Tras la petición de las comunidades autónomas del PP, Hacienda ha decidido retrasar al 4 de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se votaría la reforma de la financiación autónomica.
El Gobierno ha decidido retrasar al 4 de septiembre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista inicialmente para mañana, en la que se iba a votar la propuesta de reforma de la financiación autonómica.
La decisión se ha tomado después de que los consejeros de Hacienda y Economía de las 14 administraciones regionales lideradas por el PP enviasen una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, solicitando su retraso por falta de tiempo para analizar la propuesta.
Después de la reunión del comité técnico del CPFF el pasado 14 de julio, el Ministerio no envió la documentación completa del encuentro a las consejerías regionales hasta el 24 de julio, "apenas tres días hábiles antes" de la convocatoria inicialmente prevista para mañana. Ello, a pesar de que se emitieron "observaciones de calado que afectan a elementos estructurales del modelo cuyo estudio detallado y ponderado no puede completarse en el plazo disponible".
Fuentes del Ministerio de Hacienda valoran que "resulta sorprendente que ahora, justo después de que Canarias comunicara su voto favorable, algunas comunidades reclamen posponer un Consejo de Política Fiscal y Financiera que se anunció a principios de mes".
Gesto de "buena voluntad"
A pesar de estas diferencias entre el Gobierno y la mayoría de las comunidades autónomas, desde Hacienda señalan que el departamento que lidera España "nunca cerrará la puerta al diálogo", por lo que recoge la petición de las comunidades autónomas que han solicitado posponer el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Arcadi España sostiene que el cambio de fecha refleja la "buena voluntad" del Gobierno y confía en que, esta vez, las comunidades del PP antepongan los intereses de la ciudadanía a los dictados de Génova.
El ministro también recuerda que, como ha venido defendiendo el Gobierno en los últimos meses, la reforma propuesta permitirá "que las comunidades autónomas dispongan de 20.975 millones adicionales para fortalecer el Estado de Bienestar y, por tanto, mejorar los servicios públicos que reciben los ciudadanos".
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