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El Gobierno aprueba ampliaciones netas de crédito por valor de 75.500 millones en los primeros 11 meses del año y traspasos de fondos entre ministerios o proyectos por otros 38.000 millones.
En la recta final de 2025, el Gobierno se ha visto obligado a intensificar los malabares presupuestarios que viene realizando para poder gobernar con las cuentas públicas de 2023, aún vigentes. Durante la segunda prórroga consecutiva de aquellos Presupuestos Generales del Estado, Hacienda ha multiplicado el volumen de modificaciones de proyectos, incrementos de crédito y traspaso de fondos entre carteras hasta superar con fuerza el umbral de los 100.000 millones de euros. Semejante volumen de parches ha permitido al Ejecutivo abordar gastos no previstos hace tres años, como los derivados del plan de rearme para cumplir con los compromisos internacionales en materia de Defensa, o las crecientes facturas en deuda pública y pensiones. La estrategia, que aprovecha las herramientas de flexibilidad interna de las que se dotó Hacienda para ir redirigiendo los fondos europeos, ha permitido al Gabinete de Pedro Sánchez capear su debilidad parlamentaria, evitándole acudir a las Cortes para aprobar estas alteraciones presupuestarias.
A falta de conocer el montante final al que ascenderá a cierre de diciembre, la lista de modificaciones presupuestarias ejecutadas durante los 11 primeros meses del año incluye ampliaciones de crédito por más de 45.000 millones de euros, suplementos por 9.400 millones, créditos extraordinarios por 5.300 millones, la incorporación de 9.900 millones por remanentes, o la generación de 19.400 millones por ingresos públicos adicionales (en un año en el que la Agencia Tributaria ha pulverizado la barrera de los 300.000 millones de recaudación durante los 11 primeros meses del año).
En conjunto, según los datos oficiales recopilados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a cierre de noviembre se habían añadido, por tanto, más de 89.000 millones de euros al gasto presupuestario inicialmente previsto, a los que tan solo se restan 13.600 millones de partidas dadas de bajas por su anulación o rectificación, lo que arroja un saldo neto de incrementos de crédito por valor de 75.500 millones.
La cifra supone un aumento del 50% sobre las modificaciones aprobadas en todo el ejercicio 2024, durante la primera prórroga de las cuentas públicas de 2023. Entonces, el incremento neto de crédito ascendió de 52.300 millones de euros.
En paralelo, el Gobierno ha aprovechado sus reforzadas facultades de flexibilidad presupuestaria para ejecutar transferencias de crédito entre proyectos y ministerios por valor de más de 38.000 millones de euros.
En conjunto, por tanto, durante los 11 primeros meses del año, el Ejecutivo ha llevado a cabo alteraciones del Presupuesto prorrogado por valor de 113.500 millones de euros, entre incrementos de crédito y traspasos de fondos entre carteras.
Ambas vías de actuación han ayudado al Gobierno a superar el ecuador de la legislatura sin haber presentado siquiera un nuevo proyecto presupuestario y a costa de exprimir las cuentas públicas aprobadas por el Parlamento anterior.
Conviene recordar que, tradicionalmente, los Ejecutivos han estado obligados a pasar por el Parlamento para poder traspasar fondos de unos ministerios a otros a mitad de año. En 2023, sin embargo, Hacienda se dotó de la potestad de poder efectuar transferencias entre diferentes secciones presupuestarias de forma autónoma, con el mero aval del Consejo de Ministros, argumentando que era una capacidad necesaria para reconducir con mayor agilidad los fondos europeos ligados al programa Next Generation.
Críticas del PP
El mecanismo, sin embargo, ha servido al Gobierno para paliar las prórrogas presupuestarias acometiendo modificaciones sin necesidad de lograr el visto bueno de las Cortes, donde ha ido perdiendo apoyos de socios de investidura como Junts o Podemos, denuncian desde el PP, que promete acabar con esta herramienta.
La fórmula ha permitido al ala socialista del Gobierno, por ejemplo, alimentar el plan de rearme comprometido con sus socios internacionales (ver información adjunta) pese al rechazo explícito de su socio minoritario y de los grupos a su izquierda del arco parlamentario. El Ministerio de Defensa ha recibido por esta vía créditos adicionales por 6.300 millones y transferencias por más de 4.000 millones.
Otra de las partidas más alteradas mediante este sistema han sido la de deuda pública, que ha recibido crédito adicional por 28.500 millones, más 2.500 millones en transferencias. Igualmente destacable es el caso de la Seguridad Social, que para hacer frente al pago de las pensiones ha obtenido 7.500 millones en transferencias y 8.600 millones en créditos extra.
Aprobados 40.000 millones de gasto en Defensa desde abril
El de la Defensa es un campo que ha puesto a prueba la capacidad de maniobra presupuestaria de un Gobierno que no ha presentado cuentas públicas en toda la legislatura. Inicialmente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez había comprometido ir elevando el gasto en Defensa hasta alcanzar el 2% del PIB para el año 2029. Así, cuando se aprobó el Presupuesto de 2023 -aún hoy vigente- apenas se buscaba ampliar la partida de 15.500 a 17.500 millones de euros. Sin embargo, las crecientes provocaciones de Rusia en territorio comunitario y la amenaza de Donald Trump de dejar de defender a los países que no elevaran su gasto militar llevó a los miembros de la Alianza Atlántica a acelerar su hoja de ruta para alcanzar el 2% del PIB antes de la Cumbre de la OTAN de junio. El Gobierno, con el grueso de sus socios en contra, tuvo que aprovechar todos los resortes extraparlamentarios de los que se había dotado para impulsar en meses un alza de gasto militar de 10.500 millones sin pasar por las Cortes. De esta forma, la OTAN avaló en agosto que España habían superado los 33.000 millones de gasto anual, mientras el Gobierno alimenta contratos plurianuales para mantener el nivel en el futuro.
"Los compromisos adquiridos para mejorar la seguridad europea han traído una avalancha de acuerdos en el Consejo de Ministros: desde abril de este año se ha aprobado gastar casi 40.000 millones de euros en materia de Defensa", calcula BBVA Research.
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