«El Gobierno vasco continúa vaciando las cárceles de presos de ETA sin exigirles una ruptura sincera con el mundo político que justificó sus crímenes». Hace un mes, Covite denunciaba con estas palabras el tercer grado concedido al etarra Óscar Celarain, condenado a casi mil años de cárcel por atentados que dejaron tres asesinados y numerosos heridos.
Ayer, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional revocó ese tercer grado, acogiendo «íntegramente» el recurso de la Fiscalía contra la «prematura y precipitada» decisión de la consejería de Justicia del Gobierno Vasco, en manos del PSE. Rechaza que se le dé el tercer grado cuando aún no se ha llegado siquiera a ratificar judicialmente el paso previo, la concesión del régimen del artículo 100.2, muy similar al tercer grado.
Celarain tiene siete condenas por terrorismo que suman 964 años de prisión. La más grave, por el atentado de Santa Pola (Alicante) que mató a una niña de seis años y a un hombre que esperaba el autobús. Otras 51 personas resultaron heridas. También asesinó a un concejal del PSN en Leiza (Navarra).
El etarra terminará de cumplir sus condenas, refundidas un máximo de 30 años, en 2032. Sobre los más de 13 millones de euros que debe en indemnizaciones, la magistrada María de los Reyes Jimeno indica que su compromiso es pagar 40 al mes. Lleva acumulados 960.
El auto reproduce la carta en la que los etarras deben reflejar su cambio de postura si quieren tener beneficios. La de Celarain arranca diciendo y que lleva más de 20 años preso «por delitos relacionados» con ETA y que ha tenido «vivencias» que le han «marcado fuertemente», si bien no se refiere a los encuentros con víctimas, sino a que se ha casado y que su mujer y su hija suponen «el pilar» de su vida.
Añade que tras «reflexionar» sobre su «actividad» ha llegado a la conclusión de que la violencia «nunca tuvo que producirse en ningún caso». Escribe los nombres de sus tres víctimas mortales, algo que la Audiencia Nacional consideró imprescindible en las resoluciones con las que inicialmente desechó la autenticidad de las cartas de arrepentimiento de etarras, que consideró «instrumentales» para acceder a la libertad. Sobre esos tres asesinatos -«muerte», en la carta–, dice: «Soy consciente de que las acciones que cometí provocaron consecuencias muy graves e irreversibles con la muerte de Silvia Martínez, Cecilio Gallego y José Javier Múgica. Tengo que asumir personalmente la responsabilidad de estas pérdidas, siento y lamento lo ocurrido, y en este sentido quiero expresar todo mi respeto y comprensión para con el dolor de los familiares de las víctimas».
Covite considera «injustificable» la libertad para quien Sare, Etxerat y el entorno de la izquierda abertzale reivindican como «preso político» y cuya imagen siguen exhibiendo públicamente.
Otro juez de Vigilancia Penitenciaria tampoco ha aceptado el tercer grado del ex jefe militar de ETA José Antonio Olarra Guridi. El magistrado José Luis Castro indica que hasta 2036 no cumplirá el máximo de 30 años de prisión. Fue condenado a más de 2.000 años. En línea con el fiscal, afirma que «cuando concurren pluralidad de víctimas, violencia extrema y alta lesividad» se requieren «tiempos prolongados de verificación» de la reinserción.