El 20 de junio de 2023, la Oficina Antifrau catalana, la primera en España en adaptar la ley de protección de denunciantes de corrupción, envía una carta de dos folios al alcalde de Mataró, David Bote (PSOE-PSC).
Con tono severo, la institución «específicamente dirigida a preservar la integridad de las administraciones al servicio del sector público de Cataluña», llama al regidor, que ese año había ganado por tercera vez la alcaldía de la ciudad (130.000 habitantes, a 30 kilómetros de Barcelona), a proteger a una trabajadora que lleva varios años denunciando irregularidades laborales en su Consistorio.
Ella misma ha pedido «medidas cautelares», le dice Antifrau al alcalde del municipio, para «detener» su «inminente cese», que se considera una posible «represalia» por llevar años denunciando presuntas corruptelas en el Ayuntamiento, y por ello haber sido cubierta apenas un mes antes por la propia Antifrau con el estatuto de informante a proteger.
«Eso fue el 20 de junio», cuenta a EL MUNDO Luisa, hoy, dos años y medio después. «Yo no podía imaginar lo que iba a pasar un día más tarde, y mucho menos que tanto tiempo después estaríamos como estamos».
Un día después, el 21 de junio de 2023, el Ayuntamiento de Mataró le comunica a Luisa su cese en el puesto que venía desempeñando desde 2015. La mujer no da crédito. Tras haber denunciado persecución y acoso en su centro de trabajo por alertar de irregularidades laborales, y por ello haber sido incluida por Antifrau en el registro de denunciantes de posible corrupción, Luisa había anunciado la «posible represalia» que el Consistorio podía tomar contra ella. «Pero nada impidió que el Ayuntamiento hiciera lo que le diera la gana», explica, anonadada. «Es como si avisas de que hay un tipo en la calle que tiene una pistola y dice que va a matar a otro, y lo único que se hace es mandarle una carta a casa para pedirle que pare».
En las semanas siguientes, Luisa espera que Antifrau, a la que la ley faculta para imponer multas de hasta 300.000 euros a quienes incumplan su mandato, obligue al Ayuntamiento a rectificar y readmitirla. «Y empiezan a pasar semanas, mandan un papel tras otro, para que cumplan... Pero siempre sin usar su potestad sancionadora. Incluso hay un momento en que llegan a reconocerme víctima de ocho paquetes de represalias». Luisa coge la baja, su vida se oscurece, pone tierra de por medio respecto al Ayuntamiento. «Pero sin perder la esperanza de que me dieran la razón».
No sucede. Hoy han pasado dos años y medio, el Ayuntamiento hace tiempo que ni siquiera responde a los requerimientos de Luisa, y Antifrau, que «saca pecho constantemente de lo bien que funciona», no ha sido capaz de defenderla. «Es increíble, no puedes creer que esto te pase a ti», razona ella a EL MUNDO.
Y apunta a un problema mucho mayor: el propio director de Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, admitía en un curso de la UNED en junio pasado que Antifrau, hasta el día de hoy, recorre todo el proceso de protección a denunciantes de corruptelas y de sanción a quienes les represalias... Excepto la sanción. Y no es que no se sancione porque no se pueda. «No quieren sancionar porque es todo PSC y en el resto de España aún no se hace. Y si no sancionas, si les dejas impunes, ¿para qué sirves?». En realidad, en toda España la Ley de Protección del Informante sigue hoy inaplicada. Dos años ha tardado en crearse la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que arrancó en agosto con el catedrático Manuel Villoria como presidente. Dependiendo del Ministerio de Justicia.
«Yo llego al Ayuntamiento en 2015, y en 2016 sale una convocatoria de plaza y mi jefe directa se empeña en que se la den a un antiguo becario suyo», comienza su historia Luisa, cuyo nombre es supuesto, para darle la protección que Antifrau, que depende del Parlament y está trufada de altos cargos del PSC, no ha terminado de ejercer. «Me presenté y quedé yo primera y este chico segundo, y consiguió plaza. Fue en diciembre de 2016. Dos meses después, mi jefa me dijo delante de otras personas que sentía animadversión hacia mí, y que me iba a dar todos los marrones».
«Pensé que sería una exageración, pero no: lo cumplió. Ahí empezó un acoso de dos años y medio, en los que incluso tuve dos accidentes yendo al trabajo, por puro estrés...».
Tras una reunión con el jefe de Urbanismo «en la que mi jefa llegó a decir que él debía elegir entre ella o yo, y él me dijo que tuviera cuidado porque ella era funcionaria de carrera y yo no», Luisa, explica, comenzó a sufrir prácticamente el catálogo completo de represalias en la Administración, admitido luego por Antifrau.
«Me intentaron cambiar de puesto irregularmente, y lo denuncié a Riesgos Laborales y a Recursos Humanos y se negaron a protegerme. Después pregunté si una denuncia interna conllevaba, como protocolo, la confidencialidad de lo denunciado y del denunciante. Me aseguraron que sí, y en cuanto la puse se lo saltaron todo y comunicaron a todo el mundo lo que yo había denunciado»: hasta 10 puestos otorgados de forma irregular, como también lo estaba el propio jefe de Recursos Humanos del consistorio.
Su jefa, incluso, comenzó «una recogida de firmas contra mí», cuenta. «Un acoso claro y del que nadie se responsabilizó ni se dio por enterado en el Ayuntamiento».
Antifrau, en todo este acoso y derribo, se limitó a enviar cartas a los responsables municipales, a las que ha tenido acceso EL MUNDO, «sin obligarles a nada». «Siempre lo iban a hacer todo la semana que viene, pero era puro postureo». Acudió también a Inspección de Trabajo y a Protección de Datos, «que me dieron la razón, pero al Ayuntamiento le dio exactamente igual».
Increíblemente, la historia termina con ambas instituciones, tanto el Ayuntamiento como Antifrau -que certificó hace dos años que procedía sancionar al consistorio, y no lo ha hecho- dejando de contestar los requerimientos de Luisa -la Oficina tampoco ha contestado a este diario-.
¿El resultado? «Una sensación de mucha mayor impunidad», termina ella, que admite compartir un chat de WhatsApp con «una docena» más de informantes desprotegidos por Antifrau. «La Administración no sólo te pisa cuando quiere, sino que quien supuestamente te tiene que proteger en realidad está ahí para asegurarse de que no consigues nada».