El PP fija un plan de negociación "único y vinculante" para todo el país, en el que plantea bajar impuestos para acabar con el "infierno fiscal" y rechaza "políticas climáticas que destruyen empleo".
Tras los resultados de los comicios de Extremadura y Aragón y la tendencia que apuntan las encuestas de cara a las próximas citas con las urnas (Castilla y León el 15 de marzo y Andalucía en junio), el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, han asumido que, les guste más o menos, tendrán que entenderse con Vox, pujante en los sondeos y en las urnas, para conformar gobiernos regionales. Y que esos pactos deberán atenerse a unas pautas generales para evitar tensiones, fricciones y desencuentros entre los barones territoriales del PP y sus homólogos del partido verde, en el que su líder, Santiago Abascal, ha adoptado un rol protagonista. Se trata de evitar situaciones como la de Extremadura, donde la vencedora de las elecciones autonómicas y candidata de nuevo a la investidura, María Guardiola, no cuenta con el apoyo de los de Abascal, que han llegado a amagar con forzar una repetición electoral.
Con este turbulento telón de fondo, la dirección nacional del PP, con Feijóo a la cabeza, ha decidido irrumpir de lleno en ese proceso negociador. Y lo ha hecho elaborando un Documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica. Esto es, una suerte de guía para pactar con Vox, en la que se establecen las directrices generales de negociación o, si se prefiere, "unas bases orientativas", pero también las líneas rojas que los populares no están dispuestos a traspasar. La cúpula del PP quiere encauzar así las negociaciones en las autonomías que ya han celebrado comicios, Extremadura y Aragón, donde el PP ha vencido pero necesita a Vox para gobernar, pero también evitar eventuales desacuerdos que salpiquen a los comicios que están por llegar. No hay que olvidar que este año, además de Castilla y León en marzo y Andalucía en junio, 2027 será un intenso año electoral, con una decena de comicios autonómicos en el horizonte y las propias elecciones generales si Pedro Sánchez logra resistir hasta entonces, como repite por activa y por pasiva.
Líneas rojas
De partida, los populares establecen sus grandes líneas rojas, que son "el pleno respeto a la unidad nacional, al marco constitucional y al Estado de Derecho", porque, "como es obvio, fuera de la legalidad vigente (...) no puede materializarse ninguna propuesta". El PP también deja claro a Vox que cualquier pacto deberá conllevar el compromiso de aprobar cuatro presupuestos autonómicos y fijar un mecanismo de seguimiento que garantice el cumplimiento del acuerdo. Asimismo, los pactos no podrán salirse de las "medidas que legalmente pueden adoptarse por parte de cada Administración" y que sus gobiernos deberán velar "por el respeto a las principales instituciones de la Nación", con especial énfasis en la defensa de la separación de poderes.
Dentro de este marco de negociación, que será "único, vinculante y de aplicación en toda España con el objetivo de garantizar la gobernabilidad con coherencia, proporcionalidad y estabilidad" en aquellos territorios en que sea necesario el acuerdo, el PP se aviene a cierta flexibilidad y a posibles cambios, pero siempre que ello no suponga ir contra sus principios o sus promesas electorales durante las campañas: "Nuestra formación puede aceptar ampliar las ofertas con las que concurrieron a las elecciones, pero no contradecirlas", señala el documento, en el que los populares advierten de que no aceptarán propuestas "que supongan desigualdad entre ciudadanos por razón de territorio, ideología, lengua, sexo, origen u otra condición". Esto es, un mensaje a aquellos votantes conservadores que no acaban de comulgar con las propuestas maximalistas de Vox en materia de inmigración o de género. Y es que el PP quiere dejar claro que "tiene identidad política propia" y que "un acuerdo no implica acabar siendo lo mismo, ni pretenderlo"; esto es, marca distancias políticas e ideológicas con los de Abascal.
Poder y proporcionalidad
Sobre el reparto de poder y sillones, el PP avisa a Vox de que deberá "respetar la proporcionalidad que los ciudadanos establezcan en las urnas"; es decir, una presencia en el gobierno regional acorde con los escaños obtenidos, evitando además "cualquier forma de chantaje parlamentario". Y aboga por centrar el foco de las negociaciones en aquellas cuestiones que comparten y les acercan: las bajadas de impuestos frente al "infierno fiscal" del Gobierno de Pedro Sánchez; menos burocracia para pymes y autónomos; la defensa de los intereses del campo español; una política de vivienda basada en "construir, no intervenir", o la decidida actuación contra la ocupación ilegal de viviendas, "una anomalía que no vamos a consentir", prometiendo impulsar el "desalojo exprés".
En materia energética, los populares hacen un claro guiño a Vox al "rechazar "las políticas climáticas que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria". Y también en materia de inmigración, al denunciar que "España ha perdido el control de su política migratoria" y criticar con dureza las regularizaciones masivas del Gobierno, ante un problema que ha alcanzado "niveles intolerables".
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