Hace nueve meses, María Guardiola rompía la baraja al no llegar a un acuerdo con Vox y convocaba elecciones anticipadas en Extremadura. Era el segundo ejercicio consecutivo que no podía sacar las cuentas adelante y entre ambos partidos se volvió a desatar una tormenta política de acusaciones que ya venía desde los comicios anteriores, donde sólo pudieron sacar unos presupuestos adelante, los primeros, en 2023. Aquel paisaje no tiene nada que ver con el actual.
Con dos consejeros del partido de Abascal ya en el gobierno de coalición (uno incluso como vicepresidente) la relación en la actualidad -Abascal mediante- es de una sintonía total. Al menos a día de hoy. Y tiene todos los visos de continuar durante mucho tiempo. Así se explicitó en la larga sesión de este miércoles (más de 12 horas) en la Asamblea de Extremadura, donde ambas formaciones (el PP con 29 escaños y Vox con 11) sumaron sus fuerzas y sacaron adelante los primeros presupuestos, confirmando así que el pacto que alcanzaron tras las elecciones -aunque fuera cuatro meses después- se cumple por ambas partes sin ninguna estridencia, olvidadas aquellas tensiones del pasado no tan lejano.
Apoyados la mayoría absoluta de ambos, en el debate parlamentario no aceptaron ninguna de las 622 enmiendas parciales de la oposición (PSOE y Unidas Por Extremadura), que votó en contra y que pretendían cambiar el destino de partidos por un valor de unos mil millones de euros. Tampoco aceptaron ninguna enmienda transaccional. En cuanto a números, se trata de los mayores presupuestos de la historia, que ascienden a 8.854 millones de euros, 200 millones más que los que finalmente fueron retirados por la falta de apoyo el año pasado.
El impacto de las rebajas fiscales en el presupuesto, planteadas por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, asciende a 43,1 millones de euros, con la elevación de los límites de las deducciones autonómicas o el recorte en los dos primeros tramos de la tarifa del IRPF y amplía los beneficios en el impuesto de sucesiones y donaciones a las herencias entre tíos y sobrinos, además de mantener las bonificaciones aprobadas durante los últimos años. Este descenso de los impuestos supuso durante el debate los momentos más tensos del debate debido a que el gobierno de coalición defendía este tipo de actuaciones mientras que la oposición centró sus críticas en reclamar la recuperación del impuesto de patrimonio. El diputado socialista Gonzalo Romero lo ha resumido así: "no han pasado el rodillo, han pasado motosierra" y pretende imponer la "agenda ultra".
Sin embargo, para la consejera Elena Manzano, se trata de los presupuestos "más elevados y más sociales de la historia para seguir impulsando servicios públicos de calidad y el crecimiento de la economía extremeña", además de reducir la presión fiscal a familias, empresas y trabajadores.
Para Vox, que tiene dos consejerías, Agricultura y Desregulación, en este caso con rango de vicepresidencia, ha destacado que las cuentas priorizan a los extremeños y recortan el "gasto ideológico", según explicó Óscar Fernández. "Por fin se empieza a dar cumplimiento a todas esas medidas que vienen reflejadas en ese pacto", ha señalado el vicepresidente del ejecutivo, quien ha recordado que el fin ha sido "dar estabilidad a esta región a través de estos primeros presupuestos".
En realidad, el nuevo presupuesto no recoge, en concreto, ninguna medida específica para la desaparición completa de ayudas, subvenciones o prestaciones públicas o cuestiones concretas sobre el principio de prioridad nacional propuesto por Vox como condición para el acuerdo. Parte de las cantidades eliminadas o reducidas en las consejerías dirigidas por Vox sin embargo aparecen con otras denominaciones y en las partidas gestionadas por las partidas de las consejerías cuyo titular es el PP. Así ocurre, en concreto, con ayudas a los colectivos ecologistas o el programa LGTBI de familias diversas, que va a parar a Igualdad.
En cualquier caso, las cuentas, al aprobarse a estas alturas del año, en la última sesión plenaria del curso, en principio tendrán un corto recorrido y ya en el otoño se volverán a negociar los siguientes presupuestos, que serían los segundos de la legislatura, para que entren en vigor el próximo año.