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El Gobierno creará un nuevo fondo para compensar a las regiones que quedan por debajo de la media con el nuevo modelo y promete reformar el fondo de compensación interterritorial y los incentivos regionales para tratar de equilibrar la financiación de las comunidades peor paradas con el nuevo modelo.
El pasado 4 de septiembre, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó -con los únicos votos a favor de Cataluña y Canarias- la propuesta de reforma de la financiación autonómica que el Ministerio de Hacienda puso sobre la mesa después de pactarla con ERC, y que supondría aumentar en 20.975 millones anuales los fondos de las comunidades.
A pesar de ello, el 90% de las administraciones regionales, incluyendo a Asturias y Castilla-La Mancha -gobernadas por el PSOE- votaron en contra y criticaron duramente la propuesta, no sólo por considerar que ha sido negociada a sus espaldas con el independentismo; sino también porque el nuevo modelo quita peso a factores como la dispersión territorial o el envejecimiento de la población, claves para que un buen número de regiones puedan adaptar a su demografía el gasto en servicios públicos como la sanidad o la educación.
Nuevo fondo de dinamismo de 3.300 millones de euros para las comunidades
Fruto de esta reclamación, el Gobierno buscará convencer a los grupos parlamentarios para que voten a favor de la reforma en el Congreso de los Diputados añadiendo más de 3.600 millones de euros, mediante la creación de un fondo de dinamismo con el que compensaría cada año a las regiones que queden por debajo de la media en financiación.
El nuevo fondo de dinamismo estaría dotado con un presupuesto de unos 3.300 millones de euros anuales, procedentes de las arcas del Estado, y se aprobaría fuera del texto del real decreto que el Consejo de Ministros llevará al Parlamento, con la proyección de que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027.
Teniendo en cuenta el reparto, hasta nueve comunidades se verían compensadas por el fondo de dinamismo al quedar por debajo de la media. Se trata de Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón, Canarias, Baleares y Castilla y León.
Asimismo, otras dos regiones que no recibirían más fondos con la nueva propuesta podrían formar parte de las compensadas. Cantabria y Extremadura, consideradas actualmente bien financiadas, cuentan con un apartado específico que les garantiza un statu quo para no ceder ingresos respecto al modelo actual a través del fondo de compensación interterritorial.
Por el momento, la medida tampoco parece convencer a las CCAA. Según explican a EXPANSIÓN fuentes autonómicas, califican el nuevo fondo de dinamismo como "insostenible e irregular", no sólo por no incluirlo en el texto oficial del nuevo modelo de financiación, sino porque deja al criterio del Gobierno el reparto de los fondos. "Igual te lo dan un año y al año siguiente no; y cuando se habla de la financiación ordinaria de los servicios públicos eso no vale", valoran.
Las intenciones del Ejecutivo pasan ahora por aprobar la creación de este nuevo fondo en paralelo a la reforma del modelo, bien sea mediante otro decreto-ley o mediante la introducción de una enmienda durante la tramitación parlamentaria.
Fondo de Compensación Interterritorial e incentivos regionales
En paralelo a los fondos que Hacienda prevé incorporar fuera del nuevo modelo, el ministro Arcadi España ha anunciado que el Gobierno buscará reformar el fondo de compensación interterritorial (FCI) y los incentivos regionales, los mecanismos con los que hasta ahora se trataba de nivelar la financiación de las comunidades peor paradas.
Dicha reforma consistiría en la creación de un nuevo fondo que incorpore elementos como la población flotante por turismo, la despoblación o la masa forestal de cada región. Todo apunta a que la dotación de este nuevo mecanismo supondría más de 500 millones adicionales, que también se articularían fuera de la reforma de la financiación autonómica.
En suma, los nuevos fondos —el de dinamismo y el resultante de la reforma del FCI y de los incentivos regionales— ascenderían a más de 3.800 millones de euros adicionales a los 20.975 millones iniciales de la reforma.
Asimismo, en los últimos días el Ministerio de Hacienda liberó otros 4.000 millones del superávit de ocho CCAA para realizar inversiones financieramente sostenibles, en un movimiento para seducir a las regiones. Sumando esta cifra a la anterior, Hacienda estaría poniendo a disposición de las autonomías unos 8.000 millones adicionales fuera del nuevo modelo.
El Gobierno busca el apoyo de Junts a la reforma de la financiación autonómica
Tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado 4 de septiembre, el ministro de Hacienda, Arcadi España, mostró su "mano tendida" a seguir negociando con las comunidades ciertos flecos de la reforma de financiación, como los fondos adicionales con los que compensaría a aquellas peor paradas por el nuevo modelo o a las que, por su demografía o dispersión territorial tengan necesidades especiales.
No obstante, desde el Ministerio defienden que la infrafinanciación de algunos territorios podría estar motivada por las rebajas fiscales aprobadas en los últimos años, en clara referencia a la Comunidad de Madrid, pero también a otras regiones gobernadas por el PP que han venido aprobando reducciones en el IRPF, como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia o Murcia.
En cualquier caso, el decreto que el Consejo de Ministros llevará próximamente al Parlamento no parece contar con más visos de aprobarse que con los apoyos de Junts, que tras la celebración del CPFF anunció que presentará una enmienda a la totalidad del texto en el Congreso para pedir el concierto económico -esto es, un cupo similar al que disfrutan por su condición histórica País Vasco y Navarra- para Cataluña. A pesar de ello, el Gobierno ha comenzado a negociar con el partido que lidera Carles Puigdemont, al que, según afirmó la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, "tiene que ofrecer alguna cosa para convencer".
Entre ellas podría encontrarse la cuantía de la quita de deuda -cuya negociación en el Congreso ha provocado la ampliación del plazo de enmiendas- a las comunidades autónomas o la cesión de la gestión del IRPF a la Agencia Tributaria catalana.
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