- EXPANSIÓN
El año que viene, a partir del 1 de 2027, entran en vigor nuevos requisitos para jubilarse que pueden afectarle directamente impidiendo su salida del mercado laboral (al menos cuando usted pensaba).
La edad legal de jubilación subirá hasta los 67 años en 2027. De esta forma, sólo se podrán retirar con 65 años y cobrando el 100% de la pensión siempre y cuando se acrediten al menos 38 años y medio cotizados.
Con este cambio en 2027 se culmina el aumento progresivo de la edad de jubilación que se aprobó con la reforma de 2011 y que planteó un calendario de aplicación paulatina que arrancó en 2013.
Por ejemplo, en 2026, la Seguridad Social permite acceder a la jubilación ordinaria tan sólo a aquellos que puedan acreditar al menos 38 años y 3 meses cotizados. Sin embargo, los que no lleguen a alcanzar este nivel tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses para retirarse sin penalizaciones (la penalización máxima en estos momentos es del 21% si se jubila dos años antes y no tiene 38,5 años cotizados).
Según las estadísticas más recientes publicadas por el departamento que dirige la portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, el 69% de los jubilados causan alta a la edad ordinaria. De este modo, en la actualidad los pensionistas acceden, de media, a los 65,5 años, uno por encima del nivel de 2019 aunque aún lejos de la edad legal.
Con esta y otras medidas, el objetivo del Gobierno es extender los años de vida activa, uno de los aspectos fundamentales que pueden resultar en una mejora de la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
El sistema público de pensiones afronta un reto financiero sin precedentes en las próximas décadas con la jubilación de la generación baby boom. El gasto crecerá en 3,5 puntos del PIB de aquí a 2050, momento de mayor tensión financiera, lo que añadirá más de 50.000 millones de euros al desembolso anual de más de 240.000 millones en el que ya incurre el sistema en prestaciones contributivas (e ingreso mínimo vital).
Las últimas reformas llevadas a cabo entre los años 2021 y 2023 pusieron el acento en establecer vías de aumento de los ingresos para poder así cubrir el gasto creciente, especialmente asociado a las revalorizaciones en función del IPC. Además, estas actuaciones cerraron la puerta a ajustes, descartando elementos como el aumento de los años cotizados que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión, y desterrando medidas correctoras previstas en la anterior reforma del año 2013: el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones.
A esto se suma que, según las últimas estimaciones, los ingresos adicionales previstos en la reciente reforma (mecanismo de equidad intergeneracional, destope de bases máximas de cotización, cuota de solidaridad y reforma del régimen de cotización de los autónomos) están lejos de poder cubrir los incrementos de gasto. Como resultado, el pasado año el déficit contributivo superó los 60.000 millones.
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