- Más de 1,17 millones de extranjeros se acogen a la regularización, el doble de lo previsto por el Gobierno
- El Supremo propone llevar al TJUE la regularización de migrantes por posible "colisión" con la normativa europea
- Editorial. Una regularización más política que sensata
- La Seguridad Social supera la barrera de los 22,4 millones de afiliados tras la regularización de extranjeros
Se ha producido un 'efecto llamada': las solicitudes más que duplican las previsiones iniciales.
El primer balance del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales puesto en marcha el pasado mes de abril constata la impericia del Gobierno para hacer frente a este desafío crítico para la sociedad española. Nadie duda de la necesidad de atender a la realidad de los cientos de miles de migrantes que permanecían en nuestro país de forma irregular, pero debía haberse hecho de una manera menos acelerada, más garantista para los beneficiarios, de la mano con las Administraciones locales y autonómicas que se han visto desbordadas por el aluvión de solicitudes de documentación para certificar la residencia mínima exigida, y previendo su impacto para el conjunto de la economía.
Nada de eso ha sucedido, pues el objetivo único de Pedro Sánchez con esta iniciativa fue no perder el apoyo de sus socios de Podemos durante la crisis provocada por el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero tras haber ignorado durante años la iniciativa legislativa popular presentada al Congreso de los Diputados que reclamaba regularizar a estas personas. De hecho, al aprobarla por la vía de urgencia el Ejecutivo hurtó a los representantes de los españoles la facultad de debatir y votar esa propuesta procedente de la ciudadanía.
Tal vez así se hubieran evitado las lagunas legales del decreto que han llevado al Tribunal Supremo a dar el primero paso para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE por entender que podría vulnerar la legislación comunitaria al respecto. Un riesgo del que ya había alertado la oposición desde que se anunció la medida, pero que Moncloa prefirió ignorar.
Cabe recordar que, durante el último Consejo Europeo, Sánchez recibió reproches de las primeras ministras de Dinamarca e Italia, Mette Frederiksen y Giorgia Meloni, por contravenir el pacto migratorio asumido meses antes. Es indudable que el proceso acelerado puesto en marcha por PSOE y Sumar ha provocado un cierto efecto llamada, pues frente a sus estimaciones iniciales de regularizar a medio millón de personas finalmente se han registrado casi 1,2 millones de solicitudes de regularización, de las que un 52% ya han sido admitidas.
Los beneficios para la economía española de la inmigración son evidentes -el 62% de los nuevos cotizantes a la Seguridad Social en junio fueron extranjeros-, pero debe gestionarse mejor para que no acabe generando distorsiones en el mercado de la vivienda o el Estado de bienestar.
Sánchez, debilitado también en EuropaUna regularización más política que sensataRecorte de la UE a las cargas burocráticas Comentar ÚLTIMA HORA-
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