Montero concede a Díaz una contrapartida para tratar de sumar a CEOE al pacto con los sindicatos para incrementar un 3,1% el salario mínimo manteniéndolo fiscalmente exento.
Hacienda está dispuesta a conceder algo de margen de actuación adicional a Trabajo en su batalla por sumar la firma del empresariado español al acuerdo de incremento del salario mínimo interprofesional (SMI). En concreto, según confirman fuentes oficiales, el departamento que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha abierto la puerta a la posibilidad de ofrecer un "gesto" a la patronal, permitiendo la compensación parcial de los contratos con la administración ante el alza de la inflación y el salario mínimo.
La cesión de Hacienda -que hasta la fecha se había opuesto frontalmente- llevó a la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, a suspender in extremis la reunión de negociación del SMI que tenía previsto celebrar el viernes con patronal y sindicatos, en aras de ampliar la negociación y tratar de volver a convertirse así en la muñidora de un acuerdo tripartito que en el SMI no se ha dado desde 2020.
Hacienda descarta modificar la Ley de Desindexación, que evita a la Administración Pública actualizar el coste de los contratos con la evolución de precios y salarios, pero ha abierto un diálogo con Trabajo para explorar hasta dónde se podría llegar para ofrecer algún tipo de compensación parcial en las contratas. Después de todo, el Gobierno ha propuesto volver a incrementar un 3,1% del salario mínimo este año, hasta los 17.094 euros anuales.
Desde el departamento que dirige Montero señalan que ya se hizo un esfuerzo para contentar a Díaz aceptando la plena exención fiscal del nuevo SMI, ampliando la deducción tributaria ad hoc que ya se creó el año pasado a tal efecto para evitar que los beneficiarios del salario mínimo tengan que pagar el IRPF por primera vez en su historia.
Tras aceptar esta pérdida de ingresos, Hacienda echa números para ver qué impacto puede asumir a la hora de compensar el coste de los contratos públicos de una forma más o menos quirúrgica.
Entre las opciones disponibles estaría la de poder compensar una parte del incremento de los costes laborales que asumen las empresas afectadas por el aumento del salario mínimo que mantienen relaciones comerciales con la Administración. Son especialmente aquellas que tienen que ver con servicios de limpieza, seguridad, conserjería, mantenimiento de hospitales, servicios de alimentación en colegios (comedores escolares), etc. Por ejemplo, aun con la vigencia de la Ley de Desindexación, en los casos de las empresas de construcción estas pueden revisar el precio de los contratos en caso de que se produzcan sobrecostes en los materiales. Si bien, este resarcimiento se encuentra condicionado: se limita al 20% del presupuesto cualquier posible compensación y solo se lleva a cabo cuando haya una subida mínima del 8% de los costes.
Cabe recordar que hay muchas empresas que suscriben acuerdos de prestación de servicios para plazos de larga duración (5 años) y en el momento de acordar el precio de la contrata no se cuenta con el sobrecoste que asumirán las empresas que se ven obligadas a ir subiendo la retribución de los trabajadores afectados por el salario mínimo.
"Es un incremento de costes imprevisto que afecta a las empresas", señala Javier Sigüenza, presidente de alianzAS, confederación que agrupa a organizaciones empresariales del sector de los servicios esenciales. Explica, además, que esta circunstancia tiene un efecto colateral ya que esta indefinición sobre los costes laborales que deberán de asumir se traslada como un obstáculo para la negociación de los propios convenios colectivos.
En última instancia, advierte Sigüenza, existen riesgos incluso para la viabilidad de estas empresas. "Si tienen un margen pequeño, habrá empresas que no puedan soportar el incremento de costes y tengan que echar el cierre", señala.
Demanda conjunta
Dentro del perímetro del diálogo social y de la negociación colectiva la derogación de la Ley de Desindexación es uno de los pocos elementos que concita la demanda tanto de las organizaciones empresariales y de los sindicatos. En el caso de la construcción ambas partes incluyeron en el último convenio una solicitud conjunta para la modificación de la Ley de Desindexación y de la Ley de Contratos del Sector Público para excluir la aplicación de la primera a los contratos públicos y para incluir en la segunda un sistema de revisión de precios similar al vigente hasta el 2015 que incluya la "mano de obra".
"Cuando no se ajustan los contratos públicos a los precios, hay retrasos e incluso abandonos, lo que resulta especialmente preocupante. Es decir, la ley debe ajustarse para proteger a empresas y trabajadores", explica el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén. Y subraya la importancia de que se pueda ampliar a toda la mano de obra ya que los costes laborales también pueden fluctuar de forma sensible no solo por el incremento del salario mínimo.
CEOE ve "difícil" el acuerdo
A pesar del esfuerzo que pueda llegar a realizar Hacienda en la oferta de compensación de la subida del salario mínimo en los contratos públicos, desde CEOE ven altamente "difícil" poder llegar a un acuerdo tripartito para la subida de 2026 que el departamento de Yolanda Díaz pretende encauzar de forma "inmediata". Por un lado, se muestran escépticos con el alcance la medida que vienen reclamando desde hace siete años y que en ningún momento el Ministerio de Hacienda se ha mostrado abierto a negociar. Además, fuentes empresariales señalan EXPANSIÓN que una medida de alcance parcial sería insuficiente como contrapartida para el apoyo de CEOE. Recuerdan que la subida pretendida del 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas es más del doble que la propuesta lanzada por las organizaciones empresariales, del 1,5%, y también rebasa sobradamente el IPC del pasado año, que cerró en el 2,7%. Recuerdan desde la patronal que hay sectores sensiblemente afectados en los que impactaría de forma negativa este nuevo incremento de costes, como la agricultura, hostelería y el empleo del hogar. No obstante, señalan las fuentes consultadas que estudiarán la propuesta que ponga sobre la mesa el Ministerio de Trabajo -con el beneplácito de Hacienda- y será sometida a los órganos de dirección de las organizaciones empresariales antes de tomar una decisión final. Si bien, anticipan que la negativa es el escenario más probable.
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