduardo Esteban para el cargo obviando que el Alto Tribunal había sentenciado que se trataba de una plaza de especialista y que los currículos entre los dos aspirantes no eran parangonables; entre otras cuestiones, porque De la Rosa era ya fiscal de la máxima categoría cuando solicitó la citada plaza discrecional y contaba con una prolija trayectoria en materia de Menores.
El Constitucional enmienda al TS y dice que el cargo es «discrecional»
La Sala Tercera, en un hecho insólito en toda la historia de la Fiscalía, anuló por segunda vez el nombramiento de Esteban como fiscal de Sala de Menores. En las sentencias, los magistrados indicaron que el fiscal general del Estado puede «legítimamente considerar a unas personas más valiosas e idóneas que otras (...) pero elevar este inevitable sesgo a criterio explícito, objetivo y legítimo de preferencia no es ajustado a Derecho».
Ahora, el Constitucional se dispone a enmendar el criterio del Alto Tribunal. El proyecto de sentencia de Sáez sostiene que la plaza de fiscal de Sala de Menores se trata de «un nombramiento que la ley configura inequívocamente como discrecional».
La ponencia indica que «las plazas de fiscales de sala, esto es, de la categoría primera de la carrera fiscal, están específicamente insertas en la estructura orgánica de la Fiscalía General del Estado, bajo la dirección inmediata del fiscal general, y no están relacionadas con el desempeño de funciones forenses ante órganos jurisdiccionales determinados, particularmente ante el Tribunal Supremo». Asimismo, añade que el ejercicio de las «amplias funciones» que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) atribuye al «fiscal general del Estado siempre ha requerido la configuración de órganos centrales directamente dependientes de él e igualmente dirigidos por un fiscal de sala».
El proyecto de sentencia propone ascender al nivel más alto a Esteban
El proyecto de sentencia de Sáez sostiene que el Tribunal Supremo «no dedica ningún razonamiento jurídico a dilucidar cuál es la base normativa que impide la valoración conjunta de otros criterios distintos al de especialización y asume, sin base legal explícita que sustente tal conclusión, que las facultades discrecionales de la fiscal general del Estado deben orientarse exclusivamente a dilucidar quién de los candidatos en liza es el que tiene una mayor especialización en el área de menores».
Para el Tribunal Constitucional, el fallo de la Sala Tercera «priva sin un soporte normativo claramente determinado, a la fiscal general del Estado [Dolores Delgado] de las facultades de concretización o integración de la norma legal que el legislador le ha atribuido, pues el EOMF define deliberadamente un supuesto de hecho incompleto a efectos de que sean la fiscal general (con su propuesta) y el Gobierno de la Nación (aceptando o rechazando esta) los que lo completen con los criterios de mérito y capacidad pertinentes de acuerdo con las necesidades orgánicas y funcionales del momento».
La ponencia, que será debatida esta semana por los magistrados, propone amparar al fiscal Esteban y ascenderlo a la máxima categoría de la carrera fiscal al haberse vulnerado el derecho del recurrente a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas con los requisitos que señalen las leyes (principio recogido en el artículo 23.2 de la Constitución).